lunes, julio 4, 2022
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En este año aumentaron las amenazas a fiscales y jueces que investigan actos de corrupción

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Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos son las provincias con el mayor número de funcionarios judiciales intimidados. 

Punto Noticias.- Un total de 28 fiscales han sido amenazados o intimidados en lo que va de este año por investigar actos de corrupción. Así lo confirmó Anahí Briceño, directora del Sistema de Protección de la Fiscalía.

Según esa dependencia, las amenazas a los fiscales se incrementaron cuando se aperturaron 120 investigaciones por actos de corrupción, en su mayoría, relacionadas con la compra y venta de insumos médicos.

La cifra de los 28 fiscales amenazados es la más alta en los últimos cinco años. Desde el 2015, la Fiscalía ha reportado cada año un promedio de nueve investigadores amenazados. Estos funcionarios también fueron incluidos en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Lo mismo ocurre con los jueces que reciben intimidaciones.

Entre el 2019 y lo que va de este año, 20 magistrados a escala nacional también recibieron protección.

El último caso que se hizo público fue el de un juez de Guayaquil que conoció un proceso por un presunto delito de delincuencia organizada. Tres sospechosos le dijeron al magistrado que “tiene tres opciones” para actuar con uno de los procesados o se debía “atener a las consecuencias”.

En este caso, el abogado del imputado aseguró que esas amenazas no estaban ligadas a su cliente. Sin embargo, tras conocer la alerta, el Consejo de la Judicatura activó el protocolo de seguridad para el juez.

Para ello, se efectuó un requerimiento al Ministerio de Gobierno con el fin que disponga a los policías que le brinden seguridad.

En 2019, una jueza de Guayas fue emboscada por un auto y dos motos, cuando salía del trabajo. Uno de los sospechosos le apuntó con un arma de fuego, la insultaron y luego huyeron. Este hecho ocurrió un día después de que la magistrada llamó a juicio a tres procesados por tráfico de drogas.

Durante un año, tres agentes la custodiaron y fue trasladada a otra unidad judicial como una medida de protección.

El artículo 17 del Reglamento de Actividades de Protección Pública de la Policía menciona que los agentes brindarán seguridad a los funcionarios que corren riesgo por seis meses y se puede renovar por un año.

En abril de 2019, a una jueza de Pichincha que estaba a cargo de la desaparición del joven David Romo le asignaron un agente debido a que a su WhatsApp le llegaron mensajes como “actuará pensando en el duro trabajo de investigación” y “estamos pendientes de ti”.

De igual manera, le pasó a una fiscal de Quito en 2019 que le tocó tramitar un caso de una banda que se dedicaba al robo en los exteriores de bancos.

Un caso similar le ocurrió a una fiscal de género de Latacunga luego de imputar a dos personas por el delito de violación contra una menor de edad.

Por todos estos casos, las provincias con el mayor número de funcionarios judiciales amenazados son: Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos.

Fuente: El Comercio, redes sociales

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