martes, diciembre 7, 2021
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El Presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, al filo del abismo

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Por Pablo Dávalos

La Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, concluyó el 05 de noviembre de 2021, el Informe correspondiente al caso denominado “Pandora Papers”, con el fin de esclarecer la presunta vinculación del Presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, relacionada con el uso de empresas fantasmas en paraísos fiscales Esta investigación parlamentaria realizada por esta Comisión Legislativa se origina en la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, tomada el día 07 de octubre del año en curso, en la cual se requirió a esta Comisión legislativa realizar esta investigación “por ser un hecho de gran interés ciudadano que ha generado conmoción social”, según el argumento de la Asamblea Nacional y, de acuerdo con la ley, le otorgó el plazo de un mes para que lo concluya y lo presente al Pleno de la Asamblea Nacional para su correspondiente aprobación.

La Comisión, como puede constatarse, cumplió con el plazo establecido y entregó el respectivo Informe de Investigación. En este Informe la primera recomendación que establece esta Comisión es determinante: “Que en conformidad con el artículo 130 numeral 2 de la Constitución y ante las graves violaciones al Código de la Democracia en lo relativo al financiamiento de campaña y a la continuada violación al artículo 4 de la Ley del Pacto Ético se determina el incumplimiento constitucional del Presidente de la República por grave crisis politica, conmosión (sic) e inobservancia interna del mandato popular sobre paraísos fiscales”. Esto quiere decir que, de acuerdo a la Investigación Parlamentaria, el Presidente del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, estaría incurso en las causales de destitución previstas por la Constitución y la ley.

La Comisión, además, recomienda la comparecencia inmediata del Presidente de la República al Pleno de la Asamblea Nacional y pone en marcha toda la maquinaria del Estado para la investigación plena, no solo de incumplimientos a las disposiciones electorales, sino a otras leyes cuya infracción configurarían delitos de defraudación fiscal y testaferrismo tanto para el Presidente de la República, cuanto para su esposa y sus hijos.

La Comisión determinó en su investigación que el Presidente Guillermo Lasso Mendoza, es la cabeza de un holding denominado Corporación MULTIBG S.A., propietaria de las acciones del Banco de Guayaquil y también, a través de esta corporación, de un entramado de empresas off shore e inversiones en fideicomisos en paraísos fiscales en diversas partes del mundo. Él, su esposa y sus hijos, son los dueños casi absolutos de las acciones de esta Coporación MULTIBG S.A., por lo tanto los movimientos de esta corporación en sus inversiones off shore, en conformidad con el régimen de gobernanza empresarial establecido en la Ley de Compañías del Ecuador, no pueden realizarse sin el consentimiento de la mayoría de los accionistas, en este caso, del propio Guillermo Lasso Mendoza. Esto quiere decir que cualquier decisión que adopte este grupo económico hasta la presente fecha, debe contar con la aquiescencia y conocimiento de su principal accionista, Guillermo Lasso Mendoza.

El hilo conductor de la Comisión Legislativa tiene que ver con una sucursal del Banco de Guayaquil, creada en Panamá, en el año 2007, con el nombre de Banco de Guayaquil-Panamá. Como se conoce, Panamá es reconocido a nivel mundial por ser un paraíso fiscal y, de hecho, así también lo establecen las leye ecuatorianas. Ahora bien, por ser el eje conductor de la investigación, quizá sea necesario detenerse en esta off shore del grupo económico Corporación MULTIBG S.A:

En el año 2007 el grupo económico liderado por Guillermo Lasso Mendoza, crea Banco de Guayaquil-Panamá. En el año 2011 cambian su nombre por BANISI. El 4 de diciembre de 2012 constituyen BANISI HOLDING S.A., y al año siguiente trasladan a este Holding el 100% de las acciones de BANISI. De otra parte, para el año 2020 se comprueba que el grupo económico dirigido por Guillermo Lasso Mendoza, había creado el fideicomiso PIETRO OVERSEAS, para que sea quien asuma la propiedad directa del 47,27% de BANISI HOLDING S.A., y, de otro lado, a través de BANDERILLA CAPITAL GROUP, se controlaba el 51% de BANISI HOLDING S.A. El propietario de las acciones de PIETRO OVERSEAS, es BARBERINI FOUNDATION, cuya propiedad también pertenece al grupo económico Corporación MULTIBG S.A. El 10 de septiembre de 2020, la propiedad de BANISI fue trasladada BANISI INTERNATIONAL FOUNDATION, de propiedad del grupo económico dirigido por Guillermo Lasso Mendoza. Como puede advertirse, y esto es solo un ejemplo de tantos, la telaraña de fideicomisos y compañías LLC es densa, complicada y totalmente opaca.

