martes, julio 27, 2021
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Por unanimidad, la Legislatura resolvió la objeción presidencial a la reforma a la Ley de Tránsito

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El siguiente paso será remitir el texto de la normativa al Registro Oficial para su promulgación.

Punto Noticias. El Parlamento Nacional resolvió por unanimidad la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, a los artículos 46, 56, 57 (b), 58 (b) y 169 del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El debate se desarrolló sobre la base del informe no vinculante preparado por la Comisión de Desarrollo Económico. Su presidente, Daniel Noboa Azin, explicó que prepararon textos para adecuarlos al pronunciamiento de la Corte Constitucional y evitar interpretaciones extensivas o arbitrarias.

Sostuvo que reconocer las plataformas digitales no significa autorizar el taxismo ilegal o informal, cuya actividad es sancionada por el Código Orgánico Integral Penal. Los avances de la tecnología son muy útiles para aprovechar los beneficios de la innovación y desarrollo tecnológico, señaló.

Resaltó también que se incluyen normas para asegurar el desarrollo de las actividades económicas en igualdad de condiciones y con plena libertad.

El proyecto incluye normas para la regulación y autorización de plataformas digitales, que constituyen herramientas tecnológicas para la optimización de la gestión del transporte terrestre, establecido en la presente ley, con excepción del servicio de transporte particular.

La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT) y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) metropolitanos y municipales, dentro de su jurisdicción y en el ámbito de sus competencias, regularán y autorizarán, el funcionamiento de estas, siempre y cuando se aseguren las condiciones mínimas ambientales de calidad y seguridad.

También fija el procedimiento para otorgamiento de títulos habilitantes. El mecanismo y los requisitos para obtener los informes técnicos de factibilidad serán regulados por el Directorio de la ANT o por los GAD, dentro del ámbito de sus competencias, y garantiza el principio constitucional de descentralización basada en la transferencia obligatoria y progresiva de competencias a los GAD.

La normativa tiene como objetivo reducir la siniestralidad en las vías y carreteras y generar una cultura de tránsito. Para ello pone énfasis en la prevención y educación en todos los niveles.

A través de esta ley se refuerzan los procesos de formación, capacitación y entrenamiento de conductores profesionales y no profesionales, vinculados a otras instituciones estatales que son corresponsables en el campo de la movilidad, prevención de riesgos y disminución de siniestralidad. También promueve e incentiva el uso de vehículos eléctricos o de cero emisiones, que precautelan el cuidado del ambiente.

Fuente: Asamblea Nacional.

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