lunes, mayo 16, 2022
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Paúl Granda considera que el proceso judicial en su contra responde a factores políticos

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Hoy que viví esta experiencia dolorosa, tengo plena experiencia y jamás voy a callar, hay que entender y estudiar los casos para que no se cometan injusticias, agregó.

Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), señaló que el proceso judicial en su contra tiene tintes políticos, pues lo acusan de haber facilitado la suscripción de convenios de pago entre abril de 2016 y octubre de 2018, cuando él llegó al cargo en diciembre de 2018: “Así de absurdo es la base y fundamento de esta acusación que es corta y limitada y que acogió el juez para llamarme al juicio”.

Reprochó que han pasado cinco meses y el juicio, en el cual se podría determinar su inocencia, aún no se instala, lo cual ha impactado en su vida personal ya que lleva un año en arresto domiciliario, privado de su libertad, sin poder estar con su familia o trabajar: “Se me ató de manos y pies”.

De ahí que, destacó el último dictamen de la Corte Nacional de Justicia que le concedió un habeas corpus y le otorga medidas sustitutivas: “Me permitirá defenderme en libertad reunificarme con mi familia en Cuenca y buscar un trabajo digno que me permita dar un sustento diario”.

Subrayó que el Consejo Directivo del IESS no es ordenador de gastos, por lo que no paga ni firma contratos: “Son las unidades hospitalarias quienes hacen esos procesos porque tienen autonomía administrativa y financiera”.

Explicó que cuando llegó a la seguridad social en diciembre de 2018 la administración de la época le presentó un informe sobre el abuso de los convenios de pago que se daban en hospitales como el Teodoro Maldonado, por lo que en febrero de 2019 se le removió del cargo al gerente Luis Jairala, quien  hoy es coprocesado dentro del caso: “Producto de esa denuncia, ahora resulta que somos parte de la estructura criminal”.

Afirmó que luego del proceso injusto al que fue sujeto se pregunta cuántos juicios más existirán donde se presentan acusaciones sin fundamento: “Tenemos a un privado de la libertad que tenía boleta de libertad desde hace cuatro meses y no se le dio paso, él fue asesinado”.

Reconoció que efectivamente se reunión con el político Dalo Bucaram, pero como parte de una delegación del expresidente Lenín Moreno, en el marco de las elecciones de 2019 a fin de determinar a quién apoyarían en esos comicios, sin embargo, por ello, se le vinculó en el caso por presunta delincuencia organizada para entregar ilegalmente contratos para insumos en hospitales.

“Ahora resulta que Bucaram fue sobreseído y a mí sí me llaman a juicio, cuando el único factor por el que me vinculan le sobreseyeron”.

Aclaró que en la investigaciones se ha demostrado que no tuvo ningún beneficio económico irregular, por lo que, insistió, el juicio tiene una explicación política.

Puntualizó que la función judicial no puede ser operadora política y debe cumplir preceptos constitucionales: “No puede ser que se use para perseguir o acorralar. Si ha sucedido conmigo es irracional, desproporcionado e infame”.

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