martes, diciembre 7, 2021
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Masacre en cárceles revela el incumplimiento del Estado: Alianza de Derechos Humanos

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En lo que va del año se registran 228 personas asesinadas en el sistema penitenciario.

Punto Noticias. El asesinato de 118 personas privadas de la libertad, el pasado 28 de septiembre de 2021, representa la peor masacre registrada en la historia del país. La crisis carcelaria, para la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, revela el incumplimiento del Estado en sus obligaciones de garantizar la vida de los reos.

Detallan que el 28 de septiembre de 2021 se reportaron “nuevos incidentes” en el Centro de Privación de Libertad  CPL Guayas N1 (Penitenciaría del Litoral), que duraron hasta la mañana del miércoles 30 de septiembre. Además del número de asesinados, hay 84 heridos.

Lamentan que es la tercera masacre de personas privadas de libertad. La primera, ocurrió en febrero de este año y dejó 79 PPL asesinados. La segunda, en julio, con 22 víctimas mortales. Sin embargo, la crisis penitenciaria lleva años.

El expresidente Lenín Moreno decretó dos estados de excepción en el sistema penitenciario, con su respectiva renovación. El primer se decretó en mayo de 2019, para julio renovó el estado de excepción. En agosto de 2020 emitió otro decreto por las mismas circunstancias y su renovación fue en octubre del año anterior.

A criterio de la Alianza, “la crisis penitenciaria, se debe, entre otras, a la falta de políticas públicas integrales con enfoque de derechos humanos que aborden las problemáticas estructurales de los centros de privación de libertad, que son origen de todos los escenarios violentos que ocurren en las cárceles”.

Ahora, el Presidente Lasso decretó un estado de excepción por 60 días, para realizar la intervención con Fuerzas Armadas. Para la Alianza, “los sucesivos estados de excepción declarados ante cada masacre simplemente han sido preludio de otra masacre subsiguiente”.

Cuestionan las medidas adoptadas por el Gobierno, “con discursos estigmatizantes y reduccionistas, que pretenden deshumanizar a las personas privadas de libertad y justificar -una y otra vez- por una parte, su ineptitud para resolver la crisis penitenciaria en toda su complejidad y, por otra, sostener un sistema represor que criminaliza la pobreza”.

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