jueves, octubre 21, 2021
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Crisis Carcelaria: casi el 40% de PPL no tienen sentencia, están hacinados y sin guías

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El director del SNAI alertó también que no existe una ley de la rehabilitación social y hay 5.000 expedientes de beneficios penitenciarios represados.

Punto Noticias. El director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Bolívar Garzón, detalló varios factores que también inciden en la crisis carcelaria que ha dejado, solo en septiembre, el asesinato de 119 reos.

En su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Nacional, este 7 de octubre de 2021, el funcionario informó que el sistema penitenciario está compuesto por 36 infraestructuras físicas para acoger personas privadas de la libertad, adultas, y 20 para adolescentes infractores.

El universo penitenciario es de 38.186 personas privadas de la libertad: 35.707 son hombres, 2.479 mujeres y 313 adolescentes.

-Privados de la libertad por apremio: 544

-Por delitos: 37.100

-Por contravenciones: 542

De este universo, apenas 22.297 tienen sentencia, que representan un 60,1%, mientras que 14.803, que es casi el 40%, son procesados sin sentencia.

La capacidad instalada nivel nacional es para 30.196 PPL, por lo que existe un 26,46% de hacinamiento en el sistema penitenciario. Pero cada Centro tiene su realidad. Por ejemplo, en la cárcel #1 del Guayas 1 hay un hacinamiento del 61.20. Aquí, la mayoría de son procesados y aún no tienen sentencia.

Para el control de los casi 39.000 presos, el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria es un total de 1.654 personas en todo el país. Por ello, Garzón alertó que cada guía tiene en su control a 110 PPL, cuando la norma internacional dice que debe ser máximo 20 o 30 personas.

Además, criticó que en el país solo 14 jueces tramitan los beneficios penitenciarios. “Conozco que existen 5.000 expediente represados que no se dan trámite. Como SNAI gestionamos, pero quien otorga el beneficio son los jueces”, informó.

Por último, suplicó a la Asamblea Nacional su ayuda porque no existe una Ley de rehabilitación social y solo cuentan con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se refiere a la parte punitiva y no a la rehabilitación.

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