jueves, junio 30, 2022
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GOBIERNO NEOLIBERAL, OLIGÁRQUICO Y AUTORITARIO: 10 tesis sobre el primer año de Gobierno de Guillermo Lasso

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Por Virgilio Hernández

  1. El presidente Guillermo Lasso, el martes 24 de mayo de 2022, cumplirá un año en funciones, coincidiendo con lo que debió ser un hito para su gestión como Presidente de la República: la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Sin embargo, es una fecha que ha sido despreciada en el calendario oficial del mandatario y del Gobierno Nacional, seguramente porque el discurso de la libertad y la independencia, le es extraño y lejano a un Presidente que gobierna con el Fondo Monetario Internacional, como tutor de la economía nacional y en función de intereses plutocráticos, dejando en el olvido las demandas plebeyas que había prometido cumplir en la campaña electoral.

Cada día suenan más inverosímiles las expresiones que el Presidente se había preparado diez años para gobernar o las estrambóticas aseveraciones que solucionará los problemas del país en 100 minutos; al año de gestión, algunos de los problemas, no solo que permanecen intocados, sino que se han agudizado como por ejemplo, los relacionados con la reactivación productiva, la atención al agro; la generación de empleo o el tema de la inseguridad, que ahora es la principal preocupación de los ecuatorianos; por todas estas razones, el Presidente prefiere ignorar los clamores de la ciudadanía y refugiarse en el amparo que le otorgan los acuerdos con el FMI o la promesa de una oprobiosa propuesta como la presentada por los senadores Menéndez, Rubio, Risch y Kaine (Ley DAV 22083) que pretenden convertir al Ecuador en un “Estado Asociado” que haga de punta de lanza en la región contra la creciente influencia de la República Popular China; el fortalecimiento de “políticas económicas abiertas” al libre mercado; una gobernabilidad subordinada a la “supervisión” del Secretario de Estado norteamericano tanto de las acciones del Gobierno Nacional como de la Asamblea Nacional; y la regencia de la USAID en todo el proceso de “fortalecimiento democrático”; proyecto que se discute en Estados Unidos, con el silencio oficial del Ecuador y que busca en el año del bicentenario, ubicar al Ecuador en una ficha del ajedrez geopolítico norteamericano, quizá pensando en los cambios regionales que pudiesen presentarse con el resultado de las elecciones en Colombia, cuya primera vuelta se desarrollará este 29 de mayo de 2022.

  • Algunos analistas políticos señalan que, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, no tiene una ruta propia, ni  proyecto; transcurrido el primer año de su gestión se puede afirmar que el horizonte político del régimen, es la aplicación del modelo neoliberal y la subordinación a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional (FMI), por ello, se explica el continuo socavamiento del Estado, la intención reiterada de la privatización del Banco del Pacífico, que era uno de los tres bancos más importantes del país y que en los últimos meses ha sido permanentemente debilitado; de igual forma, se ha anunciado la intención de vender la Corporación Nacional de Telecomunicaciones; centrales hidroeléctricas e incluso el reciente impasse y contrapunto con su homólogo y coideario Iván Duque, Presidente de Colombia, a propósito de la compra venta del avión presidencial, en 8 millones de dólares, demuestran que más allá de los intereses del país, hay un dogma con el que se pretende aprovechar del gobierno para trasladar los bienes públicos a manos privadas.

En la perspectiva neoliberal del FMI, es necesario asegurar recursos, que garanticen los flujos externos y el cumplimiento de indicadores macroeconómicos, por ello, el gobierno se regocija de tener casi 9000 millones de dólares en reservas internacionales, mientras hay una severa crisis de la salud y educación pública; inclusive, recibe autorización para ampliar la inversión pública, fundamentalmente para atender la red vial, que ha sido afectada no solo por el invierno, sino por la falta de mantenimiento y atención durante los cuatro años del gobierno del ex Presidente Moreno y uno del actual régimen.

En los doce primeros meses de gestión, la presidencia de Guillermo Lasso ha tenido importantes recursos, como los provenientes de la venta de petróleo que se presupuestó en 59 dólares y se ha vendido, en promedio, por encima de los 90 dólares el barril (3000 millones adicionales), de igual forma, los ingresos derivados del paquetazo tributario, que les proporcionará 1900 millones en los años 2022 y 2023; sin embargo, los graves problemas permanecen sin resolución. El presidente Guillermo Lasso señaló que en este primer año puso la “casa en orden”, lo que contrasta con la percepción ciudadana, en la que apenas 3 de cada 10 califican positivamente al Gobierno y solo el 21%, según la encuestadora Perfiles de Opinión, le cree al presidente Guillermo Lasso.

