jueves, septiembre 16, 2021
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Funcionarios de la Contraloría denuncian que fueron presionados para perseguir a exfuncionarios del Gobierno anterior

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USD 757 millones en glosas fueron determinados por el organismo de control en el año 2019

LOS PERIODISTAS

La Contraloría General del Estado se ha convertido en un instrumento de persecución, en contra de exfuncionarios del anterior Gobierno.

El solo hecho de haber desempeñado cargos en la función pública, especialmente en el nivel jerárquico superior, fue motivo para que decenas de exfuncionarios enfrenten auditorías del organismo de control.

Al parecer, la consigna del contralor Pablo Celi, quien el 07 de junio de 2017 desconoció y rompió una acción de personal con la que fue removido como contralor subrogante, ha sido determinar responsabilidad civil, administrativa o penal en la gestión de quienes colaboraron con el régimen pasado.

Se dispuso la apertura de cientos de exámenes especiales, que continúan en proceso, dirigidos a excolaboradores del expresidente Rafael Correa.

Para esta labor, la Contraloría aumentó su personal. En enero de 2017 la nómina fue de 2.422 funcionarios, mientras que actualmente es de 2.795. Se contrataron 373 profesionales, especialmente auditores.

Funcionarios de esa institución, que prefieren mantener la reserva de su identidad por temor a represalias, aseguran que fueron presionados por sus superiores para emitir informes negativos en contra de los auditados.

Emitieron un pronunciamiento anónimo en el que expresaron: “los trabajadores de la CGE señalamos que efectivamente hemos sido utilizados por las autoridades de la institución para realizar actos que no están apegados a Derecho, pero lo hemos hecho bajo amenazas y presiones de todo tipo, incluyendo la pérdida de nuestro empleo”.

Temen ser demandados a futuro por los afectados, por lo que en el documento recomendaron a quienes enfrentan auditorías una serie de acciones para evitar informes negativos.

Entre estas, verificar la legalidad y fundamentación de las órdenes de trabajo de exámenes especiales, impugnar las resoluciones ante el Tribunal Contencioso Administrativo, exigir la acreditación de conocimiento especializado de los auditores y solicitar a la Defensoría del Pueblo el acompañamiento de las auditorías.

Un grupo de exfuncionarios, que se consideran perseguidos, integraron una red para defenderse, incluso a nivel internacional. A esta iniciativa se han sumado hasta el momento unas 60 personas.

Acciones de la Contraloría, en las que se determinaron indicios de responsabilidad penal, pasaron a manos de la Fiscalía y provocaron la detención de varias personas.

En uno de los casos, cinco exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación, estuvieron detenidos desde el 31 de octubre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019, acusados de presunto peculado en contratos para la trasmisión de sabatinas del expresidente Correa.

La jueza Silvia Sánchez dictó auto de sobreseimiento, después de que la Fiscalía no encontró pruebas para acusar.

La Contraloría ha demostrado una acción diferente ante casos que podrían considerarse similares, lo que ha dependido de la afinidad política de los auditados.

Por ejemplo, recientemente los medios de comunicación revelaron que el municipio de Quito mantiene embodegadas 296 bicicletas eléctricas, del programa BiciQuito.

La compra se realizó en el año 2015 por un valor de USD 800.000 y no fueron utilizadas porque no disponían de un dispositivo de rastreo. Es decir, se gastaron recursos sin ninguna utilidad. Sin embargo, en este caso la Contraloría no actuó, a pesar de ser un hecho público.

En cambio, en el informe final de auditoría DNA1-0031-2019, la Contraloría estableció que la extinta Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, mantuvo embodegados en Esmeraldas, y sin prestar utilidad, equipos tecnológicos de monitoreo por un valor de USD 227.854.

Según explicación del entonces Director de Tecnología la SUPERCOM, los equipos dejaron de funcionar tras el terremoto del 16 de abril de 2016. La Intendencia Zonal se cambió de edificio y no contó con presupuesto para reinstalar la infraestructura tecnológica, es decir cableado estructurado, cableado eléctrico regulado y no regulado, data center, networking y telefonía IP.

Para la reinstalación se requerían USD 45.390, recursos que fueron solicitados para el presupuesto del año 2017, pero fueron negados por el Ministerio de Finanzas.

Ese argumento fue rechazado por el equipo auditor de Contraloría, que ratificó en su informe final una supuesta afectación al Estado por no dar uso a los equipos.

El Informe está en manos del Departamento de Predeterminaciones, que deberá establecer responsabilidades de los funcionarios. En este caso, el organismo de control actuó de oficio.

La Contraloría determinó glosas por USD 900 millones en el año 2018, y USD 757 millones en el 2019, la mayoría en contra de exfuncionarios que colaboraron en el Gobierno pasado.

A nivel internacional, la acción judicial en el Ecuador no ha gozado de credibilidad y ha sido considerada en varios casos como persecución política, lo que se refleja en la negativa de la Interpol de dar paso a la detención de exfuncionarios como el expresidente Correa, el excanciller Ricardo Patiño, y el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, entre otros.

 

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