miércoles, enero 26, 2022
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Conaie confirma muerte de Víctor Guaillas, defensor del agua, acusado de sabotaje por el paro de 2019

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El dirigente es uno de los fallecidos en la Penitenciaría, por lo que la organización acusará al Estado del delito de lesa humanidad.

Punto Noticias.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) confirmó la muerte de Víctor Guaillas, defensor del agua y los páramos, como una de las víctimas de la masacre en la Penitenciaria del Litoral.

En un comunicado, la dirigencia indígena calificó a Guaillas como un inocente privado de su libertad que fue impedido de defenderse en libertad a pedido de la Fiscalía.

Por eso los indígenas exigen justicia y señalaron que la muerte del campesino oriundo de la comunidad San Pedro de Yumate en Molleturo, provincia del Azuay, es un caso de crimen de Estado.

Guaillas no tenía sentencia en firme y esperaba la audiencia de apelación prevista para el 4 de enero de 2022.

Según la Conaie, el campesino acusado de sabotaje fue sentenciado injustamente a 5 años de prisión en octubre 2020. En este caso, la Fiscalía tomó en cuenta solamente los testimonios de los policías y no presentó ninguna prueba material.

Era padre de 11 hijos (6 menores de edad), un luchador social criminalizado y detenido de manera ilegal y arbitraria el 7 de octubre de 2019. Desde esa fecha su salud física y mental se deterioró y sufrió violencia sistemática dentro de la cárcel.

La organización indígena comentó que hubo una vulneración de derechos y que incluso los organismos de DD.HH. presentaron insistentemente acciones de habeas corpus que fueron negadas, así como una acción extraordinaria de protección.

La Conaie señaló que era una persona inocente que ejerció su legítimo derecho a la protesta social y que en el paro de 2019 fue privado de su libertad injustamente para finalmente ser asesinado.

Debido a su discapacidad auditiva y a su precaria condición socioeconómica, el dirigente esperaba una amnistía en la Asamblea Nacional.

Para la dirigencia indígena esta muerte, como la de los más de 300 privados de la libertad, constituye un delito de lesa humanidad, pues es responsabilidad del Estado y de las autoridades del Gobierno el velar por la vida e integridad de estas personas, sobre todo, de quienes están sin sentencia o son víctimas del abuso de la prisión preventiva, delitos menores, pobreza y perseguidos políticos.

Con este antecedente, condenaron la incapacidad, inoperancia e irresponsabilidad de las autoridades que no frenaron a tiempo la masacre.

“Exigiremos verdad, justicia y reparación para este y todos los casos similares de nuestros compañeros y compañeras detenidos, mutilados, asesinados en el contexto del paro de octubre de 2019, y ahora víctimas de persecución judicial frente a un caduco sistema de justicia. Varios líderes sociales continúan enfrentando procesos judiciales en los cuales el poder político ejerce presión sobre jueces y fiscales para conseguir sentencias con la intención de crear precedentes disciplinarios”, señalaron.

Precisaron que son ejecuciones extrajudiciales en un sistema penitenciario diseñado para los más pobres y oprimidos.

Se solidarizaron con los familiares del dirigente y ratificaron su lucha por la defensa de la vida frente a la amenaza del extractivismo radicalizado por las políticas del presidente Guillermo Lasso y las empresas transnacionales.

Fuente: Conaie

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