lunes, julio 4, 2022
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Vocales del CNE insisten en que el excontralor subrogante, Pablo Celi, sí cometió intromisión en sus funciones durante el proceso electoral

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El asambleísta Juan Cristóbal Lloret como interpelante calificó de una “grosería” a la acción de Celi en una función del Estado. 

Punto Noticias.- A las 8:30, en el salón José María Lequerica de la Asamblea Nacional, empezó este domingo 18 de julio las primeras comparecencias ante la Comisión de Fiscalización en el marco de la presentación de pruebas de cargo y de descargo en el juicio político en contra del excontralor subrogante, Pablo Celi, acusado de incumplimiento de funciones.

Como parte de su cronograma, la Comisión de Fiscalización tiene planificado hasta el próximo 26 de julio recibir 70 comparecencias. Ese día se tiene previsto que el acusado presente las pruebas de descargo a las seis acusaciones presentadas por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), que tiene relación con arrogación de funciones en el cargo de contralor subrogante; incumplimiento de funciones en el desvanecimiento de glosas durante su administración a varias empresas contratistas con el Estado; y, extralimitación e interferencia de funciones en las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante el proceso electoral 2021.

Si bien el interpelante Lloret planteó la destitución y censura de Pablo Celi, lo que podrá hacer la Asamblea Nacional es pronunciarse únicamente por la censura debido a que el acusado renunció al cargo el pasado 5 de julio.

Este domingo, luego de recibir la bienvenida por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, los primeros en intervenir fueron los consejeros del CNE, quienes explicaron la supuesta interferencia en las funciones del organismo electoral por parte de Celi.

En su intervención la titular del CNE, Diana Atamaint, se refirió a que la Contraloría había emitido una recomendación al organismo electoral el 18 de junio del 2020 en el que se refería a cuatro organizaciones políticas.

En este punto, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, detalló que las acciones tomadas por parte de la entidad se realizaron como autoridad máxima en el período que correspondía al proceso electoral.

Dijo que el 9 de julio de 2020, el CNE conoció el informe de las áreas técnicas y resolvió iniciar un procedimiento administrativo de revisión sobre la situación de las cuatro organizaciones políticas.

Señaló que el CNE otorgó 10 días para que las organizaciones políticas presenten elementos de descargo.

La consejera Esthela Acero presentó todos esos documentos en su exposición y aunque fue cuestionada por un legislador sobre por qué Celi no actuó antes del proceso electoral de 2020-2021, cuando las agrupaciones políticas observadas ya participaron en procesos anteriores, manifestó que esa pregunta se la debe hacer al excontralor y así como qué es lo que le motivó hacer en esas fechas.

A esta inquietud respondió también Atamaint y dijo que la entidad está dispuesta a atender todas las auditorías que el ente de control quiera hacer, pero en un proceso electoral eso es una intromisión. Aunque Pita precisó que, si se quería auditar al CNE, posterior a los comicios, se podía hacerlo, pero nunca llegó un pedido del ente de control y el consejero José Cabrera acotó que se entregó toda la información que solicitó la Fiscalía sobre el sistema informático del Consejo Nacional Electoral ante una denuncia de irregularidades.

Atamaint comentó que el informe de Contraloría recomendaba dejar sin efecto la personería jurídica de cuatro movimientos políticos y aseveró que eso fue durante el proceso electoral en el que se quería abrir bases de datos cuando ninguna persona ajena al proceso puede hacerlo.

Recordó que hubo una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de infracción electoral por la organización Fuerza Compromiso Social al interferir en los órganos electorales ya que el 8 de julio de 2020, el contralor subrogante ingresó un pedido de conflicto de competencias a la Corte Constitucional para ver si el TCE debía tratar ese tema o un Tribunal Contencioso Administrativo.

Con este antecedente, aseveró que las actuaciones de la Contraloría se realizaron en período electoral.

Cabrera acotó que una auditoría no pide permiso a nadie, pero en un proceso electoral no se puede intervenir, de acuerdo a lo que establece el artículo 16 del Código de la Democracia.

La consejera Mérida   Nájera pidió disculpas por no intervenir en este caso ya que asumió el cargo en abril.

Para el interpelante Juan Lloret es obvio que hubo la interferencia de Celi en la función electoral al pretender eliminar mediante una resolución la vigencia de cuatro organizaciones políticas; destituir a tres consejeros del CNE; y, entre la primera y segunda vuelta electoral del 2021, intentar implementar una auditoría al sistema informático, sin tomar en cuenta lo que determinan la Constitución y el Código de la Democracia, donde se señala que ninguna autoridad podrá intervenir en el ámbito electoral.

En el caso de las organizaciones políticas, Celi -según el interpelante- pretendió implementar el doble juzgamiento y constituirse en un tribunal, respecto a la inscripción en el registro electoral de las cuatro organizaciones políticas.

Manifestó que Celi intentó hacer una auditoría informática con lo cual se arrogó funciones que no las tenía y vulneró derechos de los movimientos políticos que buscaban su participación electoral en el proceso del 2021.

Lloret llegó a la sesión a las 10:41, aunque antes intentó participar vía telemática y no lo logró. Pero su intervención finalizó diciendo que lo ejecutado por Celi fue una “grosería”, al generar una intromisión en otra función del Estado y cuestionó incluso el nombramiento del excontralor subrogante.

Con esta serie de intervenciones, Villavicencio cuestionó a Atamaint por qué como presidenta del CNE si sabía que se quería vulnerar el proceso electoral por qué no actuó, a lo que la funcionaria señaló que eso era una decisión del CNE como tal.

La agenda de comparecencias de este día continuará hasta las 20:30. En ella constan: Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral; Fausto Camacho, exconsejero del CNE; y, los representantes legales de los movimientos políticos Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos, Justicia Social, Libertad es Pueblo y la coalición Unión por la Esperanza.

Una vez que haya concluido la evacuación de pruebas durante los 10 días, la Comisión de Fiscalización tendrá cinco días para preparar el informe y este será remitido a la presidencia de la Asamblea para que convoque a sesión y se pueda conceder la recomendación.

Fuente: Asamblea Nacional, CNE, redes sociales

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