viernes, septiembre 30, 2022
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Colegio privado en Quito despidió a sicólogos que no aplicaron el protocolo en casos de violencia sexual a menores

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“Con esto demostramos que mi hija no mentía”, así reaccionó la madre que viralizó el caso en redes sociales. La defensora de los derechos de la infancia, Sybel Martínez, considera que la menor debería recibir una disculpa pública.

Punto Noticias.-  El 26 de agosto, en horas de la tarde, la Unidad Educativa donde fue agredida sexualmente una menor de 9 años de edad, dio a conocer la decisión de “separar de sus cargos a quienes han sido mencionados en dichos medios”, en referencia a los funcionarios del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE),  acusados de no haber cumplido el protocolo y rutas de atención en casos de violencia sexual.

La madre de la menor reaccionó a esta medida con un video en la misma red social, donde la semana pasada dio a conocer el caso, y las reiteradas vulneraciones a los derechos de su hija.

“Con esto demostramos que mi pequeña no mentía, que si pasó”, fue lo que dijo, y agradeció a quienes le apoyaron a denunciar el hecho.

También hizo una fuerte crítica: “Vivimos en una sociedad, en la que la voz de una mujer tiene que ser validad por un hombre y la voz de un niño tiene que ser validada por un adulto para que tenga valor. Ya basta”.

Práctica abusiva entre pares

Para la abogada Sybel Martínez, del “Grupo Rescate Escolar”, en este caso, se debe tomar en consideración que existió una práctica abusiva entre pares. Es decir hay dos niños involucrados, que deben ser atendidos.

La madre relató que el menor, que a la fecha tenía 11 años, se acercó a su hija, le preguntó su edad y la amenazó con violarla.

Hasta los 12 años los niños y niñas son inimputables, es decir no son sujeto de denuncia. “No pongamos el acento en la sanción, sino en lo que estamos haciendo como adultos para prevenir este tipo de situaciones”, agrega Martínez.

 

Desde el 2014 al 2020 se registraron 3.593 hechos de violencia sexual dentro del sistema educativo, 1.336 de estos casos fueron entre pares.

“Esto nos obliga a pensar en qué mecanismos vamos a utilizar para proteger a los niños en las escuelas”, señala la especialista en derechos de la infancia; sugiere que frente a estos datos “desgarradores”, el Estado asuma la obligación ética y científica de brindar educación sexual integral.

Establecimiento educativo privado no cumplió el protocolo

Llama la atención cómo se actuó desde el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), pues en hechos de violencia, el procedimiento es:

  • Registrar el hecho de violencia y el DECE levanta un documento
  • La Directora debe remitir el documento al Distrito Educativo y si se trata de un delito a la Fiscalía
  • El Distrito debe valorar el tema y dictar medidas de protección.

En este caso, primero se enfrentó a los menores, y se trató de justificar el hecho. Se conoce que la madre del niño era parte del DECE, por lo que para Martínez, se entiende la forma de actuar sin técnica, para proteger o diluir el caso que debía ser denunciado.

El colegio asegura que denunció a la Junta de Protección de Derechos. Sin embargo, ese no es el protocolo que establece el Ministerio de Educación.

Tras las reformas a la LOEI, todos los establecimientos educativos tienen la obligación de implementar mecanismos de prevención, atención y reparación de toda forma de violencia, pero no pasa del papel, advierte la defensora de derechos de la infancia.

“Es un patrón conductual, se antepone la reputación y el buen nombre del colegio, vs la protección integral de los niños”.

Los padres deben exigir que se cumplan los protocolos y para eso deberían conocerlos. Todo hecho violento debe ser denunciado, sentencia.

En este caso, la reparación a la menor debería ser una disculpa pública. Tomando en cuenta que no hubo una respuesta efectiva, y la menor tuvo que salir del colegio.

Es precisamente esto lo que ocurre en la mayoría de los casos, donde las víctimas de todo tipo de violencia se ven obligadas a abandonar sus escuelas, vulnerando una vez más sus derechos.

El Ministerio de Educación dio a conocer que, del levantamiento de información realizado sobre este caso, se determinan irregularidades en la activación de los protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el Sistema Educativo.

Es decir, se iniciaría un proceso sancionatorio contra la Institución Educativa. Las sanciones son de carácter pecuniario, se informó desde la cartera de Educación.

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