  • En el gobierno de Guillermo Lasso, paulatinamente se ha ido instaurando una lógica oligárquica-autoritaria, que se distancia de los principios democráticos y de sus propias propuestas del diálogo y el “encuentro” para utilizar la acción del gobierno en función de minúsculos intereses, mientras subordina a las otras funciones del Estado y recurre a la represión contra actores sociales y a la amenaza y descalificación a sus opositores; contando, además, con el disciplinamiento de los grandes medios de comunicación y alineamiento de su reducida élite de poder económico.

El Presidente que hacía gala de su apertura, lo que le sirvió inclusive para que en su participación electoral en el año 2017, sea apoyado por sectores como Unidad Popular y Pachakutik, ahora, a un año de gobierno está cada vez más solo, alejado de sectores políticos que le permitieron ganar la presidencia, como el Partido Social Cristiano y de actores gremiales, como las Cámaras de Producción que también jugaron un rol fundamental en su triunfo, pero que hoy resienten de una política recesiva y sobre todo autocentrada en generar beneficios para un sector de la banca. No es casualidad que las ganancias de la Banca y del Banco de Guayaquil se incrementaran durante el primer año de gestión del presidente Lasso, así como de un reducido sector de las élites económicas, mientras ya casi la mitad de la población, según datos de la CEPAL, vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

Decisiones como la publicación de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que fue negada con 94 votos por la Asamblea Nacional y sin embargo, entró en vigencia por una “argucia jurídica” del Secretario de la Asamblea Nacional, distanció a sectores medios y productivos que se vieron afectados con una serie de cargas tributarias, mientras se liberaba de impuestos a los herederos de las grandes fortunas y se permitió que los evasores de ayer y a los que sacaron el dinero de la economía ecuatoriana, ahora lo puedan repatriar pagando un mínimo impuesto, pero con la garantía que no podrán siquiera ser investigados sobre el origen o las razones por las que esos capitales estaban fuera del país.

El presidente Lasso actúa tan centrado en sus propios intereses que, en su primer año, ha cosechado críticas de sectores productivos, importantes actores sociales, la banca serrana e incluso de su propio vicepresidente, que señaló con respecto a la salud, que “es hora de dejar de culpar a otros y atender a los pacientes”.

  • Otro signo característico de un gobierno oligárquico es la opacidad y falta de transparencia de sus gobernantes y de las acciones de gobierno, a costa incluso del debilitamiento institucional.

La denuncia realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en octubre de 2021, respecto de que tres mandatarios de la región tendrían o habrían tenido recursos en paraísos fiscales, entre ellos, el actual mandatario Guillermo Lasso, suscitó un debate respecto de los mecanismos que se utilizan por parte de algunos de los grandes grupos de poder económico para evadir impuestos e incluso ocultar recursos mal habidos. En Ecuador, además del debate ético, se volvió a poner en cuestión la discusión jurídica, puesto que, por decisión de la Consulta Popular de 2017, está prohibido que cualquier funcionario público tenga recursos en paraísos fiscales, por lo que ya fue denunciado en la campaña electoral y absuelto por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Luego de la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas, el primer mandatario manifestó su disposición a concurrir a cualquier comisión o al Pleno de la Asamblea Nacional, pero una vez que la instancia legislativa conformó una comisión para investigar esta grave denuncia, el presidente Lasso, desconoció la capacidad de la Asamblea y decidió por si mismo, que la Contraloría era el único ente con capacidad para analizar esta denuncia, que luego fue también descartada por un contralor débil y sin legitimidad.

Más allá de la aparente victoria del Presidente de la República al eludir el papel de fiscalización de la Asamblea, quedó debilitado en su autoridad, tanto política como ética, lo que contribuyó a la paulatina pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y sobre todo a la falta de capacidad del sistema democrático para poder exigir transparencia a sus mandatarios; de hecho, según el reporte de Perfiles de Opinión, el momento de más baja credibilidad sobre si se gobierna o no con mecanismos democráticos fue coincidente con el proceso de investigación de Pandora Papers, en que descendió de un 23.10%, que tenía a inicios de octubre de 2021, a 20.69%, a mediados de noviembre del mismo año, lo que abona en un proceso de deterioro de la confianza de la democracia. En efecto, según el Latinbarómetro, el 69% apoyaba a la democracia en el 2017, mientras que en el año 2020 había disminuido al 33% y, el 16% de ecuatorianos apoyaban salidas autoritarias.

