sábado, julio 24, 2021
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Disidencias en resistencia: la lucha por la dignidad de personas LGBTIQ+ en Ecuador

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El guardia solo vio un acercamiento y nos vino a decir que no podíamos tener ese tipo de conducta.

Luego nos dijo que nos tenía que botar del parque si es que seguíamos haciendo eso. Y si no le hacíamos caso iba a llamar a la Policía.

Aunque no existe legislación vigente que prohíbe las expresiones de afecto en espacios públicos, persiste una violencia simbólica enraizada y normalizada frente a la homosexualidad: censurarla, prohibirla y condenarla. Al conmemorar otro año del Día del Orgullo LGBTIQ+ a nivel internacional, las diversidades sexo-genéricas en el país aún enfrentan casos de abuso y discriminación en el espacio público y privado, en la salud y en la educación.

Fuimos a practicar Yoga en el parque Los Ceibos (Guayaquil). Antes de empezar, estábamos conversando. Lo que pasó fue que nos dimos un beso esquimal, un roce entre narices- contó Karin Iturralde.

Al observarlas, el guardia de seguridad del Parque se acercó a Karin y a su pareja, Anllel Tanusguillen, y pidió que se retiren.

-El guardia se acercó y dijo que no podíamos hacer eso en el parque. Anllel le preguntó si era porque éramos mujeres y dijo que sí– recordó.

No era la primera vez que intentaban sacarlas de ese mismo parque. Días atrás, otro guardia también lo hizo. En ningún caso dejaron que eso pase. –Nos dijo que no nos podíamos besar y le dije que, en realidad, no nos estábamos besando. Ni siquiera se permitió ver, solo vio un acercamiento y nos vino a decir que no podíamos tener ese tipo de conducta– relató Iturralde.

¿A qué tipo de “conducta” se refería el guardia?

Lo ocurrido en Los Ceibos no es un caso aislado. La ternura de un beso, de un beso esquimal, esa bocanada de aire que forma un lazo inquebrantable, se convierte en un acto de resistencia a una política de control sobre los cuerpos y los afectos que lleva años en el Puerto principal.

Karin recuerda que en el Malecón 2000 había letreros que rezaban: “se guarda el derecho de admisión”. El ingreso, sobre todo, era prohibido para vendedores ambulantes, travestis y transexuales. Eso, hasta 2004.

Para el 2009, el entonces administrador del Malecón 2000, Fernando Delgado, dijo que los homosexuales o lesbianas también tienen libertad para ingresar, “pero si se los encuentra alterando el orden público deben abandonar el sitio”. En ese tiempo, la seguridad privada del Malecón pitaba cada vez que alguien se besaba. El colectivo Pata Caliente realizó un performance “La lengua no se reserva el derecho de admisión”, en la que se convocó a todas las personas a participar de un “besatón”.

Anllel cuestiona que los espacios públicos, como parques y malecones, no son públicos. La policía de la moralidad, de hace 12 años, llegó a las nuevas administraciones y las políticas discriminatorias, aunque más sutiles, se mantienen, cobijados por una municipalidad excluyente.

Luego nos dijo que nos tenía que botar si es que seguíamos haciendo eso. Y si no les hacíamos caso iba a llamar a la policía. Le dijimos que no nos íbamos a ir. Se dio cuenta que no podía hacer nada y se fue– narró Anllel.

La denuncia la hicieron mediática y no en contra del guardia, explicó. –No queríamos que nadie pierda su trabajo, pero sí que sepan cómo mejorarlo. La idea es que se corra la voz de este problema estructural, de cómo funciona y la necesidad de cambiarlo– describió.

Para combatir los arcaicos carteles en los espacios públicos, Anllel y Karin trabajan en un oficio, junto a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, para solicitar que se coloquen vallas con la tipificación del artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona a quienes cometen actos de violencia física o psicológica de odio.

Que haya una política de tolerancia cero al acoso y que las guardianías sean capacitadas. Es generar consciencia para públicamente tener ese respaldo– agregó Anllel.

Las diversidades sexo-genéricas conviven con acercamientos hostiles a diario. –Nunca me habían botado de forma directa, esto me impactó. La única forma que no nos boten con la mirada es porque nos convertimos en objeto de morbo. Las lesbianas tenemos dos opciones: nos excluyen o nos incluyen a partir del morbo porque no hay esta aceptación de habitar el espacio, a menos que formemos parte del show, del disfrute– lamentaron.

Las miradas cargadas de prejuicio e indolencia, de moralidad y reproche, que impiden el pleno goce de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, se replican en otros espacios como la educación y la salud. En pleno siglo XXI aún hay familias que luchan por que sus hijos e hijas puedan vivir libremente con su género.

