martes, junio 28, 2022
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Ministerio de Gobierno: no hubo “ataques deliberados, sistemáticos y generalizados” en octubre 2019

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El ministerio señaló que realizará observaciones más amplias, una vez que se concluya un análisis detallado del informe.

Punto Noticias. El ministerio de Gobierno no considera que las agresiones a manifestantes, la pérdida de ojos por impactos de bombas lacrimógenas, las detenciones ilegales y otras vulneraciones a los derechos humanos sean “ataques deliberados, sistemáticos y generalizados” contra la población civil. Por lo que cree que es “forzado” calificar de crímenes de lesa humanidad a lo ocurrido en las protestas de octubre de 2019.

En un comunicado, la Cartera de Estado emitió su pronunciamiento sobre el informe final de los hechos de octubre de 2019, que podrían derivar en una denuncia por delitos de lesa humanidad, que sería presentada por el defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

“No existen elementos, ni indicios, ni pruebas que permitan sugerir siquiera que se hayan registrado situaciones que, bajo los parámetros internacionales de Derechos Humanos, pudieran calificarse como “crímenes de lesa humanidad””, dice el comunicado, al mencionar que el informe carece de asidero en los hechos y en el derecho.

Gabriel Martínez, actual titular del ministerio de Gobierno, no cree que el informe representa la realidad de lo sucedido en octubre de 2019.

Agregan que el documento fue elaborado por una comisión extrajudicial, por lo que debe ser tomado como una versión de los hechos, pero no como una verdad absoluta.

Justifican el accionar de la Policía Nacional por haber estado en un contexto de extrema violencia y aseguran que “no se desalojaron lugares de reunión ni se registraron enfrentamientos que no fueran aquellos en que la Policía Nacional repelió la violencia de los manifestantes”.

Contrario a lo expuesto en el informe de la Comisión de la Verdad, que concluye el uso excesivo de la fuerza pública contra los manifestantes, el Ministerio de Gobierno asegura que la Policía actuó para mantener el orden en el ejercicio de su misión constitucional y sus obligaciones legales.

También critican que el informe omita episodios de violencia en contra de la propiedad privada y contra efectivos policiales, pese a que sí incluyen los comisionados testimonios sobre uniformados.

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