domingo, septiembre 25, 2022
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El Ejecutivo no puede decidir si Jorge Glas sale o no de la cárcel, asegura Hernán Ulloa, presidente del CPCCS

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Ulloa advierte que todo funcionario público está obligado a acatar fallos judiciales, caso contrario puede ser destituido.

Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), destacó que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es clara y estabece que todo funcionario público está sometido a control constitucional, lo contrario acarrea hasta la destitución.

El funcionario aclaró este aspecto a propósito de la decisión de la Asamblea Nacional de posesionar a Raúl González como Superintendente de Bancos pese a la acción de protección emitida por la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, que anuló la resolución del CPCCS.

Manifestó que el pasado 10 de julio, cuando González fue designado Superintendente, él votó en contra y hubo dos abstenciones, sin embargo hubo una decisión de mayoría, por lo que se firmó la acción correspondiente para el debido trámite en el Legislativo.

“Pero se da el incidente y cuando se presenta una acción de protección que viene con una medida cautelar aceptada, las cosas cambian”.

Indicó que no se puede hablar de intromisión del sistema judicial, pues se trata de un control constitucional que más allá de estar o no de acuerdo se debe cumplir: “Es en la apelación dentro de la Corte Provincial donde se tomará la decisión definitiva”.

Aseguró que junto al equipo jurídico del Consejo solicitó la revocatoria de medidas cautelares, pero quien debe poner candados, controles y reglas claras para que no se afecte a las funciones del Estado es la Corte Constitucional.

Caso Jorge Glas

En la lógica de que cualquier funcionario público puede ser destituido en caso de no acatar una orden judicial, se consultó a Ulloa su opinión jurídica sobre el caso del exvicepresidente, Jorge Glas, a quien el Gobierno no respetó un habeas corpus, otorgado por un juez competente.

Consideró que se trata de un tema político-jurídico, sobre el que desconoce detalles a profundidad. Sin embargo, aseguró que ahí el Ejecutivo no puede decir si sale o no de la cárcel ya que eso le corresponde a otras instituciones.

“No puedo emitir juicios de valor en contra de otras autoridades porque vamos a incendiar a Ecuador cuando el país necesita diálogo”, dijo.

Aseveró que cada quien asume y es responsable de sus actos, y reiteró que la norma apunta la obligación de cumplir garantías jurisdiccionales le guste o no, a los funcionarios públicos: “Sino se establece la destitución por incumplimiento, ahí no se excusan asambleístas o consejeros, cada quien es responsable de sus decisiones”.

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