miércoles, enero 26, 2022
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Gobierno de Moreno adquirió de manera irregular sistema informático para el Registro Civil

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El servicio se contrató por USD 26’950.000, según informe de auditoría de la Contraloría.

Punto Noticias. La Contraloría General del Estado identificó anomalías en la adquisición del sistema informático para emisión de cédulas y pasaportes electrónicos, por parte del registro Civil, en el gobierno de Lenín Moreno, en 2019.

De acuerdo con la Contraloría, el procedimiento de contratación por licitación internacional, así como la modificación del objeto del contrato y de los pliegos durante la etapa de selección no se sustentaron. El contrato se adjudicó a un consorcio que no cumplió con la experiencia ni con las especificaciones técnicas.

El organismo de control examinó la adquisición e implementación de un sistema informático para la emisión de documentos de identidad y pasaportes electrónicos (SEDIP), provisión de equipamiento, suscripciones/licencias de software, insumos y servicios conexos. La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación ejecutó el proceso en 2019.

Según el informe de auditoría, la decisión de realizar la contratación a través de la modalidad de licitación internacional no se sustentó técnica ni legalmente. En su lugar, el Registro Civil pudo aplicar el Acuerdo Comercial Multipartes que el país mantiene con la Unión Europea (UE), que compromete a los proveedores a regirse por la normativa ecuatoriana y garantiza condiciones más favorables para el Estado.

Para elegir la modalidad de contratación, la entidad argumentó la ausencia de proveedores nacionales utilizando un certificado emitido por el Servicio de Contratación Pública-SERCOP, sin considerar que esta condición aplica solamente para la compra de bienes en el extranjero y el componente principal del contrato preveía un servicio.

El informe del examen especial, aprobado en junio de 2021, evidencia que la invitación a participar en la licitación internacional no se publicó en medios internacionales, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, la entidad no elaboró estudios completos y definitivos, repercutiendo en la determinación de especificaciones técnicas, términos de referencia y presupuesto referencial.

El Registro Civil no estableció la arquitectura tecnológica para la implementación del SEDIP, componente esencial del contrato; no definió detalles para su instalación y configuración ni las características de los equipos y software que conformarían la infraestructura de los centros de datos principal, secundario y de contingencia.

Como parte del contrato, la entidad requirió computadores, cámaras fotográficas digitales y escáneres biométricos, señalando la dependencia entre los soportes físicos (hardware) y los informáticos (software). Sin embargo, para auditoría no existió justificación técnica de tal dependencia, puesto que los equipos pudieron adquirirse en el país, lo que habría dinamizado la producción nacional.

Contraloría señala que la Comisión Técnica designada para calificar a los oferentes modificó, sin sustento, el objeto del contrato y las condiciones de evaluación de la experiencia. En la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones cambió los términos de referencia e incluyó la adquisición de un programa que no tenía relación con el SEDIP.

El servicio se contrató por USD 26’950.000 con el compromiso de consorcio EDOC, de México, aunque no acreditó su experiencia en la ejecución del objeto del contrato, su propuesta no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y su oferta fue más alta, en USD 2’312.398, con respecto a la del otro proveedor habilitado, el compromiso de consorcio francés INCS-IDEMIA.

Al celebrar el contrato no se observó la obligación que tenía la adjudicataria de designar un apoderado en Ecuador. Esto provocó desembolsos injustificados por pasajes, viáticos y subsistencias para el director general y el coordinador general de Asesoría Jurídica del Registro Civil, por USD 13.372, sostiene la Contraloría.

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