martes, diciembre 7, 2021
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La mayoría de reos asesinados en la cárcel de Guayaquil tenía 25 años

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“La crisis del sistema penitenciario es una crisis de derechos humanos y violencia”, dijo la secretaria de Derechos Humanos, al precisar que existe un abandono del Estado.

Punto Noticias. “Estamos aquí por los niños y adolescentes”, dijo la secretaria de Derechos Humanos y quien preside el Sistema Técnico de Rehabilitación Social, Bernarda Ordóñez, al presentar el contexto de los 118 reos asesinados en la masacre del 28 de septiembre en la Penitenciaría del Litoral.

De los 118 personas privadas de la Libertad (PPL) asesinadas, solo se han identificado a 106. De este número, el 61,30% tenían entre 20 y 30 años, la mayoría 25 años. “Ellos empezaron a cometer sus delitos a los 11 años. Por eso digo que estamos aquí por los niños”, explicó Ordóñez ante la Comisión de Soberanía y Seguridad, este lunes 18 de octubre de 2021. Sobre el resto, el 21,7% tenía entre 31 y 35 años, mientras que el 17% tenía más de 35 años.

A los 11 años, dijo, se registran sus primeras detenciones por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. A los 15 años ya son detenidos por delitos contra la integridad personal y de la vida. A los 20 años ya son líderes de bandas y forman parte del crimen organizado.

“Esto es un problema del olvido del Estado porque estos niños no tenían una red de apoyo y crecen en ambientes llenos de violencia”, reprochó Ordóñez.

Sobre el tipo de delito por el que estaban recluidos los 118 reos, el 35% era por robo y otro 35% por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Además, cuestionó que apenas el 24,5% tenía una sentencia, mientras que el 75% no contaba con una sentencia ejecutoriada que confirme su detención o ratifique su inocencia.

Ordóñez informó que la violencia hacia la mujer y al núcleo familiar es el principal delito por el que las personas se encuentran recluidas en los Centro de Rehabilitación Social, que representa el 16.88 %. Le sigue el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización con el 14.69%, robo con el 6.61% y el 4,13% por tenencia y porte de armas.

Explicó que, la otra cara de la crisis carcelaria, es el abandono del Estado en el eje social porque viven en espacios de violencia y abusos, el 71% de la población penitenciaria solo terminó la educación básica y vivían bajo los umbrales de pobreza o pobreza extrema.

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