jueves, agosto 18, 2022
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Habitantes de la parroquia de Pacto insisten en alejar a las empresas mineras del Chocó Andino

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El pasado 28 de enero, la Corte Constitucional avaló una propuesta de consulta popular, lo que para los expertos en minería provocaría un desorden jurídico. 

Punto Noticias.- Proteger el medio ambiente es lo que une a los habitantes de Pacto, una de las seis parroquias que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino, ubicada a 70 kilómetros al noroccidente de Quito.

Los moradores de Ingapi, La Victoria y San Francisco tienen en la mira tres “puntos de resistencia” que es así como los llaman a los puestos en la salida de las áreas, donde se mueven minerales desde las minas. Hacen turnos para vigilar la zona.

Alcira Vaca es una de las voluntarias que hace las veces de centinela. Tiene 28 años y cada 15 días hace un turno de 24 horas junto con otros habitantes, para evitar que las volquetas saquen material o ingrese maquinaria pesada.

Los moradores de esa región del Chocó Andino viven de la panela, que es un producto 100% orgánico y la mínima contaminación del agua pone en peligro la certificación para la exportación.

La Mancomunidad está integrada por las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito: Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.  Esta última es la que más se opone a la minería metálica por el área natural del Chocó Andino que fue catalogada por la Unesco en 2018 como la Séptima Reserva de la Biósfera.

En Pichincha, el Chocó Andino tiene una extensión de 286.805 hectáreas e incluye tres cantones: Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos.

La minería en esa zona es una realidad. De acuerdo al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, la Mancomunidad se asienta en una superficie de 124.109,50 hectáreas.

Mientras, la ocupación de superficie de los derechos mineros en la zona del Chocó Andino es de 26.394,55 hectáreas. Eso equivale al 21,3% del territorio.

La Cartera de Estado indicó que hay dos concesiones en trámite para la gran minería y para la pequeña minería un total de 12 (seis inscritas y seis en trámite) y otras 10 (ocho inscritas y dos en trámite) bajo régimen general.

Los habitantes solo quieren que no avancen las concesiones mineras porque viven de la ganadería, la agricultura y, sobre todo, del turismo. Por ello, trabajaron en una propuesta de consulta popular que fue avalada por la Corte Constitucional el pasado 28 de enero.

El siguiente paso es recolectar 199.064 firmas y presentarlas al Consejo Nacional Electoral (CNE), para viabilizar la consulta antiminera en el Chocó Andino. El plazo para hacerlo es de seis meses.

El Colectivo Quito Sin Minería tiene como propósito lograr que este proceso coincida con las elecciones del 5 de febrero de 2023.

La Empresa Nacional Minera (Enami EP), en cambio, respondió que la consulta no deberá afectar a las concesiones mineras otorgadas previamente como es el caso de Ingapi y Urcutambo, otorgadas en 2012 y que serían de su titularidad.

Si bien Sylvia Bonilla, abogada de Quito sin Minería, reconoció que los efectos serían a futuro, también consideró que podría incidir en las concesiones inscritas actualmente.

Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), aseguró que no se oponen a los procesos de participación ciudadana. Pero sostuvo que la Corte Constitucional ha provocado un desorden jurídico.

Fuente: El Comercio, redes sociales

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