viernes, septiembre 30, 2022
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Hay desorden en política pública para cárceles, según comandante de Policía

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El director de la SNAI se quejó, en cambio, de la reducción del presupuesto para la rehabilitación social.

Punto Noticias. A criterio del comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, las frecuentes crisis carcelarias, amotinamientos, violencia, visibilizan el desorden de la política pública o, tal vez, la falta de esta en la seguridad penitenciaria.

Lo dijo ante el Pleno del Parlamento Nacional, en cuya sesión participó para entregar información acerca de la última crisis en los centros de rehabilitación social, que dejó como saldo alrededor de 80 detenidos muertos, con violencia.

Admitió que esta situación ha obligado a la Policía a realizar cambios abruptos en su misión principal y desarrollar algunos protocolos para actuar de manera apresurada, para enfrentar la violencia extrema.

Explicó que, desde 2014, la Policía participa en la seguridad penitenciaria en apoyo al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), en cumplimiento de un acuerdo entre los ministerios del Interior y Justicia, aún en contra de tratados y convenios suscritos por el país en materia de derechos humanos, apuntó.

Expresó su preocupación porque, en su opinión, la respuesta que está recibiendo la Policía por sus acciones son respuestas de impunidad. Dijo que en más de 75 amotinamientos, desde 2014, no hubo sanciones, ni siquiera administrativas, para ninguno de las personas privadas de libertad (PPL) que han actuado y han sido identificadas.

Más bien, reclamó, muchos de los protagonistas de la violencia carcelaria, que hoy intervienen o que perdieron la vida, recibieron la prelibertad, acogiéndose a beneficios por buena conducta, como una recompensa, que les permite alcanzar más privilegios.

Informó que 1.750 policías están destinados a la seguridad perimetral de los centros penitenciarios, de contención, en los exteriores, ya que son la última línea de defensa; 1.200 policías para los arrestos domiciliarios de PPL que salen acogiéndose a prelibertades o que desde el inicio de la acción tienen este tipo de beneficio; y, para restablecer el orden cuando los amotinamientos son graves, son empleados más de 1.200 policías adicionales. Es el 10% del número total de policías, “descuidando la misión principal”, manifestó.

El comandante de Policía cree que la causa de los amotinamientos y la violencia en las cárceles está en la hostilidad, en la agresividad de los detenidos, que actúan con psicopatías, y producto de la impunidad al no tener un castigo. En su opinión, en los centros penitenciarios debería haber celdas de aislamiento solitario.

Alertó que en los últimos acontecimientos, la Policía detectó el ingreso de una bazuca, el 26 de enero, y fue evitada una matanza, que al final sucedió en febrero.

“Es gente acostumbrada a estos niveles de violencia, que no encuentra realmente ninguna forma de rehabilitación, que utiliza cualquier pretexto”, dijo Carrillo sobre el origen de los conflictos carcelarios.

Falta de presupuesto

Mientras tanto, el director general del SNAI, Edmundo Moncayo, señaló que no es la máxima autoridad penitenciaria, no tiene atribuciones para generar políticas públicas, tiene que cumplir las directrices de la Autoridad de Rehabilitación Social, para gestionar y administrar los centros de privación de libertad.

Según Moncayo, en la actualidad hay un exceso de alrededor de 9.000 detenidos, pues, los privados de libertad son 38.800, en una capacidad instalada para 29.800 personas.

Se quejó de la gran reducción del presupuesto para el funcionamiento del SNAI, por parte del gobierno de Lenín Moreno.

Contó que en 2014 el presupuestaria era de 160 millones de dólares y en 2019 se redujo a 98 millones, casi el 40%. En 2020 la reducción fue mayor, llegando a un 43% menos. En 2021 se logró, tras un gran esfuerzo, que se incrementen ocho millones de dólares, que a su criterio “es nada”.

Deploró que estos recortes presupuestarios debilitaron los proyectos de rehabilitación social, debido a que, mientras se reducía el presupuesto, la población penitenciaria crecía, de un manera abrupta.

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