miércoles, septiembre 28, 2022
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Crisis legal por la designación del Superintendente de Bancos

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El jurista Joffre Campaña culpa al ahora secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, por ser el principal detractor de Raúl González. Mientras, en el Cpccs se piensa dar paso a la nueva terna y en la Asamblea prefieren un amicus curiae. 

Punto Noticias.- Continúa la pugna entre cuatro funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial y de Transparencia y Control Social) por saber quién ocupará la Superintendencia de Bancos.

Para el jurista Joffre Campaña esta situación es preocupante porque se debe definir entre dos escenarios.

El primero que debe analizarse es el de la acción de protección que anuló la designación y por ende la posesión en la Asamblea Nacional de Raúl González como superintendente de Bancos, luego que fue elegido de una terna enviada por el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Sin embargo, con el fallo se pidió  al Consejo que le requiriera al Gobierno una nueva terna, la cual fue integrada por Roberto Romero von Buchwald a la cabeza, seguido por Rosa María Herrera y Andrés Felipe Cabezas-Klaere.

El segundo es que un juez de San Jacinto de Yaguachi emitió una medida de protección provisional a favor de Diego Trujillo, a través de la cual ordenó a la Asamblea que de manera inmediata posesione a González como nuevo superintendente de Bancos. Pero, además, obligó al Consejo de Participación a que se abstenga de conocer la nueva terna que fue entregada el pasado 6 de agosto por el Ejecutivo. La diligencia judicial en este caso se realizará el próximo jueves 18 de agosto, a las 15:30.

A esto se suma que el presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, anunció que se revisará la nueva terna enviada por el mandatario para designar al superintendente, a pesar de existir una medida cautelar para posesionar a González. Con ello, reconoció la resolución de la jueza de la Unidad Judicial de Samborondón, Larissa Ibarra.

Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, indicó que presentará un recurso de amicus curiae frente a la resolución de la jueza Ibarra que anuló la designación de González como nuevo superintendente y la nueva medida cautelar planteada por el juez de Yaguachi.

Con esta serie de elementos en discusión, Campaña dijo que hay contradicciones que hacen que al final se incumplan ambas porque si los funcionarios las ejecutan están en peligro de ser destituidos.

Comentó que el siguiente paso es la apelación por cada una de las acciones legales admitidas. Los dos casos pasarán dijo a la Corte Provincial y en dos salas distintas se tomarán decisiones que incluso pueden ser contradictorias. Solo ahí, aclaró, llegará el trámite hasta la Corte Constitucional y puede tomar meses o más de un año.

Es en este punto en el que viene el conflicto porque se mantendrá en encargo a la Superintendencia de Bancos o quedará en una acefalía.

¿A quién le conviene? Hay que recordar que el presidente Guillermo Lasso tiene intereses en la banca, al estar asociado con el Banco de Guayaquil y la persona que esté al frente de la Superintendencia de Bancos tiene como responsabilidad el manejo y control -justamente- del sistema financiero.

El jurista manifestó que esto es una muestra que el país se le va de las manos al Gobierno, sobre todo, por estar mal asesorado.

Expresó que primero manda una terna que se supone fue revisada y luego se dan cuenta que el seleccionado es afín al correísmo y ahora se busca elegir nuevamente.

Campaña culpó directamente a los asesores ad honorem del Gobierno por hacerle a Lasso equivocarse, sobre todo, a Diego Ordóñez, quien pasa de consejero presidencial a secretario de Seguridad.

El abogado mencionó que esas malas actuaciones recaen en un caos institucional que da vergüenza.

“Se usa a la Función Judicial para imponerse o viabilizar designaciones. Están contaminando un proceso de designación de funcionarios importantísimo para el país. En el Ecuador la justicia constitucional ha sido reducida a un peloteo de barrio. Quién permite esto es Ordóñez, uno de los principales detractores del superintendente y ha justificado que no se lo designe”, sostuvo.

Añadió que un país con un sistema judicial corrupto no ofrece seguridad para nada y está condenado al fracaso.

Por eso para él, lo mejor es la muerte cruzada y que se vayan todos.

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