viernes, agosto 19, 2022
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Reformas del CPCCS al reglamento de selección del nuevo Contralor General fueron elaboradas por Fundación Ciudadanía y Desarrollo

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Inclusión de examen oral sobre 20 puntos genera controversia ante posible subjetividad en la calificación.

Por Adrián Acosta

La noche del 17 de febrero, la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), liderada por Hernán Ulloa, aprobó las reformas al reglamento para el proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado.

Uno de los cambios que ha generado controversia es la inclusión de una exposición oral, sobre 20 puntos, relacionada con la resolución de casos hipotéticos sobre las funciones del contralor.

Los cuestionamientos a esta prueba giran en torno a que la calificación podría prestarse para subjetividades y así beneficiar a determinado candidato.

Hay quienes han recordado la elección de Diana Salazar, como fiscal general, en marzo de 2019. Salazar obtuvo 10 puntos sobre 20 en el examen escrito, calificación inferior a la que alcanzaron otros 12 postulantes finalistas.

En ese proceso de selección también se incluyó una audiencia oral y Salazar obtuvo la más alta calificación: 28,17 sobre 30 puntos, lo que al final le sirvió para ser nombrada fiscal general. Su inmediato contendor, Merck Milko Benavidez, calificó en la prueba oral 22,17 puntos, es decir seis puntos menos.

Ante las críticas, Ulloa defendió la validez del examen oral. En su cuenta de Twitter dijo: “El examen práctico oral no es una entrevista cualquiera. Consiste en la resolución de un caso hipotético relacionado con las funciones del Contralor. Será en audiencia pública, la calificación es motivada; por ende, no es subjetivo”.

Ulloa incluyó en su publicación de Twitter los documentos referentes al alcance de la exposición oral y al desglose de los 20 puntos, aprobados por el pleno del CPCCS.

Curiosamente el contenido íntegro de esos documentos es el mismo de una propuesta de reforma al Reglamento, presentado por la fundación privada Ciudadanía y Desarrollo, presidida por Mauricio Alarcón Salvador. El documento fue dirigido al pleno del CPCCS el 20 de diciembre de 2021.

De los 20 puntos de la prueba oral, dos corresponden al entendimiento del caso; dos a razonamiento crítico y comprensivo; cinco a resolución de preguntas; cinco al conocimiento del marco legal; cinco al manejo de conceptos técnicos adecuados;  y, uno al entendimiento del rol de la Contraloría.

Pero esta reforma al reglamento, aprobada por el pleno del CPCCS, no es la única que coincide con las propuestas de la fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Otro importante cambio, que es autoría de ese organismo privado, tiene que ver con el examen escrito, que será calificado sobre 30 puntos. Las preguntas ya no serán entregadas a los postulantes, 48 horas antes del examen, como establecía el reglamento anterior.

Ahora se mantendrán en reserva. Una comisión de académicos elaborará un banco de 60 preguntas, las que solo podrán ser conocidas, a más de los autores, por un grupo de seguridad informática que se conformará para llevar adelante la prueba.

En los textos de las reformas al reglamento aprobadas por el CPCCS y el documento propuesto por la fundación Ciudadanía y Desarrollo se pueden apreciar las similitudes:

DESCARGUE AQUÍ LOS DOCUMENTOS

REFORMAS A REGLAMENTO CONCURSO CONTRALOR – CPCCS

FUNDACIÓN CIUDADANÍA Y DESARROLLO, PROPUESTA REFORMA – normas de concursos públicos, CGE

¿Cuál es el vínculo entre la fundación Ciudadanía y Desarrollo y la nueva mayoría del CPCCS, liderada por Ulloa, y cuáles son los intereses para haber reformado el reglamento de elección del nuevo Contralor General, en los términos propuestos por un organismo privado?

Hernán Ulloa, simpatizante del presidente Guillermo Lasso, (Participó activamente de manera personal y en redes sociales en la campaña electoral de Lasso de las elecciones de 2017) llegó a la presidencia del CPCCS la noche del 09 de febrero.

Ese día, conjuntamente con los consejeros Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y Fernanda Rivadeneira, removieron a la presidenta Sofía Almeida.

Los hechos se dieron con el aval del Ejecutivo, que sitió con policías el edificio del CPCCS, por orden de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en atención a un pedido de Ulloa.

Coincidentemente, la noche del 15 de febrero, la Fiscalía allanó el edificio de consejo para investigar una denuncia de Ulloa, Estupiñán y Rivadeneira, por un presunto acceso no consentido a los sistemas informáticos de la institución.

Luego de la diligencia fiscal, ejecutada en compañía de un contingente de policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Almeida salió del edificio, después de haber permanecido en su despacho por más de una semana.

La injerencia del Ejecutivo no fue solo con la intervención policial. El Banco Central del Ecuador, que responde al Gobierno Central, retiró el 18 de febrero la representación legal financiera a Almeida y le entregó a Ulloa.

La elección del Contralor General del Estado debía concretarse hasta el próximo 15 de marzo, pero por la pugna desatada al interior del CPCCS y la reforma al reglamento de selección, el plazo no podrá ser cumplido.

 

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