viernes, julio 1, 2022
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Uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas, denuncian organizaciones de derechos humanos

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Estos colectivos han documentado sus alertas, a través de las redes sociales.

Punto Noticias. Varias organizaciones de derechos humanos rechazan el uso del estado de excepción y la participación de las Fuerzas Armadas para reforzar el rol de la Policía Nacional en la represión a las protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, contra los manifestantes que protestan por el alza de los precios de los combustibles.

La organización señala casos de detenciones y agresiones, que han sido reportadas por colectivos como la Conaie, Unión Nacional de Educadores (UNE) y personas particulares en redes sociales.

La activista Johanna Alexandra Llanos, del Foro de Mujeres del Guayas, fue detenida en Daule, junto a otros agricultores y personas que participaban en las protestas, según denunció la exasambleísta Verónica Guevara.

La exlegisladora alerta que algunos detenidos fueron trasladados desde la Unidad de Vigilancia Comunitaria del sector hacia otro sitio, en una camioneta blanca y no en un vehículo policial.

Se denuncia también la detención de Carlos Medina, maestro y dirigente social de la Unión Nacional de Educadores (UNE), mientras protestaba en Limonal, provincia del Guayas.

El gremio del magisterio exigió la inmediata liberación del docente. “Quienes deben estar en la cárcel son aquellos que le roban al país USD 7.700 millones. Protestar no es delinquir“, reclamó en la red social Twitter.

El colectivo de derechos humanos KintiÑan, en la provincia de Cotopaxi, en Pujilí, alertó sobre la detención del presidente de la organización Indígena “OPIJJ Jatun Juiga”, en el redondel de la E35. “La aprehensión se habría producido a la 01:00 de este martes”, dice la información firmada por Paúl Jácome, director ejecutivo.

Inredh, para documentar el uso de la fuerza desproporcionada en las manifestaciones, cita el reporte de Indymedia, que en su cuenta de Twitter escribió: “Represión a comunidades indígenas en Iluman Imbabura. Policía Nacional dispara proyectiles al cuerpo de civiles… En el video periodista registra el momento en el que bombas lacrimógenas son percutadas con dirección al cuerpo”.

En Peguche, Otavalo, el organismo fue alertado del uso de bombas lacrimógenas por parte de efectivos militares.

Inredh expresa su preocupación por el estado de excepción decretado el pasado 18 de octubre en todo el territorio nacional. Advierte que “puede ser utilizado para afectar derechos constitucionales, como el derecho a la protesta y movilización pacífica, derecho a la participación y libertad de expresión, entre otros”.

El estado de excepción fue decretado por grave conmoción interna y dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones.

Inredh sostiene que el estado de excepción no suspende el derecho a la protesta y movilización pacífica, además de los derechos a la participación y libertad de expresión de la población.

Subrayó que tanto la Constitución como la Corte Constitucional, en su dictamen del estado de excepción, del 20 de marzo de 2020, menciona que “las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción, al tenor de lo dispuesto en el artículo 166 de la Constitución de la República”.

Recordó que Ecuador ha sido responsabilizado internacionalmente por parte de la Corte Interamericana por actos cometidos por sus funcionarios de la fuerza pública. Además, ha recibido recomendaciones de la Comisión Interamericana, de las Naciones Unidas, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional en un contexto similar, a raíz de un uso desproporcionado de la fuerza que causó diversas vulneraciones a derechos humanos.

Fuente: El Comercio, Twitter.

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