jueves, septiembre 29, 2022
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No pueden existir políticas de seguridad con el crimen organizado permeando FFAA y Policía, señalan panelistas

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El estado de excepción no es una solución a la violencia, el primer día que se decretó se registraron 15 asesinatos.

La periodista Karol Noroña y el docente universitario Luis Córdova, abordaron el tema de la inseguridad y la violencia que vive el país, mismo que viene escalando a causa de la desatención social, sobretodo en los sectores marginales.

Noroña ejemplificó con el abandono estructural que se vive en Cristo del Consuelo – Guayaquil,  donde ocurrió un atentado que dejó cinco muertos y casi una veintena de heridos de gravedad.

“Es un barrio que tiene problemas críticos, primero con el agua porque viven a los pies del estero salado, los niños tienen infecciones gastrointestinales”.

Manifestó que la violencia experimentada en el sector no es de hoy, por ello los moradores no comprenden las razones por las cuales el Gobierno no interviene y previene.

“El esposo de Roxana Montaño, una de las víctimas mortales de la explosión, dice que hay balacera cada semana, al igual que robos, violaciones, extorciones, casos de violencia de género, desde hace mucho tiempo”.

Frente a ello, criticó que la única acción del Gobierno sea continuar con los estados de excepción como respuesta a la violencia, cuando en el primer día de decreto ya hubo más de 15 asesinatos.

Córdova, de su lado, lamentó que el régimen no entienda las raíces profundas del derramamiento de sangre que pasa también por el contexto socioeconómico, pues estos casos se desarrollan en zonas urbano-marginales y periféricas que carecen de intervención pública.

Asimismo indicó que el Gobierno tiene enormes limitaciones donde no se alcanza a comprender que el discurso anclado a la estrategia estadounidense, de impulsar una guerra contra las drogas en América Latina, no funciona y pese a ello se sigue encasillando cada evento delictivo en una guerra entre carteles o narcoterrorismo.

“No hay un proceso político viable que le dé un sentido estratégico a lo que hacen policías y militares en territorio, por eso la gente desconfía en el Estado y los testigos prefieren callar para evitar retaliaciones de bandas”.

Cuestionó que en lugar de impulsar políticas públicas de inclusión social, educación y salud, para restarle base social a las organizaciones criminales, el régimen prefiera invitar a los jóvenes a hacerse conscriptos o policías: “Es paradójico y hasta patético”.

¿Organizaciones criminales permeando a Policía y FFAA?

La periodista recordó que la primera hipótesis lanzada por el Ministerio del Interior fue responsabilizar a los Tiguerones, aunque la gente del sector hablaba de la vinculación de la explosión a un sicariato del 1 de agosto.

Pese a ello, dijo, la policía detiene la mañana del miércoles 17 de agosto a una persona de la banda los Águilas, vinculada a los Choneros, misma que tiene participación directa en las masacres carcelarias, y no es parte de los Tiguerones, lo que provoca contradicciones de las autoridades y termina minando, aún más, la legitimidad del Estado.

“Hay un problema de información. Las personas no confían en lo que dice el Gobierno que intenta justificar las muertes”.

Puntualizó que en este 2022 ya se han registrado más de 2.700 muertes por violencia, sumadas a las 7 masacres carcelarias que han dejado 400 fallecidos: “No se puede seguir justificando con una guerra entre bandas, hay que empezar a escuchar a las familias”.

Reprochó que el ministro Patricio Carrillo continúe con su discurso de responsabilizar a mercenarios y crimen organizado, pero no reconoce que esos grupos no se están configurando de forma externa, lo que se evidencia con la reciente detención de ocho tripulantes de la Armada por intentar vender un cargamento de cocaína incautada el 11 de agosto.

“Recordemos que uno de los narcotraficantes del país fue el excapitán del ejército Telmo Castro, asesinado en 2019. Hay que ir a lo profundo para políticas estructurales”.

El coordinador del programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia, coincidió con Noroña y remarcó que efectivamente hay un nivel de infiltración de organizaciones criminales tanto en la administración de justicia como en los aparatos de seguridad como Inteligencia, Policía y Fuerzas Armadas.

“Y eso se debe a la fragmentación del Estado, la deconstrucción de aparatos de seguridad, a la falta de gente capacitada, profesionalizada que pueda realizar un adecuado rediseño del sector”.

Subrayó la incapacidad de los ministros del Interior y Defensa, ambos generales de la Policía y FFAA, respectivamente, de reconocer que sus instituciones necesitan una reforma profunda si quieren que las cosas cambien.

 

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