Como el caso de Tatiana, una adolescente trans, que desde los 13 años ha sufrido una sistemática discriminación por decidir ser diferente.

Yo soy una niña y siempre he querido ser una niña– le dijo Tatiana a su madre, Jeniffer Jaramillo, quien optó por el amor a su pequeña para enfrentar juntas una revolución.

En ese momento empecé a buscar información y decidimos empezar el proceso de hormonización, tras realizar varios exámenes con acompañamiento psicológico– narró Jaramillo. El alto costo de los estudios clínicos impide que muchas familias busquen un proceso regulado, controlado y legal, por lo que se ven obligadas a buscar tratamientos clandestinos.

Aparte de la dificultad para conseguir las inyecciones en Ecuador, los bloqueadores, como se los conoce, Jaramillo mencionó que tienen un costo mensual entre los $400 a $600 y son ocho dosis que se deben aplicar por ocho meses.

El entorno familiar no quería aceptar este tema. Me decían que estaba loca. Pero debía decidir:  apoyar a mi hija o tener una hija suicida porque apoyas a tu hija y la amas o simplemente vas a destruir su vida– dijo Jaramillo, orgullosa de la decisión que tomó y por lo que trabaja ahora desde el activismo para que los padres de adolescentes trans apoyen y, sobre todo, amen a sus hijos, hijas.

Jaramillo no acepta la indolencia y discriminación que vivió en el sector educativo. Uno de los momentos más dolorosos y desgastantes –contó- era ver cerrar las puertas de colegios de “prestigio” solo porque su hija era una adolescente trans.

En Guayaquil no pude matricularla en un colegio extensión de la ESPOL, pese a que pasó los exámenes con buenas calificaciones, no la aceptaron. El argumento de la directora fue: “qué van a decir los padres de familia”– relató Jaramillo y agregó –Luego, dio exámenes en otro Colegio y, al llamarla, veían que no concordaba su nombre con lo que ellos veían. Fue negada de cuatro colegios, todos privados-.

Finalmente logró inscribir a su hija donde no pedían exámenes de inscripción y no necesitaban asistir físicamente para ello. Jeniffer Jaramillo pagó todo el año adelantado de pensiones para asegurar el periodo escolar de su pequeña. –Cuando fuimos a ver los uniformes, el director de la escuela me dijo: usted matriculó a un niño y no una niña– contó.

Él intentó sacarla del colegio, en 2018, solo por ser una adolescente trans. “Los padres de familia qué van a decir”. Había utilizado el mismo discurso que el resto de planteles educativos. –Puso muchas trabas y me fui al Ministerio de Educación. Ellos pudieron ayudarme para hablar con el rector. Tuvimos que dar charlas a los docentes-, recordó.

Su proceso tuvo el respaldo de las autoridades de educación, luego del emblemático caso de Amada, una niña trans que logró cambiar su género a los 9 años y pudo escolarizarse con la implementación de una guía técnica.

Amada, la hija de Lorena Bonilla, recibió el rechazo y discriminación de 14 escuelas, públicas y privadas, de Quito. El cupo fue negado por ser una niña trans. Su caso se replica en muchas familias que, desde la Fundación Amor y Fortaleza, ayudan a sobrellevar el extenuante camino de encontrar un colegio para sus hijos.

La realidad de las familias que tienen niños trans es que han pasado por varias escuelas. En ninguna han sido bien recibidos porque no entienden a las personas trans. Esto, porque se tiene muy enraizado el binarismo. Por ejemplo, en las filas para formarse niños y niñas, dónde se forma el niño trans– puntualizó.

Bonilla, junto a otros padres, tuvo su primera victoria al crear los lineamientos para la Guía técnica para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional.

Aunque el documento no lo adoptó el Ministerio de Educación, lo hizo el Consejo Nacional de Igualdad de Género, sí pudo escolarizar a su hija, Amada, y todos los padres de niños y niñas trans también lo hicieron, pese a que en los colegios privados esta guía técnica gubernamental aún no se sobrepone al prejuicio y discriminación de sus autoridades.

Tatiana está por cumplir 18 años y podrá realizar el cambio de género y nombre en su cédula de identidad. La normativa que lo permite, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, entró en vigencia en 2016, pero no fue hasta abril de este año que se habilitó el trámite en todas las sedes del Registro Civil. Por seis años, personas trans tenían que viajar a cuatro ciudades, asumiendo todos los gastos que un viaje conlleva, para poder ejercer su derecho.

