domingo, mayo 22, 2022
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Desde hace cinco años no puede instalarse la audiencia de juzgamiento de crimen de lesa humanidad

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Susana Cajas, víctima y acusadora de este delito, cuestiona la actuación de la justicia.

Punto Noticias. Hace siete años, el 1 de octubre de 2013, inició el proceso penal por crímenes de lesa humanidad, en contra de exmilitares y expolicías, producto del informe de la Comisión de la Verdad sobre los delitos de violación de derechos humanos, ocurridos desde 1984 hasta 2008.

Susana Cajas, exintegrante del grupo Alfaro Vive Carajo, fue víctima de violación de derechos humanos, durante el gobierno de León Febres Cordero, y es acusadora en el primer juicio de lesa humanidad en Ecuador.

Contó que son tres los acusadores: ella, Francisco Jarrín y Luis Vaca. Hace cinco años se realizó el llamamiento a la audiencia de juzgamiento y por cinco ocasiones no se pudo concretar la diligencia.

Para este jueves 18 de febrero de 2021 estaba previsto que se cumpla la audiencia, pero tampoco se pudo instalar, por una serie de “casualidades”, según advirtió Calle.

Cuestionó que la Corte de Justicia siempre fije la fecha de la audiencia en días que se sabe no se podrá reunir; por ejemplo, un 23 de diciembre (Navidad), un día después de elecciones, y ahora a 10 días de que fueron cambiados los jueces.

Susana expresó su protesta porque la violación a los derechos humanos se mantiene en la impunidad, desde hace 35 años.

Debido al tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos, los acusados son siete militares, en este momento, de los 11 originales, de los cuales fallecieron tres. Los testigos claves, por su avanzada edad, ya no pueden rendir sus testimonios. Uno de los acusadores está en una situación de salud muy complicada, reclamó.

Advirtió que por todas estas situaciones, el juicio corre el riesgo de quedarse sin pruebas del cometimiento de los crímenes de lesa humanidad, por lo que dijo que le preocupa que la justicia esté actuando de esta manera.

A criterio de Cajas, la administración de justicia no actúa con la celeridad que debería hacerlo, como sí lo hace en otros casos, para evitar que estos delitos queden sin sanción.

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