miércoles, enero 26, 2022
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Ley para despenalizar la interrupción del embarazo en casos de violación debe analizarse bajo evidencia científica y no por opiniones: Gissela Garzón

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Además la normativa no puede desconocer la realidad del país, donde hay un sistema de justicia deficiente, agregó.

Gissela Garzón, asambleísta de UNES, informó que hasta el momento la Comisión de Justicia ha debatido y aprobado 25 de 66 artículos que contiene el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación, una vez se concluya con el segundo informe irá a definitivo debate para su aprobación y en ese sentido resaltó que cualquier aporte debe ser bajo evidencia científica y no opiniones o creencias personales.

Respecto a la temporalidad para acceder a una interrupción, la legisladora aclaró que no se puede comparar la norma que hoy se debate en Ecuador con la de otros países donde el aborto es libre, ya que en este caso existe la condicionalidad de la violación.

“Hablamos de niñas menores de 15 años cuya violencia se da en el ámbito familiar, con la carencia de educación sexual. A una niña no le resulta palpable lo que está pasando”.

Mencionó que las 28 semanas no es obligatorio, solo es un plazo para menores de edad. Detalló que desde la sentencia de la Corte Constitucional se han presentado 22 casos para interrumpir su embarazo, de ellos el 54.5% correspondieron a niñas menores de 14 años y el procedimiento se dio en el primer trimestre: “Eso permite que los procedimientos sean farmacológicos, tomando en cuenta que hay dos medicamentos considerados en la matriz del MPS, la mayoría se han dado bajo esos parámetros”.

En ese sentido, subrayó que el cuerpo legal debe hacerse desde la realidad del país, donde existe un sistema de justicia deficiente, de ahí que se ha planteado que la denuncia de violación no tenga que hacerla la víctima sino el Centro de Salud donde acudió la niña o mujer, pues son estos lugares los más cercanos a las comunidades, sobre todo las que se encuentran en la ruralidad.

“La notificación deberá darse desde el sistema de salud pública porque llega a más rincones del país de acuerdo a las últimas evaluaciones (…) En cambio en el sistema judicial solo existen 83 fiscalías especializadas con violencia de género, por tanto es insuficiente el personal”.

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