  • Otra muestra del carácter oligárquico autoritario que ha venido desarrollando el Gobierno, es su intento por subordinar a otras funciones del Estado para el cumplimiento de objetivos políticos. Un ejemplo de esto ha sido la utilización de soluciones judiciales que sirvieron al Gobierno Nacional a fin de imponer a Hernán Ulloa como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para de esa manera controlar la designación del Contralor General del Estado, autoridades electorales y otros altos cargos. Así mismo, ha sido mediante decisiones judiciales que se ha logrado entrampar la acción de la Asamblea Nacional y mantener a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe LLori, con el objeto de controlar al primer poder del Estado.
  • No son extrañas a esta lógica oligárquica-autoritaria, las permanentes amenazas a opositores, desde la sentencia de que “terminará con sus huesos en la cárcel” en contra de Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, hasta la calificación de que Rafael Correa y Jaime Nebot, forman parte de un “triunvirato de la desestabilización” o que por el ejercicio de sus respectivas funciones deberían estar en la cárcel, sin que presente fundamento alguno para dichas aseveraciones; las palabras altisonantes contra alcaldes, otras autoridades y ex candidatos a la presidencia.

Adicionalmente a estas declaraciones, está la represión con la que se ha enfrentado reclamos de arroceros, bananeros, campesinos, maestros, estudiantes e incluso movilizaciones con profundo contenido ciudadano, como las marchas del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, que fueron brutalmente reprimidas por un gobierno, que además ha demostrado su carácter patriarcal y machista, expresado claramente con el veto a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación.

  • El Gobierno del presidente Guillermo Lasso, en este primer año de gestión ha carecido de una estrategia política, reclamando para sí el derecho a gobernar sin oposición y sin dar cuenta, que también por voluntad popular, tenía una Asamblea Nacional, sin claras mayorías y con una composición contraria al proyecto neoliberal que él y su movimiento representan. Se ha movido el régimen desde una táctica de la cooptación, de hecho, en el primer año del gobierno de Guillermo Lasso, ya existen 22 legisladores independientes, hasta la presión y amenazas a la Asamblea a través de la utilización de mecanismos constitucionales, como la “muerte cruzada” o la consulta popular, que luego han sido descartadas por el propio Presidente de la República.
  • Luego del envío del “Proyecto de Ley de Creación de Oportunidades” y alentado por el relativo éxito en el proceso de vacunación desarrollado por el Gobierno, tanto la ex ministra de Gobierno, Alexandra Vela, como el propio presidente, colocaron la retórica de la “muerte cruzada” contemplada en la Constitución, la que cobró fuerza cuando la Asamblea Nacional, devolvió dicho proyecto por inconstitucional. De igual forma, se volvió a instalar el discurso de la muerte cruzada, cuando la Asamblea pretendió obligar a que el presidente concurra a explicar la denuncia realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas, sobre propiedades y capitales domiciliados en paraísos fiscales o a propósito de la negativa y archivo del Proyecto de Ley de Inversiones, con la que buscaba avanzar en procesos de privatización de áreas como la salud y seguridad social, a través de la utilización de mecanismos de asociaciones público-privadas. Hasta algunos de los grandes medios presionaron al Gobierno para la convocatoria a una muerte cruzada, sin embargo, el Gobierno cerró el debate el 28 de marzo de 2022, a través del ex vocero presidencial, Carlos Jijón, quien dijo que dicho mecanismo era una “figura constitucional de última instancia y que el Gobierno tenía suficientes herramientas para seguir gobernando”, al mismo tiempo que anunció la posibilidad de una consulta popular. Es indudable que la negativa del Gobierno se debe a dos factores, uno de carácter coyuntural y el otro estructural.