El día 3 de noviembre de 2021, el abogado Eduardo Carmigniani, como procurador oficial del Presidente Guillermo Lasso Mendoza, envía una carta al Presidente de la Comisión Parlamentaria que lleva adelante la Investigación sobre la relación entre los Pandora Papers y Guillermo Lasso Mendoza, Fernando Cabascango, en donde expresa lo siguiente:

“… la Superintendencia de Bancos de Panamá, confirma en relación con la resolución con la que esa entidad autorizó, el 10 de septiembre de 2020, “el traspaso del 47,27% de las acciones emitidas y en circulación de BANISI HOLDING, S.A. … … a favor de BANISI INTERNATIONAL FOUNDATION”, que: “Dicha resolución fue notificada … el 10 de septiembre de 2020 y … quedó ejecutoriada y en forme para todos los efectos de esta Superintendencia, luego de transcurridos los cinco (5) días hábiles de su notificación …” Queda en esa forma, expresa el abogado Carmigniani, tajantemente desvirtuada la maliciosa insinuación que se ha hecho públicamente, en el sentido que la referida autorización, expedida y notificada el 10 de septiembre, (resaltado por Carmigniani) recién habría surtido efectos legales con su publicación en la Gaceta Oficial de Panamá, el 19 de octubre de 2020”.

La “maliciosa insinuación”, a la que hace referencia Carmigniani, tiene que ver con el hecho que varios legisladores habrían manifestado que la inscripción oficial de la candidatura de Guillermo Lasso, no cumple con los requisitos de ley, porque estaría incurso en las prohibiciones que al efecto establece la Ley de Pacto Ético del año 2017 que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular (y funcionarios públicos), tener inversiones en paraísos fiscales. La decisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá corre desde el 10 de septiembre de 2020, según Carmigniani, mientras que, para varios legisladores, corre desde su publicación en la Gaceta Oficial de Panamá del 19 de octubre de 2020. Esto nulitaría de hecho y derecho la candidatura de Guillermo Lasso.

Sin embargo, más allá que el procurador oficial del Presidente Guillermo Lasso trate de escamotear unos cuantos días para afirmar la legalidad de la inscripción de la candidatura, el hecho cierto es que Guillermo Lasso Mendoza, hasta fines del año 2020, tenía participación accionaria en una off shore en un paraíso fiscal, lo que significa que habría engañado al país y a sus electores en las elecciones de 2017, así como en el proceso de primarias y de designación de candidatos en el año 2020. Hay que recordar que los tiempos electorales corren desde que se convocan oficialmente las elecciones por el Consejo Nacional Electoral. Además, este hecho no desvirtúa en absoluto la propiedad que tiene el grupo económico de Guillermo Lasso Mendoza en varias off shore y compañías de responsabilidad limitada (LLC) en varios paraísos fiscales en el mundo. Solo confirma lo que la filtración de Pandora Papers ya había realizado.

Esta jugada de último minuto, en vez de favorecer al Presidente Guillermo Lasso Mendoza, más bien lo evidencia y lo debilita ética y jurídicamente. Demuestra que, efectivamente, tiene inversiones en varios fideicomisos en paraísos fiscales y que, por tanto, ha evadido impuestos, y que ha engañado a sus electores y al país en, al menos dos ocasiones, en 2017 y en 2020.

La conclusión, recomendación y resolución de la Comisión Legislativa encargada de esta investigación, por tanto, se valida, se justifica y se legitima, por declaración expresa del propio apoderado del Presidente de la República. Si bien el informe es engorroso, a veces redundante, barroco en la presentación de datos, como si el exceso quisiera cubrir cualquier punto de fuga en su argumentación, e incluso presenta faltas de ortografía, también es cierto que las conclusiones son contundentes y que su propuesta de resolución le deja al gobierno de Guillermo Lasso contra las cuerdas. Es un informe con consecuencias políticas serias, en el que las formas se subsumen a su contexto.

La Comisión Legislativa encargada de esta investigación, presenta en este Informe un entramado de inversiones en paraísos fiscales que se extienden como una especie de red neuronal a través de varios nodos en varios paraísos fiscales del mundo y por varios años. La mayor parte de estos nodos se certifican y comprueban por la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, en la filtración de los Pandora Papers. Otros nodos se certifican por las leyes nacionales, como por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales de Guillermo Lasso Mendoza y su esposa María de Lourdes Alcívar, en donde exponen de forma detallada los nombres y las fechas de varios fideicomisos en paraísos fiscales, o también las actas de las sesiones de las juntas generales y ordinarias de accionistas de la Corporación MULTIBG S.A. Otros, como la anterior cita de la carta enviada por Carmigniani, los certifica el propio presidente Guillermo Lasso Mendoza.

