domingo, mayo 22, 2022
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El fantasma de la persecución política selectiva continúa en Ecuador

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Por Luis Ernesto Guerra

Pensamos que el cambio de régimen iba a sepultar la persecución política selectiva, a pesar de pertenecer a la misma corriente del neoliberalismo, vemos que es la continuidad y profundización de asimetrías, inequidades, e injusticia, de ensanchamiento de las brechas de la pobreza, de destrucción del tejido social, con un acelerado desmantelamiento de la institucionalidad y pisoteo recurrente al Estado de derechos.

Octubre del 2019, salta como una impronta tatuada en la indignación de un pueblo, que fue reprimido, por protestar en contra de la vulneración de derechos fundamentales, mediante la imposición de medidas arbitrarias de los multilaterales como el FMI, que continúan golpeando la inalcanzable canasta familiar de los sectores populares, que hoy permanecen flotando en las calles atrapados por desempleo y subempleo.

Octubre, generó 11 víctimas mortales, daño de glóbulos oculares, tortura, violentación de las soberanías de los cuerpos de mujeres, detenciones arbitrarias, el uso de granadas de gas lacrimógeno caducado, armamento letal, y una exministra, que actuó con mano de hierro, al más rampante estilo pretoriano, que fue censurada por Asamblea Nacional.

La Defensoría del Pueblo de conformidad a sus competencias constitucionales que son la defensa de los derechos humanos, conformó una Comisión de la Verdad, que corroboró informe emitido por la CIDH, de que hubo un excesivo uso de la fuerza por policía nacional.

Al respecto existe un sendo informe elaborado muy técnicamente y en derecho, guardando los cánones de instrumentos internacionales de derechos humanos, que tiene concordancia con los testimonios de testigos, familiares de las víctimas, de este nefasto acontecimiento, con un riguroso análisis de pruebas de laboratorio, que hoy pretenden invisibilizar y dejar en la impunidad.

A ello debemos sumar, el desastroso manejo de la pandemia de la Covid-19, que por cierto no ha pasado, con miles de ecuatorianos recogidos en las calles de Guayaquil en féretros de cartón. Algunas familias, todavía lloran a sus muertos, que no han aparecido.

Vinieron las vacunas VIP, para agnados y cognados de un ministro de salud, que hoy vive en Miami.

Empero, es casi inaudito que cuando la Asamblea Nacional concedió la amnistía a 268 luchadores sociales, entre los que cabe destacar a la prefecta de Pichincha Paola Pabón, al Parlamentario Andino, Virgilio Hernández y el activista Cristian González, inocentes de acusaciones fraudulentas, carentes de elementos de convicción, probatorios, tan sólo el odio, por ser militantes de la Revolución Ciudadana, así como dirigentes sociales pertenecientes a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE ) .

Ergo, volvieron las banderas negras, a levantar sus gritos de clara identidad oligárquica con un fin en mente de proselitismo político electoral, que se han autonombrado como los defensores de Quito y que tienen un odio feudal a otredades socioculturales y a los luchadores sociales.

En el umbral de la tercera década del siglo 21, espeluzna ver a politiqueros, a los que subyace la xenofobia, intolerancia y un comportamiento propio del traumático hecho colonial.

Recordamos que en 2015 los agitadores de esas banderaspor el impuesto que se intentaba poner a la Nutella y con gritos destemplados convocaban incendiar a Quito, cuando perdieron un proceso electoral.

Hoy han vuelto a despotricar en contra de la competencia constitucional de la Asamblea Nacional de conceder amnistía a luchadores sociales. Nos congratulamos por esa resolución, que no admite ningún fuero y amparo, ya publicada en el Registro Oficial.

El Título I. Elementos Constitutivos del Estado. Capítulo Primero. Principios Fundamentales en el primer párrafo del Artículo 1. Dice: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…

La soberanía radica en el pueblo” … (Constitución de la República del Ecuador).

En Quito confluye un gran tejido cultural e intercultural de lo que es el país, pero la ciudad está completamente huérfana de obras, ya no es extraño encontrase con abundantes baches, que son el resultado de tres administraciones municipales nefastas, ineptas e ineficientes.

A propósito, Quito no es una hacienda, ni es de propiedad de un grupo de politiqueros, que, en el preámbulo de cada proceso electoral, despiertan levantando banderas negras que representan el odio a otredades socioculturales y sociopolíticas, que irrumpen con su modelo retrógrado de pensamiento.

Quito, nos pertenece a quiteños de nacimiento, de corazón y todos los ecuatorianos que aman a esta libertaria ciudad.

La Empresa Pública Pichincha Comunicaciones, del Gobierno de la Provincia de Pichincha, a la que pertenece el medio público Radio Pichincha, nuevamente vuelve a ser perseguida selectivamente y es el caso específico al programa Bajo El Ocaso, conducido por dos periodistas profesionales como son: Adrián Acosta y Andrés Durán, a los que expresamos nuestra solidaridad, que hoy son perseguidos, por hacer periodismo investigativo, que cumple con todo el Código Deontológico y que dan cumplimiento a los preceptos contemplados en Ley Orgánica de Comunicación.

Informar con objetividad, pluralismo y profesionalismo, es lo que incomoda al representante del poder municipal.

Es totalmente absurdo, y fuera de toda la lógica jurídica, que mediante artimañas son convocados Adrián y Andrés, a una audiencia de juzgamiento de carácter penal, sin haberse dado cumplimiento al debido proceso como está determinado en la Constitución y Código Orgánico Integral Penal.

Ello nos permite inferir que nuevamente se ha activado una perversa agenda de persecución política a Radio Pichincha y a los dos periodistas.

Se está vulnerando la libertad de expresión, el derecho que tenemos todos y todes a estar informados/es.

Quieren callar la libertad de expresión. No lo van a conseguir. Es notoria y visible la falta de garantías del debido proceso.

Denunciamos ante la comunidad ecuatoriana e internacional, que en el Ecuador ha vuelto la persecución política selectiva, en contra del periodismo investigativo, por decir la verdad, lo que significa una clara y flagrante vulneración de derechos humanos.

 

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