viernes, agosto 12, 2022
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El laberinto fantasma de Santiago Guarderas

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Por Andrés Durán 

Nuevos documentos destapan los vínculos del Alcalde con un paraíso fiscal. El estudio jurídico Quevedo y Ponce, la inmobiliaria Coppa y Pi y la empresa panameña Quevedo Ponce Incorporaded son los implicados.

Estas tres instituciones domiciliadas en la misma dirección: Lincoln y 12 de octubre son la aparente guarida fiscal de Santiago Guarderas.

Radio Pichincha tuvo acceso al historial societario de la compañía, a sus vínculos económicos y políticos; sus utilidades financieras y su relación con poderosas firmas panameñas especializadas en evasión y elusión fiscal.

El medio solicitó las impresiones del Alcalde pero hasta el cierre de esta investigación, la Secretaría de Comunicación del Municipio no respondió al pedido.

QUEVEDO PONCE INCORPORATED AL DESNUDO

Antes de crear la inmobiliaria, Guarderas y su hermano laboraban en el estudio jurídico Quevedo y Ponce, conocida como Fundación Antonio Quevedo hasta 1989. Históricamente, este estudio estuvo ligado a la asesoría legal de contratos privados para explotación petrolera.

De hecho, en 2007 esta firma defendió a la compañía City Oriente, quien demandó al Ecuador ante el Ciadi por USD 70 millones. Quevedo y Ponce también representó a Chevron en el año 2014.

Es hasta 1996 que la inmobiliaria Coppa y Pi salta a la escena, en primera instancia, con seis accionistas mayoritarios, entre ellos, Santiago y su hermano, Ernesto Guarderas.

En 1999 una empresa panameña cambia su nombre, pasa de Hargab International Corporation a Quevedo Ponce Incorporated. Hargab había sido creada el 21 de abril de 1977, presuntamente asociada a la Fundación Antonio Quevedo.

Lo llamativo del caso es que los accionistas de la empresa panameña son los mismos dueños de la inmobiliaria Coppa y Pi; es decir, Guarderas, su hermano y varios abogados del estudio jurídico Quevedo y Ponce.

Pese a que la registran como inversión extranjera directa, un documento del 22 de enero de 2015 revela que en las manos de Guarderas reposaban 96 acciones de la empresa panameña. El papel cuenta con los sellos del Registro Público y las apostillas del gobierno de Panamá.

¿Por qué se registró como inversión extranjera a la empresa panameña, si en la práctica los dueños eran los mismos accionistas ecuatorianos de Coppa y Pi?

La finalidad es muy simple, el art. 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno indica que los inversionistas extranjeros de compañías nacionales están exentos del impuesto de la retención de dividendos. En palabras más simples, para el abogado y experto en tributación, Carlos Pontón, este es un caso de aparente elusión fiscal.

AUDIO ENTREVISTA CARLOS PONTÓN

Pero no es el único documento. El 24 de noviembre de 2017 se certifica la existencia de Quevedo Ponce Incorporated. Dentro del papel aparece un dato escalofriante, el agente fiscal o residente de la empresa panameña es Arias Fabrega y Fabrega (Arifa).

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) denunció a Arifa en 2016. La firma jurídica creaba esquemas tributarios que tenían como finalidad la evasión de impuestos de sus beneficiarios, y se encontraba entre las cuatro más grandes de Panamá.

En ese año se determinó que 40 grupos económicos ecuatorianos tenían vínculos con las principales firmas jurídicas panameñas, así como intermediarios nacionales, entre ellos, destaca el estudio jurídico Quevedo y Ponce.

El 15 de febrero de 2022 Guarderas se rehusó a la posible creación de una comisión del cabildo que investigue su nexo con este paraíso fiscal. El burgomaestre increpó al concejal Luis Reina y le dijo que se refiere a un hecho anterior al ejercicio de sus funciones. Nada más falso.

El Alcalde, incluso, participó en la junta general de accionistas de la compañía Coppa y Pi Inmobiliaria S.A, el 30 de marzo de 2021, cuando aspiraba a convertirse en alcalde de la ciudad. El acta de la reunión cuenta con la firma del burgomaestre y desmiente su propia versión.

 

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Según el artículo 4 y 7 de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular de 2017, los funcionarios públicos que tengan vínculos directos o indirectos con bienes o actividades económicas domiciliadas en paraísos fiscales perderán su cargo o serán destituidos.

La Contraloría es el ente encargado de verificar la violación de la Ley. Tiene la potestad de acceder a información privilegiada: transferencias, movimientos u operaciones financieras que no fueron declaradas, así lo establece el artículo 5.

¿Para qué sirve una empresa fantasma si no es para esconder dinero?

El reciente informe de los Pandora Papers delató a ultramillonarios, políticos y celebridades que crearon esquemas jurídicos y tributarios para esconder sus tesoros.

Una investigación realizada por el académico Guillermo Oglietti y publicada en Celag, advierte que la evasión de impuestos en América Latina entre 1979 y 2014, representó 2 billones de dólares. El equivalente a toda la riqueza de Brasil y México juntos.

La pregunta que me asalta es: ¿cómo y cuánto declaró de utilidad e impuesto a la renta el tridente corporativo de Santiago Guarderas?

Coppa y Pi Inmobiliaria S.A pagó un impuesto a la renta de USD 21.123 los últimos 20 años, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Sin embargo, solo entre los años 2013 y 2017 la inmobiliaria tuvo un ingreso superior al millón de dólares, así lo confirman sus informes financieros.

Todo el dinero generado por la empresa se lo destinó a reserva económica. La compañía no registra el pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), a pesar de que su socio mayoritario es panameño.

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Desde su existencia, la inmobiliaria no detalló los balances de su actividad económica. Aunque su misión es el corretaje, la compra y venta de predios urbanos y rurales no se registra dicha labor en sus informes.

Por su parte, el SRI demostró que el estudio jurídico Quevedo y Ponce canceló la pírrica cantidad de USD 114 de impuesto a la renta en 20 años de existencia corporativa. Mientras que Quevedo Ponce Incorporated ni siquiera aparece en los registros del fisco.

La mayor de las sorpresas es que la inmobiliaria de Guarderas fue disuelta en el año 2019 por la Superintendencia de Compañías. Fue suspendida porque no publicó los informes financieros 2017 y 2018, violando los artículos 360 y 361 de la Ley de Compañías.

Increíblemente, Coppa y Pi fue reactivada el 28 de octubre de 2020, tras pagar un impuesto de USD 78. Los socios siguen siendo Guarderas y compañía.

Aunque suene irónico, una entidad de control está al tanto del presunto entramado offshore del Alcalde. La Superintendencia de Compañías notificó a Coppa y Pi Inmobiliaria por el incumplimiento de la Ley.

Desde el año 2020 la empresa no ha detallado la nómina de accionistas, no presentó el certificado de existencia legal, no consta la declaración juramentada de lo socios y no se registra el poder notariado por la sociedad extranjera, de nada más y nada menos, que de Quevedo Ponce Incorporated. Pero la panameña figura como accionista y dueño mayoritario.

Este es el laberinto fantasma que aqueja a Guarderas.

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