martes, diciembre 7, 2021
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Más de 130.000 estudiantes se suman al sistema fiscal y los recursos asignados no alcanzan lo previsto en la Constitución

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Al menos el 53% de los establecimientos no estarían en condiciones aptas de sus áreas de saneamiento e higiene para recibir a los alumnos. 

Punto Noticias.- De los 3’297.505 alumnos inscritos en la educación fiscal en el país para el año lectivo 2021-2021, 135.455 salieron de las unidades educativas particulares de los niveles inicial, general básica y bachillerato.

La razón es que, por la pandemia, la situación económica de muchas familias cambió, pero los recursos del Estado tampoco son suficientes para atender a la población estudiantil.

Para el ciclo 2020 – 2021, el Ministerio de Educación ya hablaba que al menos 100.000 alumnos nuevos se incorporarían al sistema de educación fiscal en el régimen Sierra – Amazonía, la mayoría procedente de instituciones particulares. Pero con el paso del tiempo fueron a escala nacional 181.699 alumnos que concretaron su traslado a los planteles fiscales.

En este período escolar, la mayoría de los traslados se hicieron en Guayas con 47.490; Pichincha sumó 18.340; y Esmeraldas 12.552.

A causa de la pandemia y al ver que sus hijos debían recibir clases virtuales, María Fernanda Borja los cambió a un plantel fiscal. Para ella, fue la mejor decisión, pues no ve ninguna diferencia con lo que aprenden sus hijos, pues van a la par con lo que dan las unidades educativas particulares.

Pero no a todos los padres de familia les ha dado resultado, hay quienes, en cambio optaron por cambiar a sus hijos a una institución particular.  Ese es el caso de Diana, quien consideró que su hija no aprendía. Mientras, hay madres como Katty Morales que ve a la educación particular como un negocio nada más.

Con el retorno progresivo a clases, las instituciones educativas fiscales recibirán un mayor número de estudiantes hasta enero de 2022, lo que provocará una presión adicional al sistema. Algo que reconoció la ministra de Educación, María Brown, quien añadió que es un fenómeno que si bien se ha acrecentado con la pandemia no es nuevo.

A los padres que decidieron trasladar a sus hijos a las unidades educativas públicas les preocupa que el sistema no brinde una adecuada infraestructura para que puedan estar con tranquilidad en la presencialidad.

Esta situación ha motivado que algunos establecimientos sean flexibles al momento de organizar su trabajo. Por ejemplo, para evitar la aglomeración, van un día unos grados y otros al siguiente.

En Guayaquil, en el sector de Monte Sinaí hay preocupación porque la infraestructura educativa está en pésimas condiciones. Incluso, la misma ministra de Educación reconoció que hay unos 40 centros educativos en pésimo estado, de los cuales 38 están en Monte Sinaí. Muchos de ellos son aulas móviles que cumplieron su vida útil, por lo que se prevé contar ya en estos días con un plan de retorno a clases en esa zona.

Para la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, la migración de alumnos por causa de la pandemia ascendería a unos 300.000. Situación que para la dirigente provocaría a la par hacinamiento ante la falta de inversión en educación.

Un análisis efectuado por la UNE a la proforma presupuestaria para el 2022 señala que hay una disminución de USD 955 millones en relación con lo que tenía que proyectarse.

Vargas dijo que no se toma en cuenta la Ley Orgánica de Planificación de Finanzas en relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Manifestó que este Gobierno es el que menos ha aportado con el 3,11% del PIB, en relación con los últimos cinco años, cuando ahora se requiere más recursos no solo por la migración de estudiantes de otras instituciones, sino porque también estarían regresando a las aulas 560.000 que las abandonaron.

Comentó que, para la educación inicial, básica y bachillerato se presupuestó 3.400 millones y que debía de ser de USD 4.300 millones.

Al interior de la Asamblea Nacional, los legisladores consideraron que la proforma no garantiza los fondos necesarios.

El pasado 17 de noviembre, la Comisión de Educación rechazó la baja del presupuesto para esta área y un día después, el Pleno hizo la misma observación.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha mantenido que para el ejercicio fiscal 2022 se ha estimado el PIB en USD 109.618,57 millones, siendo el 0,5 % de esto USD 548 millones. De allí que, el presupuesto destinado para educación inicial, básica y bachillerato asciende a USD 554,73 millones, Rubro que ya reflejaría un incremento conforme a la normativa legal vigente.

Sin embargo, el presidente de la Comisión, Manuel Medina, explicó que el presupuesto para educación debe ir incrementándose en 0,5% del PIB todos los años hasta llegar a un 6%. Algo que no se daría por el momento.

Mientras la ministra de Educación señaló que al menos USD 600 millones se requerirían para mejorar la infraestructura escolar en el país.

A pesar de ese anunció, la UNE denunció que a los padres de familia les piden cuotas para arreglar las infraestructuras educativas de USD 5 a USD 40, por lo que aseveró que el financiamiento de la educación le corresponde al Estado.

De acuerdo a datos de la UNE, de las 12.863 unidades educativas fiscales y fiscomisionales del país, 2.000 están en estado para regresar a la presencialidad y 10.000 necesitan ser restauradas.

Con estas cifras, el 53% de establecimientos no estarían en condiciones aptas de sus áreas de saneamiento e higiene para recibir a los estudiantes.

Fuente Radio Pichincha

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