sábado, enero 22, 2022
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El Legislativo defiende a su presidenta en el caso de las glosas de Contraloría

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Un comunicado de la Asamblea Nacional señala que Llori fue víctima de persecución política, a pesar de lo cual demostró su inocencia.

Punto Noticias. Ante la difusión de información de Contraloría sobre exámenes realizados a varios legisladores, la Asamblea Nacional sostiene que los indicios de responsabilidad penal son meras presunciones que no constituyen certezas y peor aún sentencias de infracción alguna, mientras no se investiguen y, de encontrarse responsabilidad, se sancionen.

Un comunicado oficial de la institución defiende a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, de quien dice que cuando fue víctima de persecución política, en años anteriores, demostró su inocencia en todas las acusaciones que enfrentó, tal como con absoluta seguridad ocurrirá esta vez, adelanta.

Todo indicio debe pasar por etapas que exigen ser revisadas y analizadas por los operadores de los distintos niveles de justicia, garantizando los derechos de las partes, incluido el de apelación y de casación, bajo el principio de presunción de inocencia, señala la comunicación.

La Procuraduría General del Estado (PGE) determinó que la Contraloría General debe entregar la información sobre las glosas que tienen 32 asambleístas, pero los legisladores deberán mantenerla en reserva la información.

El martes 22 de septiembre, a la consulta que hizo el contralor subrogante, Carlos Riofrío, para atender los requerimientos de información de los asambleístas, el pasado 6 de septiembre, se pronunció la PGE.

“La Procuraduría concluyó que la Contraloría tiene la obligación de entregar a los asambleístas la información sobre las resoluciones definitivas en sede administrativa que determinan responsabilidades civiles y administrativas o indicios de responsabilidad penal, siempre que su requerimiento se motive en procesos de fiscalización y control político”, recogió un comunicado de la institución.

“Los asambleístas, de conformidad con la ley, deberán mantener la información bajo reserva”, determinó la PGE.

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