jueves, mayo 19, 2022
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Seis personas, entre directivos y funcionarios del Hospital Universitario, enfrentan audiencia preparatoria de juicio por peculado

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La Fiscala investiga la presunta participación de los ciudadanos en la compra de insumos médicos para el Hospital Universitario de Guayaquil. 

Punto Noticias.- En la Unidad Judicial Florida Norte, se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra seis procesados por su presunta participación en el delito de peculado en la compra de insumos médicos para el Hospital Universitario de Guayaquil.

Según la Fiscalía, se habría ocasionado un perjuicio al Estado de cerca de USD 75.044,03 en la compra de medicamentos e insumos médicos, como reactivos químicos destinados al área de laboratorio durante el año 2013.

La investigación se inició en diciembre de 2017, tras la emisión de un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal por parte de la Contraloría General del Estado.

Según el ente de control hubo un presunto perjuicio en un contrato de adquisición de insumos médicos consistentes en compra de reactivos químicos para el área de laboratorio del Hospital General Universitario, regentado por el Ministerio de Salud.

El 3 de agosto de 2021, cuatro personas fueron procesadas por presunto peculado, entre ellas, José María P. D. (exgerente de la casa de salud), Maritza Isabel M. T. (delegada de la máxima autoridad hospitalaria), Jorge Enrique S. N., (en calidad de jefe de Compras Públicas) y David Stalin D. A. (proveedor de la empresa Megalab).

En noviembre fueron vinculados Arturo B. A. y Gonzalo E. A., responsable de la Unidad de Gestión Interna y director Administrativo del Hospital Universitario, respectivamente. Ninguno de los seis procesados tiene prisión preventiva.

La Fiscalía procesa este caso, según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica que los servidores y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

Fuente: Fiscalía, redes sociales

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