lunes, octubre 25, 2021
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Presidente Lasso atribuye la matanza en la Penitenciaría a la acción de su Gobierno

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Por Romel Jurado Vargas.

El 9 de octubre de 2021, en el discurso por la conmemoración de la independencia de Guayaquil, el Presidente Lasso dijo literalmente: “que nadie se confunda, los hechos trágicos producidos en las cárceles no se deben a una ausencia de acción del Estado, sino todo lo contrario, las bandas reaccionan porque finalmente están sintiendo a un gobierno que, con acciones concretas, los está golpeando en donde más les duele: en sus bolsillos”.

Los “hechos trágicos” a los que se refiere el Presidente Lasso son, nada más y nada menos, que la sádica ejecución extrajudicial que sufrieron al menos 119 personas privadas de la libertad en la Penitenciaría del Litoral, a lo que se suman al menos 79 personas más con heridas graves.

Los familiares de las víctimas tuvieron además que soportar un trato inhumano, denigrante e indolente por parte de los funcionarios estatales que les comunicaban el deceso de sus familiares a gritos en las afueras de las instalaciones carcelarias, así como las dificultades burocráticas para identificar y retirar los cuerpos de la morgue.

La pregunta que surge es ¿por qué razón el Presidente de la República se auto atribuye a él y a su gobierno la responsabilidad de estas graves violaciones de derechos humanos?

Acaso el Presidente Lasso no se da cuenta de que al hacer estas declaraciones confiesa tener las manos llenas de sangre por los asesinatos y heridos que se produjeron el 29 de septiembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral. Es posible creer que él ignora que este caso llegará al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el que, con base en esta confesión, sin duda será condenado el Estado ecuatoriano, sin perjuicio de que la propia Fiscalía General del Ecuador recoja esta auto inculpación pública cuando presente el resultado de sus investigaciones a los jueces nacionales.

Se trata quizá de un acto de cinismo extremo o de un grave error de comunicación política. Se trata talvez de una acto improvisado e irresponsable, para tratar de posicionarse como “el Gobierno de la mano de hierro” que no teme hacerse cargo de las muertes que se producen en las cárceles del país, porque ese es el costo de su cruzada contra las bandas criminales, que operan también dentro del sistema penitenciario.

Al parecer el Presidente Lasso (o quien elaboró su discurso) no ha sabido medir las consecuencias de las palabras pronunciadas sobre la matanza de la Penitenciaría del Litoral, ni entiende la responsabilidad que el Estado y su Gobierno tienen frente a las víctimas, sus familiares, el país y el mundo, con base en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha establecido que:

“En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos (…) Que el artículo 1.1 de la Convención señala el deber que tienen los Estados partes de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción (…) Que, en virtud de la responsabilidad del Estado de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas que estén sujetas a su jurisdicción, la Corte estima que este deber es más evidente al tratarse de personas recluidas en un centro de detención estatal, caso en el cual se debe presumir la responsabilidad estatal en lo que les ocurra a las personas que están bajo su custodia” (Corte Interamericana De Derechos Humanos, 2020).

Es deber de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado iniciar y adelantar de forma rigurosa, técnica y fundamentada las investigaciones sobre estas graves violaciones de Derechos Humanos y, en el marco de las mismas, pedir la comparecencia del Presidente de la República para que a la luz de las competencias establecidas en la Constitución, los Tratados internacionales de Derechos Humanos, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las leyes nacionales explique la razón de sus dichos y los alcances que estos tienen para los altos mandos policiales y quienes dirigían el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad.

Es deber de la Defensoría del Pueblo presentar al Gobierno nacional un conjunto de medidas de política pública destinadas a atender y reparar a las víctimas de la masacre y a sus familiares.

Es deber del Gobierno nacional ofrecerle al país un Plan Integral de Gestión del Sistema de Rehabilitación Social, que garantice que estos “hechos trágicos”, como los ha calificado el Presidente Lasso, no se repitan nunca más.

Es derecho de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto que las autoridades del Estado, incluida la Asamblea Nacional, se comprometan a entregarnos verdad, justicia y reparación.

Tomado de: Ruta Krítica
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