domingo, junio 26, 2022
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La casa tomada; gobierno convierte a la Casa de la Cultura ecuatoriana en recinto policial

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Por Pablo Salgado J.

No había sucedido ni en las peores dictaduras militares. Ningún dictador, civil o militar, intentó allanar y poblar de policías y militares las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nunca. Y peor intentar convertirla en un recinto policial para acopio de material, vituallas y albergue de policías. Jamás. Es cierto que la Junta Militar, en 1963, desconoció a sus autoridades e impuso las suyas, pero no envió policías y militares a La Casa, tal como acaba de hacer el gobierno del presidente Guillermo Lasso.

En el día del padre, por orden de la fiscalía la policía allanó, a las 8h30 de la mañana, las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la institución cultural mas emblemática del país, creada en 1945.  Pero ¿cuál fue el pretexto para que la policía ingrese a la Casa de la Cultura? Una llamada a la línea 1800 (sic) que denunció que “un grupo de 30 venezolanos y ecuatorianos había ingresado a la Casa de la Cultura con material velico (sic) para el paro nacional.” La Fiscalía, con sorprendente agilidad, ordenó el allanamiento. 40 policías del GEA, fuertemente armados, con capuchas negras y chalecos antibalas, ingresaron a la Casa, revisaron todas sus instalaciones durante 4 horas.  Revisaron los teatros, las salas de exposición, la Cinemateca, la Biblioteca, la Librería, las oficinas administrativas, los camerinos, los baños, el Núcleo de Pichincha, las radios.  Y, obviamente, no encontraron nada. Nada que no sea libros, instrumentos musicales, obras de arte, escenografías, cámaras antiguas y nuevas, vestuarios para las obras escénicas, más libros y claro, a funcionarios indignados.

Un allanamiento, si duda, planificado para impedir que el movimiento indígena utilice las instalaciones de la Casa de la Cultura, el Agora, como había sucedido tradicionalmente en levantamientos anteriores. El Comandante de policía, informó en rueda de prensa la misma mañana: “vamos a realizar una requisición de esa área -la Casa de la Cultura- para que sea centro de acopio,  y albergue al personal policial.”  Sin inmutarse, el Comandante declaró que ese espacio -dedicado a la cultura, al conocimiento, a los saberes- se convertirá en un centro de operaciones de la represión policial.  En la tarde, la Policía Nacional notificó a la Fiscalía la requisición de la Casa de la Cultura para que “sirva de albergue para el personal de la Unidad de operación del mantenimiento público.” Un hecho que no se había producido ni en las peores dictaduras miliares. Pero además este hecho viola la Convención de la UNESCO de 1954 que obliga a los Estados a proteger los bienes culturales y patrimoniales en tiempos de conflicto armado externo e interno.

Sin embargo, no es la primera vez que La Casa sufre una intervención y acoso desde las esferas del gobierno. En 1956 ya sufrió persecución con la llegada al poder de Camilo Ponce Enriquez, del partido Social Cristiano, quien apenas posesionado criticó fuertemente a la gestión de la Casa de la Cultura, entonces presidida por Benjamín Carrión.  Ante esto y los rumores de una reorganización ordenada por Ponce Enríquez, la Junta Plenaria emite una fuerte respuesta en defensa de la autonomía de la Casa. El gobierno decide entonces retirarle a la CCE los presupuestos que le habían concedido para la construcción del nuevo edificio.  Ante la presión, y a pesar del respaldo de los círculos de intelectuales y de la ciudadanía, sus directivos  renuncian a sus funciones. El médico Julio Endara y el diplomático Carlos Larrea, cercanos al régimen, asumen la dirección de la Casa. Y Benjamín Carrión decide auto exiliarse en México.

