jueves, agosto 18, 2022
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Juicio político contra Carlos Ochoa pasa al Pleno de la Asamblea Nacional

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La petición de juicio político al superintende de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que la Comisión de Fiscalización aprobó el informe en el que llega a la conclusión que el mencionado incumplió sus funciones, por lo que existen elementos suficientes para determinar su responsabilidad política.

El informe fue aprobado por unanimidad de los presentes, 10 legisladores y de inmediato fue entregado al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado, quien anunció que convocará a sesión del Pleno para este jueves, a las 09h00, con el fin de realizar el juicio político a Ochoa.

La presidenta de la comisión, María José Carrión, al finalizar la reunión expresó que le corresponderá al Pleno de la Asamblea decidir si las pruebas de cargo y de descargo, así como la información obtenida durante el proceso de sustanciación se remite a la Fiscalía General del Estado y a otras instituciones competentes, a fin de realizar las investigaciones pertinentes.

Antecedentes

El 31 de enero de 2018, los asambleístas María Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar presentaron ante el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, una solicitud de enjuiciamiento político en contra de Carlos Ochoa, Superintendente de la Información y Comunicación, con el respaldo de 53 parlamentarios, por incumplimiento de funciones.

El pedido lo conoció el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el pasado 05 de febrero y resolvió admitirlo a trámite, por lo que dispuso que se notifique a la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Esta mesa avocó conocimiento de este trámite dos días después.

En esa misma fecha notificó al Superintendente, sobre la resolución de la Comisión de calificar la solicitud de inicio de juicio, a fin de que, en 15 días ejerza su derecho a la defensa y presente las pruebas de descargo.

De igual forma, notificó a los asambleístas solicitantes, para que en el mismo plazo presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

Los parlamentarios señalaron que el funcionario incumplió la Constitución y algunas normas, como la Ley Orgánica de Servicio Público, que en su artículo 24, prohíbe “abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías constitucionales”, así como la de Comunicación, con lo que provocó restricción de la libertad de expresión y atentó contra el derecho a la seguridad jurídica.

De su parte, el Superintendente, en su comparecencia del pasado 23 de febrero, aseguró que se plantea a la regulación, no como una limitación a las libertades de los medios, sino como una defensa a la libertad de expresión de los ciudadanos y de las comunidades, en especial, de los grupos vulnerables. También se defendió sobre el concurso público de leyes de bolsillo y la réplica a Teleamazonas. Se refirió además, a la diferencia entre información y comunicación, así como la supuesta falsificación y uso doloso de documentos, entre otros temas.

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