Entonces, es un hecho de una evidencia incuestionable que el Presidente Guillermo Lasso Mendoza, como principal accionista tanto de la Corporación MULTIBG S.A., cuanto del Banco de Guayaquil, ha tejido en estos años, una densa y compleja red de inversiones en fideicomisos y empresas de responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés), con el propósito de evadir impuestos, ocultar ingresos, y soslayar responsabilidades tributarias tanto para él cuanto para su familia. Por ejemplo, la investigación parlamentaria, demuestra que su esposa María de Lourdes Alcívar, a pesar de poseer varios fideicomisos y rentas, no ha pagado absolutamente nada en impuestos a la renta en el Ecuador. La misma situación con sus hijos.

Sin embargo, desde el gobierno, y desde varios abogados, políticos y medios de comunicación que son sus aliados, ahora han generado una línea discursiva que tiene los siguientes argumentos: (i) se desconoce la calidad legal de la Comisión Parlamentaria para realizar esta investigación por cuanto el mecanismo legal pertinente sería la Contraloría General del Estado, por tanto el gobierno no acepta ni sus conclusiones ni sus recomendaciones; (ii) la investigación parte de un prejuicio ex ante de declarar culpable al Presidente Guillermo Lasso Mendoza de estar relacionado con inversiones en fideicomisos y empresas LLC en paraísos fiscales, con el fin de vincularlo a los incumplimientos previstos en la Ley de Pacto Ético y, por tanto, proceder a su destitución, sin que el Presidente pueda demostrar su inocencia ante la Asamblea que ya tendría lista su decisión; (iii) Este informe, en realidad, es un intento de golpe de Estado, cuyo eje de articulación estaría en el ex Presidente Rafael Correa y su bloque de asambleístas, UNES, que quieren volver al poder para evitar la fiscalización a su periodo de gobierno; (iv) el Informe de la Comisión Legislativa no es riguroso, y es una mezcla de datos de prensa que aún deben ser verificados, y no tiene ningún hilo conductor ni ninguna lógica interna, sino una suma de ex abruptos ideologizados y sin ningún dato vinculante; (v) la Asamblea está por excederse en sus prerrogativas constitucionales porque no existe ningún ambiente de conmoción social que justifique la destitución presidencial tal como lo establece la resolución presentada.

El problema para el Presidente Guillermo Lasso Mendoza es que esta línea narrativa no le crea ningún espacio de maniobra social y tampoco le permite sumar aliados dentro de la Asamblea Nacional. Es una lectura simple que no toma en cuenta el complejo e intrincado contexto. Es pura retórica sin ninguna capacidad de incidencia real sobre quienes toman las decisiones claves.

En efecto, al deslegitimar a la Asamblea Nacional, a la Comisión Legislativa que realizó el Informe y al propio Informe de Investigación, se pone en una línea de confrontación directa con la legislatura, en un contexto en el que apenas controla el 20% de los votos (se incluyen los votos de los asambleístas independientes y que supuestamente votarían con el gobierno).

Tampoco le permite crear espacios de confluencia con la ciudadanía, porque este informe legislativo tiene que tratarse justo en el momento en el que el Presidente Guillermo Lasso Mendoza ha enviado una propuesta de carácter económico urgente para golpear a la clase media con más impuestos, al mismo tiempo que ha enviado una proforma presupuestaria que presenta la reducción más agresiva en gasto fiscal de las últimas décadas, más 4% del PIB en recortes al gasto corriente y disminuye de manera dramática y radical el presupuesto para universidades, para la educación, salud, inclusión social, administración de justicia, entre otros sectores golpeados por el ajuste fiscal.

Precisamente por ello, la credibilidad del Presidente Guillermo Lasso Mendoza, está en caída libre. No solo eso, sino que ha generado declaraciones tan contradictorias, como por ejemplo, justificar la violencia y el genocidio de la conquista europea de 1492, con una metáfora absurda de una madre que castiga a sus hijos para corregirlos y, además, suscribir una Carta de apoyo a VOX, un partido político que representa a la extrema derecha de España y que ha sido sometido a decisiones judiciales en ese país por xenofobia, racismo, machismo, corrupción y violencia. Con ese tipo de decisiones, los únicos apoyos que puede suscitar provendrían de los sectores de la extrema derecha que, en el Ecuador, son minoritarios.

No obstante, el escenario político se complica aún más para el Presidente Guillermo Lasso Mendoza, porque tiene que hacer frente a las movilizaciones sociales encabezadas por el líder indígena Leonidas Iza, presidente de la CONAIE. En primera instancia, el Presidente Guillermo Lasso Mendoza, había negado la capacidad de interlocutor político a Leonidas Iza acusándolo de golpista y de violento, pero luego, ante el complejo entorno que le rodea, decidió retractarse de esas declaraciones e invitarlo a dialogar.

