miércoles, julio 6, 2022
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La pertinencia de la presencia de militares en las calles, analiza la Corte Constitucional

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Este organismo deberá entregar su dictamen de constitucionalidad del decreto ejecutivo que ordenó el estado de excepción en nueve provincias.

Punto Noticias. Se espera que en la presente semana, la Corte Constitucional (CC) emita su dictamen de control al decreto 224, con el que el presidente Guillermo Lasso dispuso el estado de excepción.

La grave conmoción interna y “las circunstancias que han afectado gravemente los derechos de la ciudadanía debido al aumento en actividad delictiva”, son las causas para que el mandatario ordenará la movilización de las Fuerzas Armadas, en nueve provincias, para complementar las funciones de la Policía Nacional.

La CC deberá determinar si se cumplen los requisitos formales y materiales, por lo que pudiera emitir un dictamen favorable, modular algunos artículos, o declarar inconstitucional el decreto.

El ministro de Defensa, Luis Hernández, sostiene que las FF. AA. deben ser lo más útiles posibles para el pueblo, que su capacidad instalada puede servir en diferentes escenarios de emergencia nacional, como desastres naturales. En esas tareas, también entra la colaboración con la Policía en el combate a la delincuencia.

Estos argumentos han generado debate. A criterio del constitucionalista André Benavides, el estado de excepción podría ser observado por la fundamentación, pues el Gobierno incorporó en las consideraciones estadísticas nacionales relacionadas al incremento de la tasa de homicidios, pero se establecen medidas de ámbito provincial.

“No es descabellado” pensar que la Corte eche abajo el estado de excepción o que lo focalice en un ámbito provincial, dice.

La Alianza por los Derechos Humanos pide declarar su inconstitucionalidad. Sylvia Bonilla, una de las integrantes de la coalición, cuestiona el tiempo que ha tardado la Corte en pronunciarse.

Argumenta que no se presentaron pruebas que confirmen una “correlación” entre el incremento de los homicidios intencionales y ciertas acciones que ha implementado el Ejecutivo, como señala en el Decreto 224.

A decir del régimen gubernamental, el aumento de la actividad delictiva se suscita como “retaliación hacia las acciones que ha emprendido el Estado para restablecer el control adecuado en el espacio aéreo de las provincias con perfil costanero y en el interior de los centros de privación de libertad”.

La movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar en seguridad, que está a cargo de la Policía, es el mayor cuestionamiento de la Alianza por los Derechos Humanos. “Las Fuerzas Armadas no tienen esa competencia y sus miembros reciben un entrenamiento de guerra. Es una preocupación que tenemos por las movilizaciones que se han anunciado”, reflexionó.

El ministro de Defensa manifestó que la orden es actuar de manera coordinada, de acuerdo con la Ley. La Policía Nacional realiza las detenciones, mientras que los militares dan apoyo de “disuasión”, aclaró.

La Corte Constitucional alertó, en el último control que hizo del estado de excepción en el sistema carcelario decretado por Lasso, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado el “extremo cuidado que los estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común […] puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.

Fuente: El Comercio.

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