domingo, mayo 22, 2022
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Nueva Ley de Seguridad plantea ingreso de militares a cárceles sin Estado de Excepción y tipifica el terrorismo dentro de las prisiones

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Varios analistas coinciden en que la aprobación de esta normativa tardaría cerca de nueve meses.

La Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dio a conocer los detalles del proyecto denominado Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. En esta normativa constaría entre otros temas, la tipificación del delito de terrorismo dentro de las cárceles y el ingreso de militares a estos recintos, sin necesidad de un Estado de Excepción.

El proyecto de Ley engloba 5 ejes centrales en la lucha contra la delincuencia, crímenes violentos y delincuencia organizada, por lo que aborda el uso progresivo de la fuerza; la cooperación entre las fuerzas del orden; asegura mecanismos de defensa para servidores policiales cuando son sujetos a investigaciones; plantea reformas al Código Integral Penal (COIP) para solucionar los vacíos existentes que impiden realizar el trabajo de la fuerza pública; y, por último,  contempla el combate al hacinamiento en cárceles y normas para la administración de los centros de privación de libertad.

Uno de los aspectos más importantes de esta propuesta es que de generarse nuevos eventos excepcionales, como las masacres dentro de los recintos penitenciarios, los militares podrían ingresar a los pabellones mediante un requerimiento directo de la Policía Nacional y otras instituciones, sin la necesidad de la declaratoria de Estado de Excepción, una acción que posee sus limitantes y está restringida a situaciones y acontecimientos específicos.

Además, plantea la tipificación del delito de terrorismo dentro de las prisiones, con lo que se permitiría que los sentenciados bajo este cargo puedan ser condenados hasta con 15 años de prisión, y de generarse matanzas durante estos actos de “terrorismo”, la pena privativa de libertad podría ser de entre 22 y 26 años.

Por otro lado, en lo concerniente del uso progresivo de la fuerza por parte de los agentes del orden se partirá de la presunción que: «el uso de la fuerza fue legal, proporcional y progresivo”; esto en los casos en los que el accionar de las autoridades den como resultado la muerte del presunto delincuente tendrán que ser los fiscales y los acusadores quienes deban demostrar la inocencia de la víctima y que el uso de la fuerza por parte de los agentes no fue procedente.

En esta misma línea, el proyecto de Ley permitirá que el Estado financie la defensa para los agentes de la fuerza pública que se vean envueltos en enfrentamientos con delincuentes en los que estos den como resultado una querella o juicio contra el agente.

Redacción: Ángel Cóndor

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