Para Jaramillo, esta Ley discrimina e invisibiliza a la niñez y adolescencia trans. –Han sido seis años de discriminación desde la misma Ley que no les permiten cambiar su nombre– lamentó.

En cada viaje o trámite que deben presentar sus documentos –contó molesta- es un constante atropello a su hija, al tener que explicar que es una adolescente trans. –Hace un año y medio, en dos ocasiones, agentes de la ATM me pararon y pidieron los documentos de las dos. Entrego la cédula masculina, obviamente, y me dijeron que me iban a multar porque estaba mintiendo– relató.

Un día, en el Aeropuerto de Guayaquil no las querían dejar abordar. –No nos creían que ella era una adolescente transgénero. Ella se enojó mucho y dijo: si quieren pueden ir al baño y verificar que tengo pene. Es chocante ver cómo la gente se asusta y rechaza. Ahora estoy con dilema que mi hija se graduará con nombres masculinos y tendré que hacer todo el trámite para cambiar sus documentos– agregó.

Amada está por cumplir 13 años. Tras ganar una lucha colectiva en el sistema educativo, Lorena Bonilla y su hija se enfrentan ahora al sistema de salud, que, al igual que la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad, invisibiliza a la niñez y adolescencia trans. –En 2019 le niegan los bloqueadores de la pubertad porque no existe un protocolo. Se ha creído erróneamente que las personas transgénero y transexuales por obra de magia, a partir de los 18 años, deciden ser trans– comentó.

El manual para la Atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex no toma en cuenta a los menores de edad. –Luego de realizar todos los estudios, los niños trans que han recibido los bloqueadores han reaccionado mucho mejor en su salud mental-.

Les expliqué que mi hija necesita los bloqueadores y me dijeron que no existe la normativa para que esto se haga. Finalmente existe un departamento de género e inclusión del MSP, donde me tuvieron dándome la vuelta y, hasta ahora, no me han dado una respuesta-.

Al Estado le resulta más barato entregar los bloqueadores -explicó Bonilla- que atender todas las secuelas: sesiones con psicólogos por intentos de suicidio e incluso atención de hasta 30 días en terapia intensiva de chicas trans que se inyectan biopolímeros.

Aunque Amada logró cambiar su nombre, el Registro Civil apeló esta decisión y reposa el caso en la Corte Constitucional, donde deberá resolverse de manera definitiva y, con ello, abrir la posibilidad de que cualquiera lo pueda hacer, a la edad que desee.

Es un gran desgaste físico y emocional enfrentarte al Estado ecuatoriano– contó Bonilla, al animar al resto de padres con niños, niñas y adolescentes trans a que tomen la posta por la lucha de sus derechos.

Derechos sistemáticamente vulnerados por el ausente Estado ecuatoriano. Pese a que la Constitución vigente establece que todas las personas tienen igualdad de derechos y nadie podrá ser discriminado por ningún motivo.

La discriminación que vivieron (y aún tienen vivir) Anllel, Karín, Amada y Tatiana reflejan la violenta realidad a la que se enfrenta, cada día, las personas lesbianas, gays, trans por su identidad de género y su orientación sexual.

En 2009, en el Torneo de Indorfútbol femenino, de la Liga Deportiva Barrial La Floresta, dos jugadoras se dieron un beso en público. Las habían filmado. Esto provocó que la Junta Extraordinaria de la Liga convoque a una sesión, donde hubo comentarios discriminatorios y machistas, que terminó con la resolución de expulsar a las dos jugadoras por un beso. Pese a que interpusieron una acción de protección, que ganaron en dos instancias, no hubo sanción a los directivos de la Liga Barrial, ni garantías para seguir participando. El grupo no pudo inscribirse en el torneo y se desintegraron.

En 2010, una pareja de lesbianas se enfrentó al Estado ecuatoriano, que no quería inscribir su unión de hecho en el Registro Civil. Ganaron la acción constitucional y se estableció, en la sentencia, que sí hubo un acto de discriminación y dieron paso a su unión de hecho.

En 2011, un hombre trans cambió su nombre, pero no cambiaron su sexo, de femenino a masculino. El juez de primera instancia reconoció un acto de discriminación y dispuso el cambio de sexo. Incluyó en su resolución que se evalúe la posibilidad de emitir una ley sobre transexualidad. Sin embargo, la Procuraduría del Estado y el Registro Civil apelaron en segunda instancia y obtuvieron la revocatoria de la primera sentencia. El caso se elevó a Corte Constitucional, donde aún reposa.