El primero, tiene que ver con el permanente descenso en las encuestas de opinión, tanto en la aprobación a la gestión como en la confianza de la ciudadanía, lo que pondría en serio peligro que el mandatario sea elegido nuevamente, aunque en las “cuentas oficiales” partían de un apoyo menor al 30%, pero con la disolución de la Asamblea Nacional y la posibilidad de gobernar por decreto durante algunos meses, creían que podían llegar al 40% y lograr la ratificación. Sin embargo, el riesgo era demasiado alto y por ello descartaron esa posibilidad.  El otro factor, es decir el estructural, se debe a que una nueva elección, con la reforma que fue aprobada en febrero de 2020 y que cambió el método de asignación de escaños, del método D´Hondt a Webster, muy difícilmente, suponiendo que sobreviva el Presidente a una nueva elección, tendría una mayoría legislativa, por el contrario, podría tener una Asamblea Nacional, más polarizada y sin el oxígeno que le proporcionan los independientes.

  • La crisis de la Asamblea Nacional es parte del deterioro institucional provocado a partir de la consulta popular de 2018 y de las reformas de febrero de 2020. Una vez conformada la nueva Asamblea Nacional, Lasso optó por conformar una mayoría, dejando a un lado al partido que le llevó al poder (PSC) y a UNES (primera fuerza política). Dicha mayoría quedó subordinada a la lógica del Ejecutivo y fue comandada por Guadalupe LLori -de los registros del Movimiento Pachakutik-, que se ha inmolado y sacrificado a su movimiento para mantener el pacto con el Gobierno.

Entre los desaciertos de la presidenta podemos señalar su aval a que se publique en el Registro Oficial tanto una ley que fue negada como un presupuesto que fue observado por el Pleno de la Asamblea, así como buscó por todos los medios impedir que se califique dos proyectos de ley relacionados con la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico. La subordinación al Ejecutivo nuevamente se puso en evidencia cuando intentó que la Ley de Inversiones entre por ministerio de la ley, convocando la sesión el último día que tenía la Asamblea para pronunciarse y luego, encargándole la presidencia al vicepresidente Virgilio Saquicela, al cual, según información de medios de comunicación, le habría llamado, el propio Presidente Lasso, para pedirle que no instale la sesión y permita la entrada en vigencia de dicha normativa de forma ilegítima.

Esta actuación subordinada ha llevado a la división del propio Movimiento Pachakutik, cuya mayoría al igual que la línea oficial de la Izquierda Democrática, siguen respondiendo a los intereses del Gobierno, a pesar de haber perdido apoyo de los diferentes sectores políticos, como se comprueba con la votación de la moción para la conformación de una comisión que analice los incumplimientos a la ley por parte de la presidenta de la Asamblea, la cual obtuvo más de 80 votos. Además, la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía ubica a la instancia legislativa entre las peor calificadas, con menos del 20% de aprobación, al igual que la justicia y otras instituciones estatales. La hipótesis de este balance, trasciende a las actuaciones personales de la presidencia y más bien coloca a la subordinación y falta de independencia con respecto al Ejecutivo como la causa de la crisis y parálisis de la Asamblea Nacional en la que, según el Observatorio Legislativo, se han presentado 219 proyectos de ley, 207 de iniciativa legislativa, 6 por parte del Presidente de la República y 6 de otras funciones del Estado; sin embargo, se han aprobado apenas  14 leyes, 13 de iniciativa legislativa (del periodo anterior) y una que provino del Ejecutivo y que entró en vigencia de forma irregular, como ya se indicó.

  1. Al cabo del primer año de gobierno, no hay perspectivas claras de la actuación a futuro del Gobierno, por un lado ha asegurado sus compromisos con el FMI, lo que le permitirá tener 1000 millones adicionales en la primera quincena de junio y 700 millones a finales de año, pero implicaría nuevos ajustes, que aún no se han hecho públicos. Por otro lado, ha descartado salidas como la muerte cruzada o la consulta popular, por el temor que se convierta en un plebiscito sobre la gestión del Gobierno y enfrenta, además, una creciente oposición popular, que aún actúa de forma desarticulada y en la que algunos sectores, como Unidad Popular, privilegian el anticorreísmo al antineoliberalismo, pero que paulatinamente va cobrando fuerza frente a un gobierno que no ha dado respuestas a las expectativas ciudadanas. Al mismo tiempo, crecen otras salidas por parte de la ciudadanía, como la revocatoria del mandato que ya se ha anunciado y podría también ser un nuevo escenario de la disputa democrática.

 

 

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