viernes, enero 21, 2022
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Corte declara la constitucionalidad de la renovación del estado de excepción por inseguridad

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Dispuso que, una vez terminados los 30 días, el Presidente emita un informe con las medidas que se adoptarán a corto, mediano y largo plazo para fortalecer la seguridad.

Punto Noticias. El Pleno de la Corte Constitucional resolvió declarar la constitucionalidad de la renovación por 30 días del estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos.

La Corte ratificó el contenido del dictamen N° 6-21-EE/21 de 03 de noviembre de 2021, con respecto a la constitucionalidad de las medidas adoptadas en el marco de la renovación del estado de excepción.

Señalan que la medida de movilización de las Fuerzas Armadas se restringirá a los operativos en los que cumplan exclusivamente funciones complementarias a las de la Policía Nacional, siempre que se encuentre suficientemente justificada su intervención y esta respete el principio de proporcionalidad.

Esta Corte, además aclaró que, aun cuando no se haya dispuesto la suspensión o limitación de algún derecho constitucional la Corte Constitucional se encuentra plenamente facultada para ejercer el control automático y posterior de los estados de excepción, a efectos de dictaminar la constitucionalidad formal y material, tanto de la declaratoria como de las “medidas” que se adopten con fundamento del mismo.

Además, dispuso que el Presidente Guillermo Lasso, una vez que concluya el período de vigencia del estado de excepción, remita a la Corte Constitucional el informe, que contendrá contener las medidas concretas adoptadas para superar la crisis por el desbordamiento de los actos delictivos y las medidas que se adoptarán a corto, mediano y largo plazo, a efectos de fortalecer el sistema de seguridad interna del Estado.

Finalmente, recalcó que es un deber del Estado articular y adoptar las medidas oportunas y eficaces, previstas en el régimen ordinario, a efectos de superar las barreras estructurales que ocasionan los graves problemas del incremento en la actividad delincuencial.

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