domingo, mayo 22, 2022
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Furukawa generó 9.2 millones de ingresos hasta 2017, vulnerando los derechos humanos de 1.244 personas: Alejandra Zambrano

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El Estado tiene la obligación de intervenir, más allá de entregar bonos, agregó.

Alejandra Zambrano Torres, abogada del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, explicó que por este caso hay dos procesos judiciales, el primero inició en el 2019 y tiene un fallo a favor en primera instancia, resuelto en enero del 2021, donde se declaró la violación de derechos humanos y constitucionales contra 123 víctimas y se declaró la responsabilidad del Estado por omisión, dictándose medidas de reparación consecuentes con la gravedad de ese caso.

Indicó que para octubre la sentencia fue ratificada parcialmente por la Corte Provincial de Santo Domingo, ahí se liberó de responsabilidad al Estado pero se mantuvieron las medidas de reparación, sin embargo en el auto de ampliación y aclaración se pretendió reformar aquello: “Por eso presentamos una acción extraordinaria de protección que se ventila en la Corte Constitucional misma que seleccionó el caso de oficio por su relevancia y vulnerabilidad en el que están insertos un grupo de víctimas”.

La segunda demanda fue presentada en junio de 2021, por parte de 218 personas que están siendo patrocinadas por la Defensoría del Pueblo, ahí un juez de Santo Domingo determinó el pasado jueves 5 de mayo que no hubo vulneración de derechos pese a contar con informes de Instituciones Públicas como el Ministerio de Trabajo que demostraron lo contrario y sancionó a la empresa en el 2019 por trabajo infantil y otros temas.

“La Secretaría de la Política en el 2019 hizo un levantamiento del número de afectados y eran 1.244, es decir son cientos de personas más allá de las que actualmente se han presentado en juicios como demandantes, en cuanto a las condiciones de vida inhumanas, ha sido una práctica sistematizada y generalizada”.

Recordó que Furukawa es de capital japonés y filipino que opera en Ecuador desde los años 60 y ha generado, según la Superintendencia de Compañías con corte al 2017, USD9.2 millones de ingresos en 2.700 toneladas de abacá exportadas, cuenta con USD 17 millones de activos y USD 15 millones en patrimonio. Cuenta con 2.300 hectáreas de tierra ubicadas en tres provincias donde se construyeron campamentos donde vivían familias completas de entre 5 y 8 miembros, todos hacinados sin tipo de ventilación, condiciones insalubres, durmiendo en el piso, sin baños o con escasas letrinas.

“En este mismo espacio donde se disponen las viviendas se instalaban los espacios de trabajo: uno el tendal que son cordeles donde se cuelga la fibra y se la pone a secar y otro del maquineo, donde con máquinas extraen la humedad de la fibra una vez cortada en el campo y lo hacían en condiciones indignas. No se les proveía de indumentaria de producción, en la maquinaria ha habido mutilación de dedos, manos, brazos y piernas porque la máquina es antigua y no había mantenimiento. La máquina succionaba el cuerpo, no recibían atención inmediata, el cuerpo se gangrenaba y se mutilaban”.

Detalló que los niños también estaban involucrados en estos procesos, se encargaban de transportar en burros las fibras del campo y llevarlas a los otros centros donde pasan por maquineo o donde se lo colgaban: “Las mujeres haciendo trabajo excesivo, además de hacer el trabajo del tendal también tenían que realizar trabajos de cuidado como alimentación y ese beneficio lo recibía la empresa”.

Subrayó que independientemente de la decisión de cualquier juez, el Estado tiene la obligación de intervenir, más allá de entregar bonos a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), pues es una situación grave de exclusión social que no solo se resuelve con bonos, sino llegando otro tipo de servicios, reconociendo que los trabajadores son analfabetos funcionales, no llegaron ni siquiera a los primeros grados.

Con esa base informó que acudirán al MIES e incluso al Ministerio de Salud Pública, pues en este último caso, se conoce que la cartera de Estado informó al juez de primera instancia que la medida de reparación física y psicológica se ha cumplido, cuando no es así, hay personas que tienen patologías complicadas.

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