martes, diciembre 7, 2021
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Con un plantón, familiares de personas desaparecidas exigen justicia al Estado

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Critican que luego de más de 260 días aún no se publica el Reglamento para la aplicación de la Ley de Desaparecidos, aprobada en octubre del año anterior.

Punto Noticias. Los familiares de las personas desaparecidas no han dejado de buscar respuestas y justicia en medio de la pandemia del COVID-19. Hoy, en una nueva jornada de protesta, exigen al Estado que actúe de manera diligente en la búsqueda y localización de sus seres queridos.

 

En la protesta de este miércoles 28 de octubre los rostros de quienes están desaparecidos cubren la acera en la Plaza Grande. Algunos no han sido encontrados desde hace muchos años, otros desaparecieron durante la pandemia. Con su megáfono, Lidia Rueda, representante de ASFADEC, levanta la voz por ellos y pide verdad y justicia a un Estado ausente en su lucha diaria de encontrar a sus familiares.

Además, expresan su preocupación por la construcción del Reglamento a la Ley de Desaparecidos, que luego de un año de haberse aprobado, aún no puede aplicarse.

Desde la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) alertan que se ha negado el derecho a la participación de la sociedad civil en la construcción de este Reglamento.

En la primera disposición transitoria de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, publicada el 28 de enero de 2020, se señaló que, dentro del plazo máximo de 120 días, a partir de su publicación en el Registro Oficial, el Presidente de la República emitirá el Reglamento General de aplicación a esta Ley.

Son más de 260 días y no se ha emitido el documento, ni el resto de protocolos y directrices cuyos plazos también vencieron.

Los familiares reclaman que la pandemia por el COVID-19 no es justificativo para el incumplimiento de una Ley. Más aún, cuando sus seres queridos siguen desaparecidos por que no hubo una investigación ágil y efectiva, o se entorpecieron procesos por incompetencia de funcionarios públicos.

Los familiares han intentado mantener una reunión con las autoridades a cargo de la elaboración del Reglamento, pero solo han recibido negativas. El último intento fue con la Secretaría Jurídica de la Presidencia. “De esta manera, una vez más palpamos en carne propia la violencia institucionalizada desde el Estado”, señalan los afectados.

Fuente: INREDH, ASFADEC

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