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Entre los Gobiernos de Moreno y Lasso suman más de 100 PPL muertos en las cárceles

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Desde 2009 hasta este momento se contabilizarían 277 muertos. Exautoridades vinculadas al Gobierno de Lenín Moreno reconocieron ya en marzo la falta de una política integral de rehabilitación social. Y en estos casi dos meses del Gobierno de Guillermo Lasso ya serían 24 los fallecidos. 

Punto Noticias.- Los disturbios registrados este miércoles 21 de julio en la Penitenciaría del Litoral y en la cárcel de Cotopaxi recordaron los hechos violentos de febrero pasado y dan cuenta que aún falta por implementarse una política integral para una real rehabilitación social en los centros carcelarios del país.

La custodia de las cárceles por parte de los guías y de la Policía Nacional durante el Gobierno de Lenín Moreno y la reubicación de los presos no fue suficiente. Incluso, el entonces comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, reconoció -en marzo de este año- ante el Pleno de la Asamblea Nacional, que las frecuentes crisis carcelarias, los amotinamientos y la violencia, visibilizan el desorden de la política pública o, tal vez, la falta de esta en la seguridad penitenciaria.

Solo en febrero de 2021, se confirmó la muerte de 78 privados de la libertad, luego de los amotinamientos en cuatro centros penitenciaros. Situación que fue calificada de masacre por la forma en la que aparecieron los cuerpos desmembrados de los internos en los patios.

Hasta agosto de 2020, según reportes de medios de comunicación, se hablaba de casi 30 asesinatos de personas privadas de la libertad. Dos hechos que se recuerdan más es el de dos presos que fallecieron en la cárcel de Cotopaxi durante una riña en junio de ese año y otros dos en ese mismo centro penitenciario en agosto.

A ese número de fallecidos se sumó en abril de este año dos más de la cárcel El Rodeo, en Manabí. Con el que se haría un estimado de 110 desde 2020 hasta abril 2021 cuando estaba al frente el régimen de Moreno.

Y a punto de que Guillermo Lasso cumpla dos meses en el Gobierno serían aproximadamente 24 internos fallecidos. Uno murió el 29 de mayo en la cárcel El Rodeo y una interna -a inicios de mes- en la cárcel de mujeres en Guayaquil.

Los 22 muertos de ayer corresponden 14 a la cárcel de Latacunga y ocho a la Penitenciaría.

Toda esta radiografía sobre las muertes de privados de la libertad apenas es una muestra de la situación de las cárceles.

El 19 de marzo de 2021, el entonces ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, y el comandante de la Policía, Patricio Carrillo, entregaron en la Asamblea Nacional un informe actualizado sobre la situación de las cárceles.

Ese día Martínez manifestó que el hacinamiento en el sistema penitenciario está al 30% a escala nacional y que “construir nueva infraestructura o aprobar indultos son decisiones que toman tiempo”.

Carrillo detalló que desde 2009 hasta el 2021 se registraron 251 fallecidos en las cárceles del país en 55 amotinamientos, siendo los más graves los sucesos del 23 de febrero pasado.

A estos datos oficiales que fueron de 2009 hasta marzo de 2021 si se les suman los casos de abril, mayo y de este mes se contabilizarían un total de 277 muertes de privados de la libertad.

Para Ramiro Rivadeneira, exdefensor del Pueblo, en 12 años cree que la cifra podría ser más alta, tomando en cuenta que en estos siete meses de 2021 ya son más de 100 muertos.

Consideró que lo pertinente es ejecutar una política integral de rehabilitación social.

Dijo que desde el 2016, la cifra de fallecidos fue creciendo y es una muestra de que hubo un vacío en la política social al interior de los centros carcelarios.

Si bien mencionó que esa política más ha sido destinada a la seguridad debe también acoger otras aristas como la educación, la productividad, la salud, entre otras, en función de los derechos humanos que estas personas también tienen.

Puntualizó que solo con esa política integral se podría frenar más muertes al interior de las cárceles, ya que se debe tomar en cuenta que las muertes reportadas en este año se dan de forma simultánea en distintos centros penitenciarios, lo que significa que existe una comunicación entre ellos.

Aclaró que esto implica una urgencia de establecer una política que no solo sea seguritista o de implementar estados de excepción que no han dado resultados.

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