miércoles, mayo 18, 2022
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Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde Jorge Yunda por compra de pruebas PCR para el Municipio

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Además, la entidad solicitó que se llame a juicio a todos los procesados por el presunto delito de peculado.

Punto Noticias.- Tras concluir con el dictamen acusatorio y posterior anuncio de la prueba por el delito de presunto peculado, el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, solicitó la prisión preventiva para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y para los otros 13 procesados pidió que se ratifiquen las medidas cautelares que están vigentes.

El anuncio lo hizo ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya, quien está a cargo de la audiencia preparatoria de juicio que se reinstaló este martes 27 de abril.

Santillán justificó su pedido en contra de Yunda, debido a que de esta investigación se derivarían otras que involucrarían directamente al burgomaestre, a su hijo y otros familiares.

Durante la jornada, el fiscal Santillán concluyó con la presentación del dictamen acusatorio y solicitó al juez Jhayya que todos los procesados sean llamados a juicio.

Esto fue previo a dar paso al anuncio de la prueba en la que la Fiscalía sustentó su tesis de que hubo irregularidades en la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de la Covid-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito a la empresa Salumed S. A. a un costo de 4,2 millones de dólares.

Según la Fiscalía, el contrato no habría cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas, pero a pesar de ello se habría aceptado el producto.

Ayer, el juez Jhayya determinó la validez del proceso y dio paso a la Fiscalía para la presentación de su dictamen acusatorio.

Hasta pasadas las 20:00, el fiscal Santillán presentó su dictamen contra 10 de los 14 procesados en esta causa y en la jornada de hoy completó su acusación.

En este día, Santillán acusó a Daisy Sandra H. F., administradora del contrato firmado con Salumed S. A., como presunta coautora del delito de peculado. Su acusación la sustentó debido a que la procesada tenía como responsabilidad vigilar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.

También acusó a Erik Romey A. V., excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud del Municipio, como presunto coautor del delito de peculado.

El funcionario tenía entre sus obligaciones la asesoría y vigilancia del cumplimiento de las cláusulas del contrato firmado con la empresa.

A esta lista se sumó el dictamen acusatorio contra Jéssica Paola C. V., encargada de compras públicas de la Secretaría de Salud, como presunta coautora del delito de peculado por haber inobservado la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La funcionaria tenía a cargo la recepción de las ofertas de los proveedores y la revisión de sus cotizaciones.

El dictamen acusatorio también alcanzó a Marco Antonio R. V., coordinador jurídico de la Secretaría de Salud del Municipio, como presunto coautor del delito de peculado.

La Fiscalía señaló que el procesado efectuó acciones que coadyuvaron a la vigencia y posterior terminación del contrato por mutuo acuerdo, cuando debió haber asesorado con la terminación unilateral por no cumplir con las especificaciones técnicas.

La diligencia fue suspendida por el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, la cual se retomará a las 15:00 para que las defensas técnicas de los procesados intervengan.

Fuente: Fiscalía, redes sociales

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