jueves, junio 30, 2022
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La sed de venganza con el 30-S no tiene límite

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Por Orlando Pérez

No fuimos pocos los que estuvimos dentro y fuera del Hospital de la Policía esa jornada completa del 30 de septiembre de 2010. Y constatamos el proceder de unos gendarmes enajenados por un odio inexplicable sino fuera por todo lo que alimentaron ciertos medios y algunos actores políticos.

No solo golpearon, nos golpearon o amenazaron de muerte, también dispararon contra los militares que llegaron a rescatar (como correspondía) el entonces presidente Rafael Correa. Hay demasiadas evidencias de ese comportamiento. Hay un documental de Rodolfo Muñoz, Muchedumbre 30S. Hay un proceso judicial con miles de páginas. Hay libros y referencias en medios de todo tipo.

¿A alguien se le olvida que la agresión a la población civil fue brutal, cobró vidas y dejó heridos con perdigones que hasta ahora los tienen sus cuerpos? ¿Eso va a quedar en la impunidad? Solo esto, por simple que parezca, ratifica el odio como acción política y no precisamente una violación de derechos humanos. ¿Acaso la Fiscalía actuará con la misma diligencia con los responsables directos, políticos y estatales de las más de 400 muertes violentas o asesinatos en las cárceles en los últimos 15 meses?

Cuando más desprestigiada se encuentra la justicia (con sus altas autoridades en franca disputa de poder), con policías y militares afectados por acusaciones de vínculos con el narcotráfico y lavado de activos, un juicio contra nueve militares es un tema escabroso, como si alguien quisiera mandar el siguiente mensaje: o se alinean o se someten. La pregunta es a quién se están sometiendo quienes todavía defienden la dignidad (o el honor como les gusta llamar) de los uniformados honestos y patriotas.

Nunca dudé que esas fuerzas oscuras que estuvieron detrás de ese intento de golpe de Estado y del secuestro al expresidente buscarían venganza; bastaba ver cómo trabajaron todos estos años para entender el vuelco que le darían a la historia y a la “relación de los hechos”. No solo han indultado a casi todos los involucrados y procesados. Gestaron una venganza cambiando la versión, tal como ocurrió en su momento con el arrastre y asesinato de Eloy Alfaro.

Este último fin de semana ocurrió lo menos pensado: la Fiscalía del Trujillato presentó supuestas pruebas de cargo para llamar a juicio a nueve militares de alto rango,

“procesados por el delito de asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución como grave violación a los derechos humanos”, en el caso de los militares Darwin Panchi, Jacinto Cortez, y el policía Froilán Jiménez. El caso se ha configurado con las argucias que en cualquier juzgado habría sido motivo de archivo.

Los procesados y acusados por la Fiscalía son los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo Luis C., Vicente G., Jorge M., Jorge P. y Hegel P.; también Fernando C., Marco C., Luis O. y Patricio G., integrantes del grupo de fuerzas especiales que participó en el rescate de Correa.

Los defensores de los derechos humanos brillan por su silencio, ni qué decir de los medios cómplices de todo esta barbaridad, porque el objetivo es otro. A más de lo que ha dicho Correa, de que por querer imputarlo hacen esto, hay algo que solo una investigación verdaderamente periodística y judicial podría verificar: así como en su momento con Hugo Chávez y Evo Morales se confabularon varias fuerzas políticas y grupos armados dentro de la Fuerza Pública ahora una supuesta insatisfacción con una reforma legal (que por ningún lado afectaba a los policías) consolidó una retención a la primera autoridad del Estado y fueron las FF.AA. quienes resolvieron el grave problema con una acción militar que tuvo como respuesta ráfagas de fuego desde francotiradores y unos gendarmes envilecidos con las armas entregadas para garantizar la seguridad y no para proteger sus supuestos derechos.

El caso no ha concluido. Si hubiese algo de sensatez jurídica ni siquiera habría iniciado un proceso de esa magnitud. Y si llegan a condenar a los nueve militares ya sabemos que pasarán algunos años para que por fuera de nuestra jurisdicción se haga verdadera justicia, como ya ha ocurrido con otros militares.

 

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