domingo, noviembre 28, 2021
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El Estado no es transparente respecto a las cifras de muertes en las cárceles, según coordinadora jurídica de Inredh

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Hay un uso abusivo de la prisión preventiva y no existe una política de rehabilitación social, agregó

Pamela Chiriboga, coordinadora Jurídica de Inredh e integrante de la Alianza contra las Prisiones, resaltó que el Estado no es transparente con respecto a las cifras de muertos en cárceles registradas este año, pues aún no se conoce con certeza el número de víctimas de la última masacre en la Penitenciaria del Litoral, ocurrida a finales de septiembre.

“No había información, no sabemos que las 255 personas es el número correcto y solo denota la responsabilidad de un Estado fallido que ha perdido el control respecto a las cárceles. No hay concepto de rehabilitación, se quedó en la teoría”.

A criterio de la jurista los últimos diez años han sido los que menos ha invertido el Gobierno en el sistema carcelario, razón por la cual no ha existido una medida efectiva para la rehabilitación: “Y estas son las consecuencias”.

Resaltó que anterior al Gobierno de Lenín Moreno, se conocía que el responsable de la política pública era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero hoy en día tras la decisión de eliminar algunas instituciones todo se ha reducido a un Servicio Nacional que se supone aglutina a un conjunto de entidades, mismas que se deslindan de responsabilidades.

“Recientemente la Secretaría de Derechos Humanos se deslindó del tema, ahora nadie tiene que ver, nadie se hace responsable de las masacres”.

Recordó que durante años la Secretaría de Derechos Humanos ha salido a puntualizar que no tiene responsabilidad en sistema carcelario, sin embargo su titular Bernarda Ordóñez ya fue nombrada como responsable de rehabilitación.

Chiriboga detalló que la crisis carcelaria empieza con el uso abusivo de prisión preventiva, pues de 38.800 privados de libertad, casi 15 mil están en prisión preventiva, algunos sin sentencia condenatoria, de lo cual, dijo, son responsables la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura: “Esto demuestra el uso abusivo de la figura legal”.

“Las personas fallecidas en las masacres son que estaban en prisión preventiva, otros cumplían apenas 8 meses de condena o que incluso hubo algunos que ya debieron salir”.

Criticó el espacio penitenciario, el cual, aseveró, tiene cero condiciones dignas de supervivencia y a ello se suma al hecho de no recibir comida por parte del SNAI: “Además la comida tiene azufre en pequeñas cantidades para evitar la líbido sexual. Es una mala gestión, la comida llega fría y no hay diferenciación en quienes necesitan dietas por alguna enfermedad”.

Reprochó el accionar de las instituciones frente a la última masacre, pues no había lista de las personas que estaban en el pabellón donde se registró la masacre y por tanto los familiares no tenían manera de identificar a los suyos.

 

 

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