viernes, julio 1, 2022
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Defensoría del Pueblo insta al gobierno de Lasso a revisar la política pública de rehabilitación social

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También, demanda que el Ejecutivo asigne el presupuesto necesario para atender las necesidades del sistema carcelario.

Punto Noticias. En oficio dirigido al presidente de la República, Guillermo Lasso, el defensor del Pueblo (e), César Córdova, expone la preocupación de la institución nacional de derechos humanos del Ecuador sobre la crisis penitenciaria.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador exhorta al mandatario, al amparo del artículo 215, numeral 4, de la Constitución, conforme establece el artículo 141 de la Constitución de la República, a que cumpla los siguientes puntos:

  1. La designación urgente del presidente del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, ya que es fundamental que se convoquen a las reuniones periódicas del referido cuerpo colegiado, a fin de tratar las problemáticas que aquejan al SNRS, además de las situaciones coyunturales como lo sucedido en el Centro de Rehabilitación Social Guayaquil No. 1 (Penitenciaría del Litoral.
  2. A una urgente atención y fortalecimiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, así como a los problemas derivados del hacinamiento y violencia en los centros, asignando el presupuesto necesario a través del Ministerio de Finanzas, que permita viabilizar la contratación del personal técnico multidisciplinario suficiente, el mantenimiento y adquisición de los equipos electrónicos de seguridad necesarios para realizar un adecuado control del ingreso de objetos prohibidos al centro.
  3. A través del OTNSRS, se solicite la revisión de la política pública del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, con la finalidad de que ésta sea integral, que permita realizar planes, programas y proyectos de manera programada; que exista una participación en la formulación de esta, no solo de las instituciones parte del referido cuerpo colegiado, sino de otras que tienen conexión relevante sobre la temática, así como participación de la sociedad civil y de la academia.
  4. Promover de manera urgente la intervención dirigida a precautelar el derecho a la vida e integridad de todas las personas en los centros de privación de libertad y se preste de manera oportuna la garantía de tales derechos a los adolescentes y mujeres privadas de libertad, cuyas condiciones las exponen a situaciones de múltiple vulnerabilidad.
  5. Ante la escalada de violencia e inseguridad que se vive, no solo al interior de los centros, sino también en las diferentes ciudades, promueva la implementación de una política criminal y de prevención del delito, caso contrario el incremento del índice de delitos, hacinamiento y víctimas será constante.

La Defensoría del Pueblo deplora que, en lo que va del año 2021, la crisis carcelaria en el Ecuador ha tenido una escalada de violencia sin precedentes, la cual se ha visto en aumento, sobre todo desde el año 2019, en el que, por los índices de violencia observados al interior de los centros, el gobierno de ese entonces declaró la emergencia del sistema penitenciario y estableció el estado de excepción, cuyo fin era de retomar la seguridad de los centros. No obstante, las medidas tomadas en los estados de excepción 741, de 16 de mayo de 2019; 754, de 27 de mayo de 2019; 1125, de 19 de agosto de 2020; 1169, de 10 de octubre de 2020, no han cumplido con su cometido, pues, desde inicios de 2021, se han venido verificando varios amotinamientos al interior de los centros penitenciarios, a nivel nacional, observándose con una mayor complejidad los centros regionales, especialmente aquellos ubicados en la ciudad de Guayaquil.

La escalada de violencia vivida durante 2020 en los centros de privación de libertad se ha visto exacerbada en lo que va de 2021, donde la tónica de enfrentamientos entre bandas delictivas ha sido sostenida en el tiempo y en distintos centros a nivel nacional, según la información obtenida desde el SNAI y a través de los medios de prensa a nivel nacional, sostiene la DPE.

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