viernes, julio 1, 2022
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Consejo de Derecho de Quito rechaza el recorte del presupuestario para becas universitarias

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El organismo insta a la Asamblea Nacional para que fiscalice las decisiones que pongan en riesgo el desarrollo estratégico del país y la garantía de derechos.

Punto Noticias. El Consejo de Protección de Derechos del Municipio de Quito rechaza el recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno a las universidades para la asignación de becas a estudiantes. “Esta decisión violenta la norma constitucional y compromete el derecho a la educación superior de miles de estudiantes, principalmente de los sectores más empobrecidos”, reclaman en un comunicado.

El organismo exhorta al Estado a cumplir con su rol como garante de derechos, a respetar y asumir lo estipulado en los acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador; así como lo contemplado en la Constitución y demás normas nacionales que protegen y precautelan el derecho a la educación.

Consideran que reducir o eliminar los recursos que se asignan a las Universidades para que estas otorguen becas a sus estudiantes de escasos recursos es violar los acuerdos internacionales suscritos por el país en cuanto a educación superior; también es atentar contra los postulados constitucionales del Ecuador y condena a millones de ecuatorianas y ecuatorianos a perpetuar el ciclo de la pobreza y exclusión.

Por lo que exigen al Gobierno del Presidente Guillermo Lasso encausar sus propuestas programáticas en consonancia con la Constitución y la realidad socio económica de las familias ecuatorianas.

Además, insta a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) a tomar las medidas correctivas pertinentes para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas, plataformas y todos los instrumentos tecnológicos diseñados para que las y los jóvenes del país puedan prepararse adecuadamente de cara al ingreso a la educación superior, sin menoscabar sus derechos constitucionales.

El Consejo también llama a la Asamblea Nacional para que fiscalice las decisiones que pongan en riesgo el desarrollo estratégico del país y la garantía de derechos.

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