viernes, julio 1, 2022
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Cuatro policías en servicio activo son procesados por privación ilegal de la libertad y tortura

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Los uniformados podrían recibir de 15 a 20 años de prisión por tortura y detención ilegal

La Fiscalía General del Estado anunció que hoy, 9 de febrero del 2022, concluyó el primer día de la audiencia de juicio por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad y tortura en el denominado caso Lazjama. Se prevé que la reinstalación de la diligencia se realice en el transcurso de los siguientes días.

El proceso se desarrolla en contra de cuatro policías en servicio activo por presunta tortura, en contra de Víctor L. J., el 27 de enero de 2015. Este supuesto delito se habría llevado a cabo en las instalaciones de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en los suburbios de Guayaquil.

La víctima, que en ese entonces trabajaba para una cevichería, fue abordado por los policías Geovanny Alexandro M. V. y Washington Daniel V. V., mientras se encontraba rumbo a una cancha de futbol. El hombre fue acusado de micro tráfico y de consumo de estupefacientes, por lo que fue detenido y puesto a órdenes del capitán Lenin David P. U., quien habría iniciado con el interrogatorio.

Sin embargo, al no aceptar los cargos, el detenido fue golpeado en el cuello con un tolete y en sus brazos y piernas con los puños, señaló la Fiscalía durante la exposición del dictamen acusatorio.

La tortura según lo señaló la víctima, se prolongó y posteriormente se emplearon descargas eléctricas que terminaron por dejarlo inconsciente.

Dichas agresiones terminaron cuando dos policías subalternos ingresaron a la sala e identificaron a la víctima como un trabajador de una cevichería que ellos frecuentaban.

Todos estos detalles fueron presentados durante la audiencia preparatoria de juicio que se llevó a cabo en el 2020, donde el fiscal de Derechos Humanos, Ángel Cujilema Daga, detalló los 85 elementos de convicción que sustentaron su dictamen acusatorio en contra de los cuatro policías. En medio de este proceso, la Fiscalía señaló a Geovanny M., sargento segundo, y Washington V., cabo segundo (al tiempo de los hechos), como presuntos responsables de la privación ilegal de libertad.

Ahora se prevé que el juez ponente del Tribunal de Garantías Penales, Darwing Valencia, analice las pruebas presentadas por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa de los cuatro procesados y los juzgue según los artículos 151 y 160 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde los acusados podrían enfrentar de diez a trece años de cárcel por el delito de tortura con agravante, y de tres a cinco años por la detención ilegal.

Estos indicios probatorios recopilan informes periciales, testimonios y prueba documental, además de los testimonios de alrededor de 20 testigos que deberán ser tomados en cuenta para decidir el futuro de los acusados, quienes actualmente cuentan con medidas sustitutivas a la prisión preventiva como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente.

Redacción: Ángel Cóndor

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