jueves, septiembre 16, 2021
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El Estado y sus autoridades son responsables de los delitos de lesa humanidad en paro de octubre 2019, concluye Comisión de la Verdad

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“El Gobierno, a través de sus ministras y ministros, justificó actos reprochables contra las y los manifestantes”.

La Comisión Especial para la Verdad y Justicia presentó su informe sobre los hechos ocurridos entre el 3 y el 16 de octubre, en el marco del paro nacional, a la Defensoría del Pueblo y concluyó que existieron violaciones a los derechos de los manifestantes y delitos de lesa humanidad, cuyo responsable directo fue el Estado comandado por el Presidente de la República, Lenín Moreno, y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo.

La CEVJ recibió 519 testimonios durante su mandato. De este universo, 249 corresponderían a vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales en el contexto del paro nacional de octubre; 169 hombres y 80 mujeres.

Por lo tanto, en sus conclusiones, la CEVJ estableció que Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos de los manifestantes. También atentó contra la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia.

De la misma manera, documentó casos en los cuales se evidencia el uso excesivo de la fuerza.

“La CEVJ pudo establecer que las y los agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza en reiteradas ocasiones, conductas que, en el contexto nacional entre el 3 y el 16 de octubre, causaron serios, y en algunos casos irreversibles, daños a civiles”.

Por otra parte, evidenció que el Gobierno posicionó una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos y con una agenda desestabilizadora que desarrolló en el imaginario social la idea de que la democracia estaba bajo ataque.

“El Gobierno, a través de sus ministras y ministros, justificó actos reprochables contra las y los manifestantes, tales como el ataque a las zonas de paz en las instalaciones universitarias”, se lee en el informe.

 Ante todo esto, la Comisión de la Verdad y la Defensoría del Pueblo indicaron que remitirán toda la documentación, pruebas y testimonios a la Fiscalía General del Estado, con el fin de que se tomen las acciones pertinentes y se realicen las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Para concluir, la comisión recomienda al Estado, como medidas de reparación para las víctimas que fueron cercenadas partes de su cuerpo, que se les brinde de forma integral la atención médica pertinente y a largo plazo.

Fuente: Defensoría del Pueblo – CEVJ

 

 

 

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