domingo, agosto 7, 2022
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Contraloría recolecta documentación que se extravió durante los hechos de octubre

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Las personas que han sido notificadas deberán entregar los papeles en un plazo de 30 días, el cual empezó a correr desde el 19 de marzo.

Punto Noticias.- La Contraloría General del Estado dio un plazo de 30 días para que los funcionarios públicos o privados que hayan sido notificados con una predeterminación de responsabilidades civiles o administrativas reintegren a la entidad los documentos con los que contestaron a dichas predeterminaciones.

Esta medida, adoptada por resolución, es parte del reglamento titulado “Reposición de documentos correspondientes a expedientes administrativos de predeterminaciones y resoluciones de sanciones administrativas y/o civiles”, que fue elaborado por la Contraloría, luego de que sus instalaciones en Quito fueron quemadas durante las protestas de octubre de 2019.

Las áreas afectadas por el incendio y de donde se perdieron documentos son las de Documentación y Archivo, Secretaría General, Cauciones, Predeterminación, Responsabilidades y Revisión.

De esta forma, se solicita que aquellas personas que han contestado las predeterminaciones o presentaron reconsideraciones o recursos de revisión de las resoluciones expedidas antes del 7 de octubre de 2019, repongan una copia auténtica de los documentos y sus anexos, dentro del plazo determinado por la institución.

Pero se aclara que esa documentación deberá ser íntegra y legible, pues no se recibirán aquellos documentos que estén en mal estado, debido a que serán incorporados al expediente administrativo.

El plazo empezó a correr el 19 de marzo pasado, cuando se publicó el reglamento en el Registro Oficial.

En tanto, por los daños causados al edificio de la Contraloría, el pasado 2 de marzo, la jueza penal Ana Guerrón declaró la nulidad de lo actuado durante la instrucción fiscal a partir del impulso fiscal del 5 de diciembre de 2019.

En este caso, la Fiscalía acusó a 27 personas de haber cometido los delitos de sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros.

Fuente: El Universo, redes sociales

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