En 2012, una mujer lesbiana desapareció, luego de que sus familiares la internaron en una clínica clandestina para su “deshomosexualización”, tras descubrir que mantenía una relación con otra mujer. Aún la están buscando.

Estos son algunos casos que llegaron a instancias judiciales, que tuvieron el respaldo de la Defensoría del Pueblo y que se recogen en un compendio hecho por dicha institución sobre actos de discriminación por la identidad de género y orientación sexual.

En 2019, Runa Sanabria se enfrentó (aún lo hace) a la discriminación en la educación superior. “JusticiaTransUCE”, se lee en varios de los carteles que colocó en la cerca de la Universidad Central del Ecuador. Ahora, espera fecha para defender su tesis y recuerda esta última etapa como un proceso traumático.

En ese año egresó de la Facultad de Comunicación Social e inició con el trámite para que en su título ya no estén sus datos anteriores y conste su nombre actual, tras realizar el cambio en su cédula de identidad. -Me solicitaba algunos papeles con mi nombre actual, porque para ellos la cédula no era un documento válido. Me pidieron jurar ante un notario que soy la misma persona- criticó.

Prefirió no avanzar con el trámite y continuó con su tesis. Retomó el papeleo en enero de este año y la Facultad volvió a pedir los mismo requisitos y documentos. –Me pidieron también que realice un cambio de nombre de mi título de bachiller, que entregue un certificado del Registro Civil de que cambié de nombre, me pidieron hacer trámites externos e internos en cada departamento: en idiomas, informática, educación física, en el de prácticas y vinculación. En cada uno, debía hacer el mismo proceso para cambiar mis datos-.

Una persona trans debe atravesar, durante toda su vida estudiantil (escolar, secundaria y universitaria) la discriminación por la ausencia de protocolos. Y, si llega a un espacio público, como un parque, y se da un beso esquimal con su pareja, corre el riesgo de que sean echados.

Autoridades gubernamentales, en diversos espacios y medios, se vanaglorian de que mantienen una política (inexistente o en letra muerta) de tolerancia cero a la discriminación o al acoso, cuando, casos como el de Amada, Tatiana y Runa, develan que, en la realidad, las diversidades sexo-genéricas están sujetas a vivir la violación de sus derechos y libertades, no solo consagradas en la Constitución, también en tratados internacionales de derechos humanos, de los que Ecuador es signatario.

En febrero de este año, la Universidad Central perdió una acción de protección, que logró que se elabore, a través de su Instituto de Género, un nuevo protocolo, que se hizo efecto en marzo. En ese documento se establece que la persona que solicita este trámite solo debe enviar un documento al decano de la facultad para que ellos se encarguen del papeleo interno. Además, la Universidad debe conseguir todos los papeles internos.

Pese a que ya estaba vigente esta guía, los administrativos de la Facultad insistían en entorpecer el proceso. -Me he sentido discriminado desde el 2019 hasta ahora. La Universidad incluso llegó a llamarme para entregar papeles físicos, en plena pandemia, pero cuando llegaba con la gente de la Defensoría del Pueblo en la entrada me decían que me vaya, que no había nadie. No me avisaban nada, incluso la secretaria me culpó y llegó a decir era yo quien no me acercaba-.

Runa Sanabria es firme con sus luchas. No duda en levantar la voz cuando existe una vulneración a los derechos. Lo publica en su cuenta twitter. Aunque, desde la Universidad no respondían sus correos, sí veían sus tuits cuando él expresaba su rechazo a su gestión. –Ahí me escribían a decir por qué pusiste esto-.

Ahora, lucha por realizar cambios del protocolo vigente en un trabajo en conjunto con la Asociación Femenina Universitaria (AFU) para llenar algunos vacíos y que las personas trans, de futuras generaciones, no tengan que atravesar por el tormento que vivió Runa.

En el mes del Orgullo, propone dejar el discurso gay e incluir a todas las diversidades. -Mucho tiempo nos dijeron que la política pública debe ser gay, basarse en el matrimonio igualitario, cuando se debe reconocer que hay problemas estructurales que afectan a la salud, educación, empleo, vivienda-.

Consideran que hay derechos fundamentales que se deben reconocer y que la política pública, en sus palabras: -debe también reparar la mi***da hecha por el Estado, como con las compañeras Cocinelle. No pedimos un favor a nadie, solo reclamamos que nos traten como seres humanos. Aunque tome tanto tiempo, vamos a botar este patriarcado-.

A pocos días de asumir como secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez anunció la creación de una política pública para las diversidades. Pichincha Universal solicitó una entrevista con la funcionaria para conocer con más detalle sobre esa política, pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta.

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