sábado, junio 25, 2022
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CIDH sobre crisis carcelaria: Desarticulación del Ministerio de Justicia desmoronó el sistema de rehabilitación social

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El organismo señala que la institucionalidad del sistema carcelario se vería debilitada por la disminución presupuestaria desde el 2017.

Punto Noticias. El expresidente Lenín Moreno presumía, en todas sus intervenciones posibles, su política de “optimización del tamaño del Estado”. El Ministerio de Justicia fue una de las instituciones que desapareció para dar paso a dos instituciones menores. Hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye en su informe sobre la crisis carcelaria que el sistema de sistema de rehabilitación social no cuenta con una institucionalidad sólida por su desmantelamiento.

El organismo señala que la desarticulación del Ministerio de Justicia “desmoronó lo que existía dejando al SNAI como “un cascarón””.

La institucionalidad del sistema carcelario se vería debilitada por la disminución presupuestaria desde el 2017, falta de personal de custodia, reducción de personal técnico para asistir a la población penitenciaria en diversas áreas, y ante la ausencia de una política penitenciaria.

Por ello, concluye que la falta de institucionalidad ha facilitado la corrupción, la violencia entre grupos criminales en las cárceles, y la consecuente pérdida del control de los centros.

Con la eliminación del Ministerio, en 2018, se crearon dos entidades, la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI. “Este último, a cargo de la gestión penitenciaria, se constituye como un servicio, por lo que carece de rectoría y presencia territorial en comparación con un Ministerio”, explicó la CIDH, al precisar que el SNAI tampoco cuenta con planificación en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social ni emite la política pública en materia de rehabilitación.

Las autoridades estatales indicaron que con la desarticulación del Ministerio de Justicia, el fondo para la atención de hijos e hijas de personas privadas de libertad quedó en un limbo jurídico a partir de la emisión del Decreto Ejecutivo 560, que se recuperó con el decreto 216 y ahora se encuentra bajo el Ministerio de Inclusión Económica. Además, el Estado informó que la documentación del extinto Ministerio de Justicia se perdió, incluyendo planos de centros de detención, contratos, etcétera.

Asimismo, la Comisión fue informada sobre la falta de adopción de medidas para fortalecer el Mecanismo de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Por otra parte, no se cuenta con un registro adecuado de las personas privadas de libertad que contribuye a la crisis que se enfrentan en el ámbito penitenciario

La CIDH destacó que existe una “evidente inconsistencia” entre los objetivos de los planes propuestos por el actual Gobierno, dirigidos principalmente a reducir el hacinamiento carcelario, y los debates recientes de la política criminal en el país, que tienden al incremento y endurecimiento de penas intramurales.

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