Luego, el 11 julio de 1963, una Junta Militar derrocó al presidente Arosemena Monroy. La Junta emite un decreto, el 18 de julio,  declarando vacantes los cargos directivos de la Casa de la Cultura, de la Matriz y los Núcleos provinciales y ordena su reorganización. Los destituidos fueron Benjamín Carrión, a quien la Junta Militar lo calificó como «melifluo personaje», Alfredo Pérez G., Antonio Parra, Celia Zaldumbide, Demetrio Aguilera, Carlos Cueva, Muñoz Mariño y Oswaldo Guayasamín, entre otros. Algunos de ellos fueron encarcelados y expatriados bajo la acusación de ser parte del «comunismo internacional».

La Junta Militar designó a Luis Bossano y Jaime Chaves Granja, partidarios del régimen militar, como Presidente y vicepresidente, respectivamente.

La Casa de la Cultura fue recuperada cuando los artistas y trabajadores resuelven tomarse la Casa; el 25 de agosto de 1966. Los artistas permanecieron en la Matriz, y varios núcleos, durante 11 días, hasta que se convocó al Congreso de trabajadores de la cultura que estableció un plan de trabajo y resolvió designar a Benjamín Carrión como nuevo Presidente, y a Oswaldo Guayasmín, como Vicepresidente.

Pero la Junta Militar no se atrevió a allanar y peor intentó convertir a la Casa en un centro de operaciones para la represión policial. El gobierno de Guillermo Lasso, en menos de un año, ha logrado no solo desmantelar la institucionalidad cultural, recortar casi a cero los presupuestos y precarizar, como nunca, al sector de la cultura y los patrimonios, sino convertirse en un gran represor que agredió, como nunca antes, a la cultura nacional y su institucionalidad.

Recordemos que el pasado 15 de junio, sorpresivamente, el Centro Cultural Metropolitano amaneció, en su patio central, también convertido en campamento militar, ya que se colocaron decenas de carpas, para albergar a una unidad policial. Las denuncias inmediatas y el rechazo generalizado hizo que se revea esta decisión del Alcalde Guarderas, y permitida por las autoridades culturales municipales.

También es notorio y muy decidor la permanente ausencia de la Ministra de cultura y patrimonio, Ma. Elena Machuca, quien -una vez más- guarda silencio y es ajena al sector cultural. Su gestión se ha caracterizado por incumplir la Ley de cultura, incumplir las promesas de campaña, continuar con los recortes, cerrar los programas emblemáticos como el Plan nacional del libro y la lectura, y la Feria del libro.  Después de un año de gestión,  siguen cerradas las reservas documentales y arqueológicas. Y, por si fuera poco, por no pagar las alicuotas y no realizar mantenimiento del MAAC, de Guayaquil, provocó que el Municipio lo clausure durante varios días.

La Junta Plenaria extraordinaria, convocada de modo urgente, rechazó el allanamiento y la “agresión dictatorial del Estado” y se declaró en vigilia permanente en salvagarda de su autonomía. Además, resolvió que el Presidente nacional presente una Acción de protección en la Unidad de flagrancia de la Fiscalía del Estado. Con lágrimas de impotencia e indignación, Fernando Cerón afirmó: “Esta noche el terror ha ganado. La Casa de la Cultura ha sucumbido a una dictadura.” Mientras los artistas y gestores culturales cantaban y bailaban al grito de “la Casa no es cuartel. Los artistas no somos terroristas.” Al final, con la oscuridad de la noche, los policías, cual robots armados hasta los dientes, ingresaron, saltando las rejas, a tomar posesión de la Casa de la Cultura.

Tomarse la Casa de la Cultura, violando su autonomía, es un hecho de prepotencia y brutalidad que, además, viola los derechos culturales, socaba la democracia y coarta las libertades. Pero es también un nuevo signo de torpeza política y, sobre todo, refleja el afán fascistoide y dictatorial del gobierno. Además, se abre un nuevo frente, el de los artistas, gestores y trabajadores de la cultura, que han prometido salir a las calles a defender sus derechos, recuperar la Casa y respaldar el paro nacional.

 

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