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Perjudicados por Proinco insisten en recuperar su dinero, luego de ser víctimas de estafa masiva

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Las 1.356 víctimas piden al presidente Guillermo Lasso que no conceda el indulto a Santiago Ribadeneira y a la Superintendencia de Bancos que haga efectivo la Corporación del Seguro de Depósitos, tras la liquidación forzosa de la financiera. 

Punto Noticias.- Una vez que la Superintendencia de Bancos declaró por concluido el proceso de liquidación forzosa y la existencia legal de Proinco Sociedad Financiera S. A., 1.356 personas, la gran parte adultos mayores, aún esperan que se les devuelva el dinero que depositaron.

El perjuicio en general bordearía los USD 100’000.000 con montos que irían desde los USD 1.000 hasta cerca del USD 1’000.000, por lo que un grupo de al menos unas 400 personas perjudicadas continúa en la lucha.

Han realizado plantones en la plaza de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito, para solicitar al mandatario de turno que no otorgue el indulto a Santiago Ribadeneira, principal de Proinco, hasta que les devuelva sus recursos.

Ribadeneira, como propietario de la financiera, fue sentenciado a 13 años de cárcel por estafa masiva, pues les hacían ver a sus clientes que era un negocio lucrativo.

La estafa se habría configurado al vender derechos fiduciarios, pagarés a cambio del dinero invertido, fideicomisos, promesas de compra venta, entre otros, para en un plazo determinado reconocerles intereses del 10% al 12%. Posteriormente, firmaban un compromiso de venderle nuevamente a la empresa.

Gisella Corrales, presidenta del Comité de Víctimas y vocera en este caso, señaló que muchos han muerto en su intento por recuperar su dinero.

El 13 de junio del año 2016, la Superintendencia de Bancos resolvió la liquidación forzosa de la financiera y se apresó al principal implicado en el delito.

Cinco años después, el 14 junio de 2021, la Superintendencia de Bancos declaró concluido el proceso de liquidación forzosa y la existencia legal de Proinco, lo que preocupa a las víctimas para encontrar una solución definitiva a su caso.

Ante esta situación solicitan a la Superintendencia que haga efectivo el COSEDE (Corporación del Seguro de Depósitos) para todos los perjudicados porque afirman haber depositado su dinero en el edificio con logotipo Proinco y no en las empresas vinculadas (Minga, Maktrde, Encaisser) a las que migraron sus acreencias sin previo aviso.

Corrales expuso que no se cumplió a cabalidad con el proceso de liquidación y que un gran número de perjudicados no pudo revisar debidamente su documentación con el liquidador de la financiera, Edgar Ramírez.

Sostuvo que en un informe contradictorio les negaron el seguro de depósitos COSEDE al 99% de acreedores, cuando todos los perjudicados colocaron su dinero en una financiera avalada por las autoridades y no en una pirámide.

Los recursos no les devolverían debido a que les solicitarían un documento original de Proinco que es imposible obtenerlo.

La vocera de las víctimas de Proinco sugirió que, si el liquidador ya tiene certificado en su base de datos el ingreso de recursos, a través de un informe, debería proceder para el pago.

Sostuvo que es responsabilidad del Estado también la estafa porque la calificación financiera de Proinco fue de E por parte de la Superintendencia de Bancos, el 31 de diciembre de 2015, y pese a ello siguió operando.

Reconoció que lo del cobro del COSEDE es poco, pero que en algo les servirá ante la difícil situación económica. Este rubro sería por USD 30.000.

Insistió en que no se cumpla el indulto hasta que se dé la reparación integral a todas las víctimas.

Exhortó a las Superintendencias de Compañías y Bancos para que ordenen el pago de COSEDE y se interceda ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que concluya y presente su informe respecto a la ruta del dinero.

El abogado Jaime Acosta, quien también es uno de los perjudicados y asesora a las víctimas, dijo que seguirán insistiendo al presidente Guillermo Lasso para que los atienda, así como a la Superintendencia de Bancos.

No descartó, posteriormente, iniciar algún tipo de acción civil en torno a la reparación integral.

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