¿Cuáles son, entonces, los escenarios políticos que se configura en este momento? Un primer escenario es suponer que el Presidente de la República podría acudir al artículo 148 de la Constitución que le permite disolver la Asamblea Nacional, y gobernar vía Decretos-Leyes hasta las siguientes elecciones que serían inmediatas. Ahora bien, si el Presidente disuelve la Asamblea ¿esto resuelve el problema? En realidad no. Lo único que hace es posponerlo y agravarlo. En efecto, el Presidente de la República ha demostrado una lealtad a toda prueba a los compromisos con el FMI y que se traducen en duras medidas de ajuste fiscal para una población golpeada por la pandemia, la recesión y el desempleo. Su agenda contempla un agresivo plan de privatizaciones y desregulación de los mercados, con una reducción radical del gasto fiscal. En ese contexto, sus Decretos-Leyes le confrontarían directamente con organizaciones sociales cuya capacidad de movilización nadie pone en duda. Es decir, se generaría un ambiente de enfrentamiento social como telón de fondo para las siguientes elecciones que son casi inmediatas a la disolución de la Asamblea Nacional. En ese contexto, la derecha política tendría pocas posibilidades de ganar las elecciones y, más bien, las pone a dirimir entre el movimiento indígena y la revolución ciudadana, es decir, el peor de los escenarios para la derecha y las elites.

Un segundo escenario es la comparecencia del Presidente de la República a la Asamblea Nacional lo que significaría el inicio del fin de su régimen y probablemente nunca se dé. Si comparece a la Asamblea, la posibilidad de su enjuiciamiento político puede ser inminente. Empero, para que esto suceda se necesita que la resolución de la Comisión que investigó la relación de Guillermo Lasso Mendoza con los Pandora Papers sea aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional. Se necesitan 70 votos para ello. ¿Existen esos votos? Problablemente sí. Votarían por esa resolución, UNES, probablemente el partido Social Cristiano, ex aliado del régimen. La duda está en los votos del movimiento indígena Pachakutik (PK) y en los votos del partido centrista Izquierda Democrática. Si PK decide aprobar la resolución, el Presidente Guillermo Lasso no tiene ninguna posibilidad de escapatoria y su destitución solo sería cuestión de cronograma. Los votos de la ID solo darían más peso a esta decisión.

En cambio, si PK se divide y sus votos no alcanzan para la aprobación de esta resolución, y el Presidente Guillermo Lasso Mendoza sale indemne, la reconfiguración del espacio político es inminente e inmediata. UNES desalojaría del espacio de izquierda a PK, que tendía que ir del centro hacia la derecha y UNES se convertiría en el único opositor del régimen desde la izquierda. PK se habría suicidado políticamente y sus electores recordarían que fue gracias a sus votos que Guillermo Lasso pudo salvar, en esa coyuntura, su presidencia. PK probablemente nunca más podría reeditar su presencia electoral en la Asamblea Nacional y volvería a ser un partido marginal y ubicado, en el imaginario social, del centro hacia la derecha, aunque su retórica sea de izquierda y de resistencia social.

Pero si se produce esta situación, quien acusaría también el golpe político sería la organización social CONAIE, quien no tendría argumentos para una agenda nacional y que tendría que buscar la forma de recomponerse políticamente ante la actuación de su bloque de asambleístas. Corre el riesgo que el hundimiento de su partido político también lo arrastre. Por ello, la hipótesis que PK pueda salvar al gobierno no es tan plausible, aunque es cierto que PK suscita muchas dudas por su comportamiento político tan errático y contradictorio.

Por otro lado, es evidente que el partido Izquierda Democrática se desplaza cada vez más hacia la derecha, lo que no sería una sorpresa si ese partido vota a favor de salvar al Presidente Guillermo Lasso Mendoza. Empero, con esa decisión, sus opciones electorales a futuro se acotarían de forma importante y dejaría de convertirse en un actor dirimente de la política nacional.

En todo caso, incluso de producirse cualquiera de estos escenarios, está el vector de la movilización social. Más allá de los impasses dentro del sistema político, están las organizaciones sociales que resienten cada vez más del ajuste neoliberal impuesto por el gobierno. Ellas tienen su propia agenda que no necesariamente coincide con aquella del sistema político. Y son organizaciones que están dispuestas a la movilización nacional y de largo aliento para detener una deriva de ajuste neoliberal que consideran, con justa razón además, brutal. Si el sistema político no destituye a Guillermo Lasso Mendoza como Presidente, entonces serían las organizaciones sociales del Ecuador las que asumirían la resolución de ese conflicto. De hecho, ya lo han realizado en varias ocasiones.

Con todo ese contexto, se puede indicar que las hipótesis planteadas sobre la imposibilidad que el gobierno de Guillermo Lasso pueda terminar su periodo y que se abra un ambiente de conflicto y transición, son altamente plausibles. El Presidente Guillermo Lasso Mendoza se enfrenta al abismo y todo indica que tiene pocas posibilidades de eludirlo.

Tomado del blog de Pablo Dávalos

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