jueves, septiembre 16, 2021
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Empresas con grandes capitales despiden a trabajadores sin pagar indemnizaciones

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Trabajadores no aceptan irrisorias liquidaciones y presentan acciones legales

LOS PERIODISTAS

La emergencia sanitaria por el Covid-19 ha dado paso, según denuncias, a una serie de atropellos por parte de empresas, que han decidido despedir a sus trabajadores.

Los empresarios aducen caso fortuito o fuerza mayor, contemplado en el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, para no cancelar indemnizaciones a sus empleados.

Uno de los casos más recientes fue el de Segundo Aguila, quien después de haber trabajado durante 39 años como chef en el Grand Hotel Guayaquil, fue notificado con el cese de funciones.

En el acta de finiquito se estableció una liquidación de USD 378,32, valor que corresponde a la remuneración de los días laborados en el último mes, vacaciones y proporcionales de la décima tercera y cuarta remuneración.

Este caso fue denunciado en redes sociales y debido a la presión pública, la empresa se vio obligada a llegar a un acuerdo extrajudicial, explicó una de las hijas del extrabajador.

Grand Hotel Guayaquil no ha pagado impuesto a la renta desde el año 2009 y sus accionistas son Peder Jacobson y la empresa Corpthor S.A, que en conjunto han sacado del país cerca de 4 millones de dólares, desde el año 2017, según el Servicio de Rentas Internas.

Otro caso es el de Marcelo Paredes, quien después de trabajar 22 años como jefe de meseros en el Café de la Vaca, fue notificado de su despido por un mensaje de WhatsApp. La liquidación que le pretendieron entregar fue de 284 dólares, lo que no fue aceptado.

Presentó una demanda en el ministerio de Trabajo en contra de los dueños del restaurante. Los accionistas de esta empresa son las hermanas María Sol y María del Carmen Guarderas Albuja, y Juan Andrés Espinosa Maldonado, este último también accionista de Pasteurizadora Quito.

Una situación similar enfrenta Jonathan Toledo, quien trabajó más de 10 años como ayudante de cocina en el restaurante Sport Bar S.A. En el acta de finiquito se fijó una liquidación de USD 278,71.

El gerente de esta empresa es el dirigente deportivo Esteban Paz, quien además es accionista de otras compañías como Esverglo S.A., dedicada a producción y comercialización de productos agrícolas; restaurante Sport Planet, inmobiliaria Inmomariscal S.A. y la importadora y exportadora de alimentos y bebidas Megan.

La empresa Edesa despidió el mes pasado a 327 trabajadores con la misma figura de caso fortuito o fuerza mayor. Esta fábrica tiene un capital de 19 millones de dólares, no pagó impuesto a la renta el año pasado, y en los últimos tres años sacó del país 15,2 millones de dólares.

Sus accionistas, según la Superintendencia de Compañías, son Inversiones Cisa, de Chile; y el Banco de Desarrollo del Ecuador.

Los afectados no aceptaron los valores de las liquidaciones determinados por la empresa por lo que presentaron demandas en el ministerio de Trabajo.

Pablo Morales, ex trabajador de Edesa, denuncia que son chantajeados por los abogados de la compañía, quienes les advierten que el juicio laboral durará al menos tres años y luego de ese tiempo recién podrán cobrar los montos demandados.

La fábrica de muebles Colineal desvinculó a 600 trabajadores, muchos de los cuales no aceptaron la liquidación propuesta e interpusieron acciones legales. Los accionistas son Roberto Maldonado Álvarez y los hermanos María, Karla, Paola y Roberto Maldonado Chávez.

La empresa pagó por impuesto a la renta en los últimos tres años más de 2 millones de dólares y registró en el mismo período 474.793 dólares por pago de impuesto a la salida de divisas, es decir sacó del país 9,4 millones de dólares.

En la lista también está la fábrica de caramelos Confiteca C.A., que despidió a 140 empleados. Cuenta con un capital de 15.8 millones de dólares, su gerente es el chileno Sebastián Montero Aguirre y como accionistas tiene a personas y grupos de Ecuador, Perú y de las Islas Vírgenes.

El abogado laboral, Fernando Ibarra, denuncia que hay empresas que aplican arbitrariamente la causal de fuerza mayor o caso fortuito, para evitar el pago de indemnizaciones.

Explica que esa figura es viable únicamente cuando una empresa cierra definitivamente sus operaciones, no de manera temporal.

Por esa razón, sostiene que los despidos actuales son intempestivos y por ende se debe cancelar la indemnización equivalente a un sueldo por cada año, más el 25 por ciento de sueldo por cada año por bonificación de desahucio, establecido en el Código de Trabajo.

Según el ministerio de Trabajo, en los últimos dos meses han sido despedidos alrededor de 150.000 trabajadores y según las proyecciones del sector productivo, podrían llegar hasta 700.000 en las próximas semanas.

Solo en 38.333 casos hubo mutuo acuerdo y 3.987 desvinculaciones fueron por terminación de plazo de contratos. La última cifra oficial sobre denuncias por despido intempestivo fue de 3.987, pero según organizaciones laborales superarían las 10.000.

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