viernes, agosto 19, 2022
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¿El paraíso fiscal del alcalde Guarderas?

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Por Andrés Durán  

El aluvión que cobró la vida de 28 ciudadanos dejó al desnudo al Alcalde de la capital. En redes sociales se le adjudicaba la construcción del cenizario Urkupamba a la Inmboliaria Coppa y Pi S.A, de la cual Guarderas es uno de los principales accionistas.

Lo cierto es que se trató de una campaña de desinformación. Guarderas no posee ningún vínculo con la Sociedad Civil Anónima Urkupamba, según la Superintendencia de Compañías. El encargado de la construcción es Juan Sebastián Corral Aguilar el mismo que selló el contrato con el gerente de Urkupamba, Andrés Carrasco, el 5 de febrero de 2020.

-CONTRATO CENIZARIO DE URKUPAMBA-

Sin embargo, la imprudencia y mala fe de varios internautas y medios digitales lo liberó a Guarderas de una carga enorme: los trapos sucios de un presunto entramado offshore. ¿Cuál es su relación con la Inmobiliaria Coppa y Pi S.A.?

La inmobiliaria del Burgomaestre comenzó sus actividades en 1996, en la capital de los ecuatorianos, de la mano de uno de los más fieles simpatizantes del febrescorderismo, Alejandro Ponce Martínez, exdirector jurídico de la Presidencia de León Febres Cordero y Ministro Interino de la Corte Superior de Quito.

-FECHA DE CONSTITUCIÓN Y ACCIONES INMOBILIARIA COPPA Y PI S.A.-

Ponce Martínez fue tan fiel al difunto político, que en una reseña biográfica lo calificó de esta manera: “el presidente León Febres Cordero, quien ocupa uno de los lugares más importantes en la historia del Ecuador (…) no sólo por su trascendente gestión como presidente, como legislador y como alcalde de Guayaquil, sino también por su continua presencia orientadora en el manejo de la política del Ecuador, en la búsqueda de mejores destinos para el país, con una ideología clara y transparente”.

De esta cuna proviene el alcalde Guarderas, de la cantera más radical del Partido Social Cristiano.

Lo llamativo es que en dicha inmobiliaria figura una empresa extranjera llamada Quevedo y Ponce Incorporate, domiciliada en Panamá, territorio catalogado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una guarida fiscal.

Quevedo Ponce Incorporated es el máximo accionista de la Inmobiliaria, consta como inversionista extranjero, según la Superintendencia de Compañías. Su capital accionario representa los 3.965 dólares, seguido de otros tres ciudadanos de acciones mayoritarias, entre ellos, Guarderas.

El Alcalde posee 2.613 acciones de la Inmobiliaria Coppa y Pi S.A, lo que lo ubica en el cuarto lugar de posesión de dicha empresa, junto con su hermano, Ernesto Guarderas.

Lo escalofriante salta a la luz cuando se constata que la inmobiliaria Coppa y Pi S.A, su máximo inversionista extranjero Quevedo Ponce Incorporated y un estudio jurídico llamado Quevedo y Ponce están domiciliados en la misma ubicación: 12 de octubre y Lincoln.

En 2016 la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que estuvo a cargo del caso Pandora Papers, calificó a dicho estudio jurídico como intermediario offshore. ¿Y esto con qué se come?

Muy simple, se trata de “persona natural o jurídica (nacional o extranjera) que intermedia para la creación de empresas offshore, normalmente se trata de estudios jurídicos o profesionales de la misma actividad económica”, según el SRI.

¿Quiere decir que el Alcalde colaboró en un estudio jurídico que se dedicaba a la intermediación offshore, entre otras actividades? Lo realmente paradójico es que Guarderas también formó parte de este estudio jurídico.

El 23 de diciembre de 2010 el estudio jurídico Quevedo y Ponce registró a la empresa de inversión “extranjera” Quevedo Ponce Incorporated entre la nómina de socios de la inmobiliaria Coppa y Pi S.A, y sí, el nombre del Acalde que no sabe barrer saltó a la luz.

El apoderado de la empresa supuestamente domiciliada en Panamá, pero con las mismas oficinas del estudio jurídico y la inmobiliaria, es el discípulo de Febres Cordero, Alejandro Ponce. Casualmente, o, mejor dicho, causalmente, los dueños de esa inversión extranjera son los mismos dueños de la inmobiliaria.

Confuso, ¿no? A este fenómeno los expertos en tributación lo califican como el efecto matrioshka; una muñeca cubre a la otra; a la otra; a la otra y a la otra. Con la finalidad de evadir, eludir o blanquear capitales ilícitos. Aunque determinar la licitud o ilegalidad de los mismos corresponde a la Contraloría General del Estado.

Lo cierto es que Guarderas figura como accionista de la inversión extranjera directa llamada Quevedo Ponce Incorporated y al mismo tiempo de la Inmobiliaria. Aspecto prohibido por la Ley para la Aprobación de la Consulta Popular de 2017.

Aunque los gaznápiros redactores de la prensa oficialista encolericen su alma por esta revelación, el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno considera a esta información como no reservada porque contribuye a identificar la propiedad y las operaciones ecuatorianas con terceros, presuntamente ubicados en paraísos fiscales.

La cancha se inclina y la pelota se encuentra en el área de la Contraloría General del Estado y las autoridades fiscalizadoras. Al parecer Guarderas nunca supo barrer.

En la próxima entrega conocerás la baja tributación del presunto entramado offshore del Alcalde de la capital.

 

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